El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrena un momento crítico debido a cinco errores históricos acumulados durante años, aseguró Hermes Alvarado, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
La postergación de decisiones clave, la ausencia de estudios técnicos con la periodicidad requerida, debilidades en la gestión de cobro, fallas en la estrategia de inversiones y la persistente morosidad patronal explican el deterioro actual del fondo.
“Durante años se postergaron reformas fundamentales. Al tratarse de un régimen de reparto basado en la solidaridad, se requerían ajustes periódicos; sin embargo, estos se aplazaron y eso nos llevó a la situación actual”, explicó Alvarado.
El jerarca fue enfático en que, desde el punto de vista técnico e institucional, es indispensable tomar decisiones “cuanto antes”.
Gestión de cobro y la “factura” histórica
Uno de los puntos más sensibles señalados por la Supen es la recuperación de recursos. El atraso en el pago de cuotas obrero-patronales y la subdeclaración salarial no solo reducen los ingresos presentes, sino que comprometen la sostenibilidad del fondo en el largo plazo.
“Se requiere mayor firmeza en la recuperación de cuotas y un programa de concientización. Los patronos deben comprender que, al atrasarse, no solo perjudican a sus trabajadores, sino a toda la colectividad, porque los recursos ingresan a un fondo común”, aseveró el funcionario.
Aunque reconoció que desde inicios de este milenio ha existido mayor conciencia institucional para corregir el rumbo, el tiempo transcurrido sin ajustes oportunos hoy “pasa la factura”. Actualmente, se trabaja en una valoración estructural que permita prolongar la sostenibilidad del régimen el mayor tiempo posible.
La ruta de las reformas: abril es clave
El futuro del IVM gira en torno a 38 propuestas que se analizan en un foro organizado por la Caja. En la mesa de trabajo participan la Supen, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Defensoría de los Habitantes, el sector académico y la propia CCSS.
Estas iniciativas —presentadas desde junio del 2024- ante la Gerencia de Pensiones y la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa— se evalúan como insumo central para definir los ajustes.
Según el cronograma, tras tres sesiones ya realizadas, se prevé que para abril se definan dos o tres propuestas concretas para elevarlas a la Junta Directiva.
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Entre las medidas que han trascendido destacan dos ajustes paramétricos técnicamente respaldados, aunque políticamente sensibles:
- Edad de retiro: Elevarla de los 65 a los 70 años.
- Monto de la jubilación: Modificar la fórmula para que el beneficio sea equivalente al 40% del promedio salarial de toda la vida laboral, en sustitución del rango actual que oscila entre el 43% y el 52,5%.
Presión financiera y desaceleración
El contexto financiero, Alvarado añade urgencia a la discusión. Recientemente, el IVM tuvo que recurrir a parte de sus reservas para cubrir el pago de jubilaciones, adelantando un escenario que las proyecciones actuariales ubicaban originalmente hacia el 2041.
El IVM es el principal fondo de jubilaciones del país: cuenta con 378.309 pensionados, 1,7 millones de trabajadores cotizantes y cerca de 78.000 patronos activos.
El debate sobre soluciones paliativas
En el plano político han surgido propuestas para inyectar recursos extraordinarios al fondo. La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, anunció que impulsará la venta del Banco de Costa Rica (BCR) como una alternativa para atender la crisis.
No obstante, esta vía genera escepticismo entre especialistas. Tanto Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, como Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones, coinciden en que la venta de activos estatales representaría apenas un alivio temporal y no una solución estructural al problema de fondo.
