EscucharLa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio a conocer 20 propuestas elaboradas por la Gerencia de Pensiones, las cuales buscan darle oxígeno financiero al sistema sin tener que aumentar la edad normal de retiro, ni crear nuevos impuestos.
De estas medidas, orientadas a mejorar la sostenibilidad financiera y operativa del régimen, se desglosan las siguientes:
- 10 propuestas cuantificables: orientadas a mejorar la sostenibilidad financiera del régimen.
- 5 propuestas estructurales: enfocadas en fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones.
- 5 propuestas administrativas: dirigidas a optimizar la gestión interna del IVM.
Para el planteamiento de estas medidas se conformó un equipo técnico interinstitucional en el que participaron especialistas de la CCSS, la Superintendencia de Pensiones (Supen), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la Defensoría de los Habitantes.
Las iniciativas escogidas salieron de una lista de 1.000 propuestas recibidas mediante consultas populares.
A partir de estos acuerdos aprobados este lunes, la Junta Directiva deberá instruir a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia de Pensiones para que lideren y gestionen las acciones necesarias para la instauración de una Mesa Técnica Nacional.
Este espacio, orientado al análisis y la toma de decisiones, deberá estar constituido a más tardar en octubre de este año.
El informe presentado reúne distintas alternativas técnicas que no constituyen decisiones institucionales per se, sino insumos para el análisis que se impulsará mediante dicha mesa.
Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, destacó la urgencia de implementar medidas estructurales en el IVM que permitan fortalecer su sostenibilidad en el corto plazo.
Para la jerarca, las reformas requieren un consenso nacional que permita atender la situación del fondo, dado que los desafíos son complejos y exigen el análisis conjunto de diversos sectores.
Por su parte, Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la CCSS, advirtió que Costa Rica está ante un punto de inflexión. El envejecimiento acelerado de la población y el menor crecimiento de cotizantes presionan severamente las reservas de este régimen solidario, el cual beneficia a la mayor cantidad de trabajadores del país, al contar hoy con 1.782.001 aportantes (cerca del 63% de la fuerza laboral).
Recientemente, el IVM tuvo que recurrir a parte de sus reservas para cubrir el pago de jubilaciones, adelantando un escenario que las proyecciones actuariales ubicaban originalmente para el 2041.
El rendimiento del IVM mostró una tendencia creciente hasta 2022, cuando alcanzó su punto máximo (9,98%), pero desde entonces registra una desaceleración que lo llevó a 7,85% en 2025, el nivel más bajo de la última década, según datos dados a conocer por la gerencia financiera de la Caja.
En el plano político han surgido propuestas para inyectar recursos extraordinarios al fondo.
La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, anunció que impulsará la venta del Banco de Costa Rica (BCR) como una alternativa para atender la crisis.
No obstante, esta vía genera escepticismo entre los especialistas. Tanto Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, como Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones, coinciden en que la venta de activos estatales representaría apenas un alivio temporal y no una solución estructural al problema de fondo.
