EscucharEl Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) están en medio de un conflicto penal en el que pareciera que la gran perdedora será la credibilidad de ambas instituciones y, por ende, la confianza en el sistema financiero nacional.
En esto coinciden cinco expertos con amplia experiencia que han trabajado de cerca con las dos entidades y que fueron consultados por este medio.
¿Qué está pasando?
El pasado 17 de agosto, la superintendenta de la Sugef, Rocío Aguilar, dio a conocer a la prensa que fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por negarse a entregar información crediticia de deudores con número de identificación —físico o jurídico— al Banco Central. La denuncia la interpuso nada menos que la gerente general del ente emisor, Hazel Valverde.
Ante la solicitud de datos del Central y la posibilidad de quebrantar la confidencialidad de la información, la Sugef decidió no entregarlos inmediatamente y, en cambio, acudió a la Procuraduría General de la República para esclarecer la legalidad de dicho pedido. Además le informó al BCCR sobre esta consulta en diciembre del 2022, según le comunicó la Superintendencia a este medio. Sin embargo, antes de que la Procuraduría emitiera un criterio (lo emitió el 3 de julio del 2023), Valverde interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía el día 21 de abril del presente año.
¿Por qué es problemático?
Para este reportaje pondremos provisionalmente de lado el análisis técnico y legal sobre la validez de las solicitudes del Central, además de los cuestionamientos sobre si se violenta o no la privacidad de los deudores, con el fin de concentrarnos específicamente en las consecuencias que podría tener el escalamiento de los roces entre la Superintendencia y el BCCR.
A primera vista parece una situación de perder-perder.
Por un lado se tiene a la Sugef con una superintendenta denunciada penalmente, un proceso que probablemente haga mella —si no es que rompe del todo— la habilidad de la Sugef y el Banco Central para trabajar en equipo, ya que ambas instituciones deben reunirse frecuentemente para velar por la estabilidad del sistema con la nube de una demanda pública sobre sus cabezas.
Por otro lado, tenemos un Banco Central que prefiere presentar la denuncia antes de esperar el pronunciamiento por parte de la Procuraduría. Esto es algo que los agentes económicos podrían interpretar como un BCCR que está dispuesto a imponer de una forma innecesariamente agresiva sus peticiones.
“Yo empecé en el sistema financiero en 1979 y nunca había visto que un conflicto entre el Banco Central y los supervisores fuera ventilado en público y menos en el Ministerio Público. A mí me tiene perplejo”, dice Luis Liberman, fundador y exgerente del antiguo banco Interfin, y exgerente de Scotiabank.
Una fuente que ha trabajado de cerca con ambas instituciones públicas y que prefirió no ser identificada mencionó que, a pesar de que considera loable el objetivo que el Banco Central expuso para solicitar los datos —la realización de estudios estadísticos más precisos—, haber escalado el conflicto a una denuncia penal socava la credibilidad de las dos entidades. También menciona que se vuelve más complicado alcanzar un acuerdo una vez las posiciones de ambos se exponen públicamente de esta manera.
Una lesión en la credibilidad, en especial para el Central, es particularmente peligrosa debido a que esta tiende a considerarse como uno de los activos más valiosos que tiene la institución. Una buena parte del éxito que llegue a tener el BCCR en sus objetivos de mantener la estabilidad económica del país dependerá de esa credibilidad.
Para el ente emisor es vital que los agentes económicos confíen en su dirección y liderazgo. Si no lo hacen, las metas de inflación se vuelven más difíciles de cumplir, por ejemplo. También se pueden generar éxodos de capitales y cambios abruptos en el tipo de cambio, entre otros problemas que serían más complicados de corregir sin un Central que goce de la mayor credibilidad.
“¿Qué imágen le está dando a la estabilidad del sistema financiero cuando usted tiene demandado al superintendente? Y es que lo demanda la gerencia del Banco Central, cuando son casi como compañeros”, mencionó otra fuente que prefirió mantenerse en el anonimato y que también ha acumulado amplia experiencia en el trato con ambas entidades.
Para José Luis Arce, quien fue director del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) entre 2004 y 2014, este conflicto viene a entorpecer las relaciones entre la Sugef y el Banco Central, además de generar un ruido innecesario alrededor de la institucionalidad en un contexto donde el clima político es particularmente denso.
“Denunciar penalmente a la Superintendencia se ve horrible, me parece que es una exageración y me parece que claramente le hace un daño al Banco Central y le hace un daño a los reguladores del sistema financiero. El Banco Central está alimentando una hoguera tontamente en un momento en donde más bien debería fortalecer las instituciones”, considera Arce.
Además, pareciera que se queman puentes por tareas que no son irrefutablemente objetivos principales para el Central, como sí lo es la política monetaria y cambiaria, ambas necesitadas de una gran dosis de confianza por parte de los agentes económicos para su éxito.
“Me parece que hay una mala administración de prioridades en el Banco Central, está desgastando su credibilidad en un tema que es secundario, no es indispensable esa información”, dice Ronulfo Jiménez, economista y exmiembro de la Junta Directiva del ente emisor.
¿Es un conflicto nuevo?
Pareciera que no. Arce mencionó que desde años atrás siempre ha habido roces entre la Sugef y el BCCR alrededor de la información que solicita el Central y la que la Superintendencia está dispuesta a darle.
Arce considera que esto normalmente viene de un hambre no malintencionada del Banco por tener más y mejores datos para generar investigación y de un cuidado que suele tener la Superintendencia para no quebrantar la privacidad de los deudores.
Sin embargo, pese a esas diferencias, nunca se había presentado un conflicto de esta envergadura hasta ahora. “Desde años atrás, los mandos medios (del Banco Central) siempre han querido toda la información, pero siempre ha habido en la presidencia, en la gerencia y en la Junta Directiva, el cuidado de no traspasar ciertas barreras. Yo creo que ahora el problema es que esos equilibrios se rompieron dentro del Banco Central”, considera Jiménez.
Róger Madrigal, el actual presidente del Central, fue por muchos años el director de la División Económica del ente emisor.
Tampoco es la primera vez que la Sugef y el Central no se logran poner de acuerdo entre sí durante la gestión de Aguilar y Madrigal. En el primer semestre del presente año tuvieron que enviar una consulta a la Procuraduría por la diferencia de opiniones sobre qué se puede considerar como “captación de dinero”.
La consulta se elevó porque el Banco Central le permite a once fintechs (negocios de tecnología financiera) operar en Sinpe y abrir, por este medio, cuentas IBAN a sus clientes, mientras que Sugef sospecha que, con ese ejercicio, dichas empresas podrían estar realizando captación de recursos sin tener la debida autorización.
Sobre el daño en la credibilidad que puede provocar este conflicto entre instituciones, particularmente debido a la denuncia penal, la Sugef mencionó que “esa es una valoración que debe haber realizado el Banco Central en su oportunidad”, según respondió ante una consulta de este medio.
Se le preguntó al BCCR si se hizo tal valoración, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta publicación.
