EscucharStandard & Poor’s y Fitch Ratings mejoraron las calificaciones de riesgo de la deuda externa de Costa Rica a largo plazo entre finales de febrero e inicios de marzo de este 2023, después de no realizar revisiones al alza para el país en más de una década.
Ambas calificadoras argumentaron un mejor escenario para Costa Rica, producto de su desempeño financiero de los últimos años y de las reformas aplicadas por las últimas administraciones para contener el gasto público y aumentar la recaudación de impuestos.
La mejora en las calificaciones de riesgo crediticio son una buena noticia para el Ministerio de Hacienda, que financia más de dos quintas partes de su presupuesto nacional a partir de nuevo endeudamiento. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló que una subida de las calificaciones –entre otros beneficios– implicaría “un aliciente” para las colocaciones de deuda externa que el país quiere realizar en los próximos años, a través de eurobonos, en busca de mejores tasas de interés y de plazos de pago más extensos.
Un menor riesgo, señaló, debería significar menores costos de financiamiento del Gobierno Central a nivel local e internacional.
El jerarca realizó dichas declaraciones el 7 de febrero pasado, antes de que se confirmaran las revisiones positivas. Lo hizo en la misma conferencia de prensa en que brindó un resumen sobre los resultados fiscales de 2022, los cuales evidenciaron el primer superávit primario del Gobierno Central en los últimos 15 años.
Los criterios
Standard & Poor’s fue la primera calificadora que mejoró la “nota” crediticia de Costa Rica, este 23 de febrero.
La entidad elevó su calificación de B a B+: un grado que el país no alcanzaba desde 2018.
En su informe sobre el cambio, la calificadora comentó haber tomado en cuenta los más recientes resultados fiscales del país en 2022. La relación positiva entre ingresos y gastos, sin contar el pago de intereses fue de un 2,5% del producto interno bruto (PIB).
La firma destacó la aplicación de “una sólida restricción de ingresos y gastos derivada de la implementación de la reforma fiscal del 2018″; así como el crecimiento más reciente de la producción en 2022, que alcanzó el 4,3% interanual.
La reforma fiscal de 2018 pretendía contener el gasto público y elevar los ingresos del Gobierno Central desde 2019 y 2020, pero la emergencia sanitaria de la covid-19 postergó la mayor parte de su impacto.
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Fitch Ratings, por otra parte, mejoró la calificación de la deuda costarricense de B a BB-, este 2 de marzo. Esta es una subida de dos “peldaños” en la escala de esa entidad.
Además de los buenos resultados fiscales, Fitch hizo énfasis cuestiones como en el mayor acceso del país a crédito con organismo multilaterales, la aprobación legislativa para emitir hasta $5.000 millones en títulos de deuda externa en los próximos tres años, la férrea aplicación de la regla fiscal para suavizar el crecimiento del gasto público y la consolidación del programa de financiamiento que el país mantiene en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pese a la mejora en la calificación, la firma estadounidense señaló que existen riesgos para el país en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, un eventual estancamiento de la agenda política del Gobierno por sus relaciones con el Legislativo y el freno en el crecimiento económico global, producto de las medidas de política monetaria aplicadas en el mundo para mermar la inflación.
Las calificaciones de crédito de Costa Rica habían mantenido una tendencia estable desde sus orígenes hasta mediados de la década de los 2010, cuando la situación fiscal del país se deterioró de forma importante.
En aquel entonces, el país experimentó las consecuencias de un alto desequilibrio entre los ingresos y los gastos gubernamentales, alimentado por políticas de años anteriores. Estos desequilibrios sostenidos elevaron los niveles de endeudamiento de las cuentas costarricenses aceleradamente y, por tanto, aumentaron la desconfianza de los mercados.
Luego, se sumó la pandemia de covid-19, en 2020, la cual obligó a consumir aún más recursos y empujó el acumulado de endeudamiento a más del 60% de la producción.
Ahora, el país vive un momento de mayor estabilidad ante el desarrollo favorable de la pandemia, la contención del gasto por la regla fiscal aprobada en 2018 y el comportamiento acelerado de la recaudación tributaria, por los niveles de producción y los efectos de las reformas legales aprobadas en años recientes.
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Otros países de la región
Las calificaciones de riesgo crediticio de Costa Rica mejoran, pero siguen lejos de ser las mejores posibles.
De los 20 “peldaños” en que se dividen las escalas de ambas calificadoras de riesgo, las “notas” costarricenses están en el escalón número 14 de Standard & Poor’s y en el número 13 de Fitch (niveles especulativos).
El ministro Acosta, sin embargo, señaló a través de un comunicado de prensa, este 23 de febrero (tras la publicación de S&P), que el gobierno continuará “haciendo esfuerzos importantes para mantener la recaudación, reducir la evasión y elusión, y contener el gasto público”.
La calificación costarricense es mejor que la de varios países de la región como: Argentina (CCC+ de Standard & Poor’s y CCC- de Fitch), El Salvador (CCC+ y CC), Brasil (BB- y BB-), Bolivia (B y B), Ecuador (B- y B)-, Nicaragua (B y B-), y Venezuela (N/A y RD).
Pero es peor que la de otros como: Chile (A y A-), Perú: (BBB y BBB), Panamá (BBB y BBB-), Uruguay (BBB y BBB-), Colombia (BB+ y BB+), Paraguay (BB y BB+), Guatemala (BB- y BB) y Honduras (BB- y N/A).
Las calificaciones de riesgo usualmente se dividen en tres letras, y sus respectivos subniveles. La mejor calificación es la AAA (que ostentan algunos países como Alemania, Australia, Suiza, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia y Singapur) y la peor es la C, que usualmente se relaciona con un riesgo sustancial de impago de obligaciones.
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Mejores calificaciones de riesgo deberían incidir en menores costos de endeudamiento para Costa Rica. (Jose Cordero)
