Coopeservidores (CS Ahorro y Crédito) dejará de existir luego de que fuera declarada inviable por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiera (Conassif) este 21 de junio. El cierre de esta cooperativa significa eventualmente malas noticias para los ahorrantes y asociados.
En la primera línea de afectados están quienes más capital social aportaron a la entidad, ya que estos recursos son considerados como un depósito no garantizado con baja prioridad. Es decir, el Fondo de Garantía de Depósito (FGD) no cubrirá dichos fondos durante el proceso de resolución.
Capital social perdido
El capital social de una cooperativa es el dinero que aporta cada asociado a la entidad para ser parte de ella y que se suma al patrimonio total. Podría compararse con el capital que abonan los accionistas de una empresa para ser propietarios.
Marco Hernández, exinterventor de Coopeservidores y actual administrador del proceso de resolución de la cooperativa, mencionó que los pasivos de la entidad consumen por completo el patrimonio, incluido el capital social. “Esto significa que hoy el capital social que tiene cada uno de los afiliados es cero”, explicó el funcionario. Al 31 de mayo este monto era de ¢46.900 millones.
Los asociados tienen la posibilidad de recuperar parte de ese monto mediante la venta de activos que se hagan por medio de un fideicomiso conocido como el “banco malo”. Este es alrededor del 20% de los activos de peor calidad de Coopservidores, los cuales tratarán de venderse, probablemente con algún descuento, con el fin de pagar a quienes todavía se les deba dinero.
El problema está en que el capital social no es un pago prioritario para el fideicomiso, primero están los acreedores de Coopeservidores, quienes serán los fideicomisarios. “Va a depender mucho de los resultados que finalmente se logren de la recuperación de esta cartera crediticia (mala)”, dijo Hernández.
Grandes depositantes
Quienes tengan depósitos a la vista o a plazo por más de ¢6 millones —máximo que cubre el FGD— no van a recuperar su dinero por encima de ese nivel, por lo menos no en su totalidad.
El dinero que supere los ¢6 millones es considerado como un depósito no garantizado. Cuánto se pueda recuperar de él dependerá de cuán bien avance el proceso de resolución. De momento, Hernández mencionó que a los depósitos mayores al límite del FGD se les aplicará un recorte del 20%. Es decir, si lo que le debe la cooperativa son ¢100 millones, solo se le devolverían ¢80 millones.
No obstante, ese margen es preliminar y puede cambiar conforme avance el proceso; todavía puede que se reduzca más la devolución.
Si el proceso de resolución no se completa, la cooperativa iría a un proceso concursal (solicitud de quiebra). En dado caso, los fondos no garantizados asumirían las pérdidas por ser los últimos en recuperar dinero bajo una prelación (orden) de pagos.
Se calcula que hay alrededor de 5.500 clientes con depósitos superiores a los ¢6 millones en Coopeservidores. El FGD cubriría al 97% de los depositantes, ya que ese porcentaje de clientes, según mencionó el Conassif, está por debajo del máximo garantizado.
Empleados
Los empleados de la cooperativa eventualmente serán cesados. Hernández mencionó que los despidos no ocurrirán de forma inmediata. “Se liquidarán de forma oportuna, porque varios de estos empleados son útiles todavía para hacer todo el proceso de resolución”, mencionó el administrador.
A los colaboradores se les finalizará su contrato laboral y se cancelará el monto correspondiente a los derechos laborales de ley. Actualmente CS tiene 403 empleados, cuando empezó la intervención, el 13 de mayo, el número de empleados era de 617.
Si los empleados tienen capital social invertido en la cooperativa también lo perderían dadas las condiciones explicadas anteriormente.
Disolución de Coopeservidores
El cierre de CS se dio porque la cooperativa es inviable financieramente. El interventor nombrado por el Conassif encontró que la entidad no cumple con los requisitos de solvencia y no se prevé que cuente con las posibilidades de salvarse. Esto significa que, de continuar operando, los activos no serían suficientes para cubrir todas las obligaciones de la entidad.
La insolvencia se debe en mayor medida a un importante deterioro en la cartera crediticia, el principal activo de la entidad. Hernández mencionó que aproximadamente un 17% de la cartera es la que se deterioró “significativamente”.
La interventoría encontró que no existe una posibilidad creíble de ejecutar una recapitalización interna, la cual sería voluntaria, dada la magnitud del capital que se tendría que aportar para cubrir el déficit entre activos y pasivos.
