Por: María Fernanda Cisneros.   18 octubre, 2018

Más dinero de los fondos de pensiones podría ser invertido en bonos del sector público, tras un cambio regulatorio avalado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

La modificación proviene del Reglamento Gestión de Activos, aprobado en la sesión del martes 16 de octubre y fechado el jueves 18 de octubre. EF obtuvo una copia del documento para el cual solo faltaría su publicación en La Gaceta para que entre en vigencia.

12/05/2017. San José. Oficinas de la operadora de pensiones del Banco Popular. Popular Pensiones. Don Mario Pérez, llegó a hacer un trámite sobre la pensión complementaria, le atiende Viviana González. Fotos Melissa Fernández Silva
12/05/2017. San José. Oficinas de la operadora de pensiones del Banco Popular. Popular Pensiones. Don Mario Pérez, llegó a hacer un trámite sobre la pensión complementaria, le atiende Viviana González. Fotos Melissa Fernández Silva

El documento, entre otros cambios, aumenta la porción máxima de los fondos que puede ser invertida en valores públicos. El tope pasaría del 50% al 80%, de los recursos administrados por el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

Si las operadoras deciden, hipotéticamente, llegar a ese tope, el Gobierno podría recibir hasta ¢1,4 billones más de lo que capta en la actualidad de este sector.

Este cambio coincide con un momento apremiante para las finanzas públicas del Estado, las cuales enfrentan cada vez más retos para atender sus obligaciones. Además, la decisión camina en la vía contraria al esfuerzo que había realizado años atrás el sector para reducir la concentración en estas operaciones y que se había reflejado en normativa implementada.

El que las operadoras cuenten con un portillo más amplio de inversión en los instrumentos del Gobierno, le permitiría a este captar más recursos.

Sin embargo, la decisión de ampliar o no el monto de inversión en bonos del Gobierno dependerá del apetito de riesgo de cada operadora de pensiones. Si las administradoras de fondos no son seducidas por rendimientos atractivos, podrán quedarse en los niveles de inversión actuales.

Aunque el nuevo reglamento permite que las operadoras inviertan el 80% de los fondos en el sector público (incluyendo Hacienda), los gestores de estos portafolios deben atender otros requisitos. Ahora las OPC deben justificar con mayor detalle sus inversiones, incluso se contempla la posibilidad de que la Superintendencia de Pensiones (Supen) solicite nuevos requerimientos de capital cuando se asuman más riesgos, explicó Álvaro Ramos, jerarca de Supen.

Por su parte, Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif, confirmó que la nueva reglamentación fue aprobada.

La situación fiscal -la deuda del país aumenta y el déficit llegaría al 7,2% del PIB al término del año- eleva el riesgo de apostar por los bonos del Gobierno.

El cambio al detalle

Las inversiones que realizan las operadoras de pensiones, con los recursos que administran de los costarricenses, tienen límites dictados por el Reglamento de Inversiones de las Entidades Reguladas, de la Superintendencia de Pensiones (Supen).

Uno de ellos es el monto máximo que pueden invertir en valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda. También, el tope de inversiones en el resto del sector público, así como en inversiones extranjeras, entre otros.

Hasta ahora, las normas dictaban que un máximo del 50% de los recursos administrados podían ser invertidos en bonos del Gobierno Central y un 35% en el sector público. Esta cifra cambiará.

El tope fue elevado -y unificado-, de forma tal que más dinero de los fondos de pensiones podrá llegar a las arcas públicas.

La directriz aprobada por el Conassif avaló que la inversión en valores del sector público local -incluyendo Gobierno Central y el resto del sector público- puede acaparar hasta un 80% del total de los recursos administrados por las operadoras de pensiones.

Las cifras a setiembre muestran que poco más de la mitad de los fondos (unos ¢2,9 billones) estaban invertidos en el Gobierno.

Eso se traduce en que el 53,83% de los recursos que administran los seis fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) estaba invertido por bonos del Gobierno (Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica).

Si esa cifra fuera del 80% (el nuevo tope), se hablaría de ¢4,3 billones que los fondos de pensiones tendrían colocados en bonos estatales.

Es decir, el Gobierno podría recibir ¢1,4 billones más si todas las operadoras deciden invertir el 80% de sus recursos en él.

Sin embargo, el camino está lleno de piedras.

Las operadoras de pensiones tienen muy presente el desbalance que enfrentan las finanzas públicas y el creciente nivel de deuda.

Este panorama sombrío resta interés de los inversionistas, puesto que el riesgo de invertir en bonos del Gobierno es cada vez mayor.

Si un fondo quiere rentabilidad que ofrece el sector público, debe enfrentar el riesgo que significa invertir en esos emisores, explicó Héctor Maggi, gerente de la operadora de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La Junta Directiva de esta OPC decidió que no aumentará el porcentaje del portafolio que está fijado en títulos del Gobierno.

Entre tanto, el nuevo reglamento publicado por Conassif dicta otros cambios en materia de gobernanza de las operadoras de pensiones.

La norma describe de mejor forma cuáles son las responsabilidades de los miembros de la junta directiva, los comités y la administración, al mismo tiempo que señala sus funciones, aclaró Maggi.

Por otro lado, el reglamento también definió que el 25% de los recursos, como máximo podrá ser invertido en valores de emisores extranjeros. Hasta el momento, la norma de Supen establecía un tope de 50%.

Con las nuevas disposiciones, ese 50% se podrá alcanzar únicamente si existen estudios técnicos que respalden la decisión.