La Caja Única del Estado tiene actualmente cerca de ¢250.000 millones ociosos o sin un destino específico, según un cálculo de la Tesorería Nacional, entidad que se encarga de su administración.

El monto corresponde a dinero que tiene más de dos años de estar en estas cuentas y que hasta el momento no se ha utilizado.

Lo anterior implica que las entidades solicitaron el dinero al Ministerio de Hacienda, les fue acreditado en sus cuentas, pero al final no lo emplearon para lo que tenían presupuestado.

El monto representa el 32% del saldo total que maneja actualmente la Caja Única.

El pasado 16 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó el segundo debate del proyecto de Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos , conocido como ley de mejora en la gestión de la Caja Única del Estado.

Este proyecto establece que las 2.106 entidades inscritas en el sistema, que revelen superávit libre y que no muestren el cumplimiento de sus objetivos, tendrán solo dos años para ejecutar los recursos.

En caso contrario, el Poder Ejecutivo puede utilizar ese dinero para pagar la deuda interna.

A la fecha, la Caja Única tiene un saldo de ¢773.603 millones.

Cálculo

Martha Cubillo, tesorera nacional, explicó que el monto ocioso es solo una aproximación a lo que podría pasar si se aplicara la regla que impone el proyecto de ley. Añadió que tendrían que revisar con más detalle si existen más instituciones con montos adicionales y que no hayan utilizado.

Según el texto dictaminado, una vez que sea publicado en La Gaceta , la Autoridad Presupuestaria tendrá un plazo de tres meses para hacer un estudio pormenorizado y establecer de manera exacta las entidades que tengan saldos y superávits libres de ejercicios económicos anteriores.

Una vez que se determinen las cantidades y las entidades sean dictaminadas, tendrán un plazo de dos años para emplear esos recursos, de lo contrario pasarán a pagar parte de la deuda pública.

Cubillo explicó que el mejor escenario no es devolver el dinero al control del Ministerio y que lo ideal es que las entidades utilicen por completo lo que presupuestan en obras públicas o programas especiales.

La funcionaria también adelantó que es probable que los primeros resultados de esta ley sean visibles hasta el 2017, siempre y cuando entre en vigencia cuanto antes.

Según Cubillo, una vez que esté en vigencia la norma, se recuperarán cerca de ¢60.000 millones anuales en los primeros tres años.

Para el diputado Ottón Solís, la nueva ley viene a eliminar el asiento contable que se genera al acreditarle fondos a las instituciones, pero aclaró que no se trata de dinero que haya sido erogado de forma real.

Solís insistió en que el efecto se generará en la contabilidad de las finanzas públicas al darles mayor precisión a las erogaciones realizadas por medio de la Caja Única.

“Se dará precisión y coherencia en la contabilidad y, en la realidad, de la deuda pública”, agregó el diputado oficialista.

Para el presidente de la Asamblea, Antonio Álvarez, el hecho de que se haya votado en primero y segundo debate en una sola semana es el reflejo de los acuerdos que tomaron las diferentes francciones legislativas.

Álvarez insistió en que el proyecto pretende un estímulo y una regla para que el sector público ejecute los recursos y realice obras, mas no se trata de un instrumento que limite las inversiones.

Más control

El ministro de Hacienda de la anterior administración, Édgar Ayales, dijo que el proyecto le dará eficiencia al uso de los recursos, pues históricamente el Gobierno acredita recursos a las instituciones y existen casos en donde incluso ese dinero al no ser utilizado es empleado para comprar bonos de Hacienda.

Ayales insistió en que si las instituciones no ejecutan los recursos se debe a que fueron incapaces de ejecutarlos o que esa prioridad no existía en realidad.

A partir de este momento, el proyecto debe ser enviado a la Presidencia para su firma y publicación.

Cubillo añadió que una vez publicada, Hacienda y sus dependencias pueden emitir una directriz para que entre en vigencia.

Empero, la tesorera reconoció que, a su juicio, es mejor si se emite un reglamento para generar más orden en las entidades.

Ejecución

Texto del proyecto de Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos:

Plazo: Los recursos que se encuentren en la Caja Única y sobre los que no se demuestre el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales y que constituyan superávit libre al cierre del ejercicio ecnómico, deberán ser ejecutados por la entidad correspondiente en un periodo máximo de dos años.

Deuda: En caso de que no se ejecuten en el plazo, los recursos deberán ser devueltos para amortización de deuda interna y externa.

Fuente Texto expediente 19.555.