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La crisis golpea las finanzas estatales y Costa Rica opta por solventar la falta de ingresos con préstamos de organismos multilaterales, estrategia que le ha servido de momento para atender los gastos generados por la pandemia.
Conforme avanza el tiempo, los gastos crecen y el Gobierno necesitará más recursos para atender los problemas que arrastrará por la crisis en 2020, pero también en los próximos dos años.
En medio de esta realidad, y luego de que el Gobierno acudiera al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de un crédito de emergencia, ¿tendrá que solicitar un nuevo acuerdo de contingencia con este organismo? Esto significaría desempolvar un instrumento del que prescindió desde la crisis económica del 2008-2009.
El país no está obligado a hacerlo, pero sin duda es una de las posibilidades que debe valorar para sostener sus finanzas en medio de la crisis.
La otra opción para obtener más recursos es acudir al mercado externo con una nueva emisión de eurobonos, vía ya descartada para este año, pero que se abriría en 2021. También, buscar fondos en viejos amigos como el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) o un país mediante préstamo bilateral.
Cualquier camino implica retos, y en medio de una crisis no hay decisión fácil. “Gobernar es de escoger y estamos ante escogencias de política económica muy difíciles”, afirma el exvicepresidente de la República, Luis Liberman.
Por ahora, las señales dicen que además de necesitar más recursos, el Gobierno ya mostró sus intenciones de dar este paso con el FMI.
Este organismo citó en su último reporte sobre el país que mientras el impacto negativo en la economía se amplifica, el crédito RFI debía ser considerado como un puente hacia un programa de crédito de mayor duración, como el Acuerdo Stand-by o de Fondo Extendido, de los cuales las autoridades de Costa Rica ya han expresado su interés.
Esa muestra de interés la dieron tanto el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, como el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en la carta de solicitud del crédito de emergencia firmada por ambos.
“La asistencia del FMI a través de la RFI, posiblemente seguido por un Acuerdo Stand-by de mayor duración o un Fondo Extendido, como se justifica, nos ayudará a satisfacer parte de la necesidad urgente de la balanza de pagos y sufragar los costos asociados con un mayor gasto en salud y asistencia social a empresas, individuos y el vulnerable”.
Siguiente paso con el FMI
El Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI, por sus siglas en inglés) es un crédito que el FMI ofrece a países miembros para solventar necesidades urgentes en la balanza de pagos, como choques de los precios de los productos básicos, desastres naturales y fragilidades internas.
Este fue el crédito de emergencia que pidió el país. Este organismo internacional aprobó unos $504 millones para Costa Rica como apoyo a los gastos por concepto de salud por COVID-19, así como las medidas dirigidas a los sectores más afectados y vulnerables.
Al lado de Costa Rica, países como Jamaica, Egipto, Ecuador, República Dominicana y Etiopía también acudieron a esta opción tras el golpe que les dio la pandemia.
El paso siguiente es un crédito Stand-by Arrangement o Acuerdo de Derecho de Giro, y luego, inclusive un Extender Fund Facility o Fondo Extendido. Estos instrumentos de financiamiento son parte de los otros salvavidas que da el FMI en momentos de crisis para enfrentar riesgos en el corto y mediano/largo plazo, respectivamente.
Un Stand-by Arrangement o Acuerdo de Derecho de Giro del FMI se otorga con el objetivo principal de abordar problemas de corto plazo o potenciales en la balanza de pagos.
Este es el instrumento históricamente más utilizado por las economías emergentes y avanzadas para abordar los problemas de corto plazo generados por una crisis, con la asistencia de este organismo internacional.
Costa Rica pasó por este camino luego de la crisis económica del 2008. En 2009, el FMI le aprobó al país un acuerdo de derecho de giro de 15 meses por unos $735 millones.
En ese momento, el país no enfrentaba presiones inmediatas sobre la balanza de pagos, pero el acuerdo se formuló “para reafirmar la confianza en la política económica”, apuntó el comunicado de prensa emitido por el organismo internacional en ese momento.
Inclusive, el Gobierno no necesitó de esos recursos, por lo que contabiliza más de tres décadas sin acudir al FMI en busca de un Stand-by Arrangement.
Ahora que Costa Rica pidió un RFI y según el protocolo, presentó una carta de intención a la dirección ejecutiva del FMI, aprovechó para mostrar su interés en comprometerse con este organismo en un programa de mayor duración.
¿Por qué citar el término comprometerse? Un acuerdo de este tipo no implica únicamente un desembolso de recursos, como otros préstamos rápidos. Sino que para recibir los fondos, el país se compromete a adoptar una serie de medidas para solucionar su desbalance financiero.
Desde la óptica del economista José Luis Arce, parece que el gobierno —principalmente el Presidente de la República y su equipo político— están evitando esta negociación, pese a que el equipo económico ha insinuado que es una posibilidad que están valorando.
“No será una negociación fácil, el deterioro macroeconómico y fiscal requerirá esfuerzos de ajuste adicionales, muchos de ellos en áreas que significarán conflictividad social y además afectarán intereses de grupos específicos, tanto debido a las medidas de racionalización del gasto que probablemente se requieran, como a las de aumento en los ingresos”, añadió Arce, quien a su vez es director de FCS Capital.
Por ahora, el FMI anticipó que las autoridades han indicado su intención de cooperar con el Fondo y aplicar políticas económicas apropiadas para abordar impacto de COVID-19 en la balanza de pagos.
“Es muy importante definir qué tan restrictiva será la solicitud que haga el FMI para dar los recursos, porque no creo que haya mucho margen de negociación. Esto obliga al Gobierno a valorar si vale la pena, o si busca otro financiamiento con menos restricciones”, anotó el economista y extesorero nacional Gabriel Alpízar.
“Es claro que no va a alcanzar lo que se tiene pensado hasta hoy. Hay que pensar qué va a pasar después de junio, buscar recursos en otros países. Por ejemplo, créditos de carácter bilateral con China o Emiratos Arabes.”, añadió Alpízar.
El gasto de Costa Rica crecerá más de lo deseado en este 2020, debido al golpe de la pandemia. Los ingresos decrecerán, el déficit se ensanchará y la deuda también, pero el país debe retomar el curso hacia la sostenibilidad de sus finanzas.
En abril los ingresos tributarios cayeron 23,4% de forma interanual. Por ahora los gastos no se aceleraban más, sino que se reducían, con excepción de los gastos de capital (inversión) que repuntaron 18%.
El Gobierno afirma que su plan de fondeo con multilaterales y el mercado interno será suficiente para atender los pagos de deuda y los gastos de la emergencia sanitaria (incluido el bono Proteger, del que ya se han depositado casi ¢49.500 millones).
Sin embargo, el próximo año la opción de acudir nuevamente a las multilaterales será limitada, se necesitarán eurobonos y también acudir al mercado local. Para lograrlo es necesario ganar credibilidad.
Por muchos años Costa Rica prefirió el mercado de valores por encima de acudir a préstamos con requisitos de cumplimiento con el FMI, pero en este momento los mercados están convulsos.
Además, la calificación de riesgo se ha deteriorado y con ella la imagen del país ante el mundo también, lo que hace aun más caro ir al mercado externo.
Para Luis Liberman, la opción de volver a los mercados internacionales, es demasiado costosa y agravaría el panorama de la deuda y del pago de intereses. “Con un 8,5 (puntos) por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos por el mismo plazo, el doble de Guatemala y Panamá. Son tasas altísimas”.
La búsqueda de más fondeo con el FMI podría ser la más barata y la mejor, a criterio de Liberman. Eso sí, a cambio de más disciplina que antes. Al lado de esto, se podrían ir evaluando otras acciones.
La única forma viable de ganar credibilidad es “recurrir a un programa con el FMI: su condicionalidad -compromisos del país- da cierta certeza a los mercados externos e internos y, además, el acuerdo contribuye al financiamiento con al menos unos $750 millones de año. Por eso es necesario el acuerdo con el FMI”, afirmó José Luis Arce, de FCS Capital.
Al igual que Costa Rica, el resto de naciones del mundo aqueja una compleja situación financiera por el golpe del nuevo coronavirus, y la lucha por los recursos existentes se agudiza. Sea tocar la puerta al FMI, acudir al mercado externo, reducir el gasto y cualquier otra herramienta serán útiles en tiempos de crisis.
Aún es incierto el camino que tomará el Gobierno, cuáles otras acciones en el manejo de las finanzas públicas se adoptarán y cómo será ese presupuesto 2021 que presentará en tan solo cuatro meses.
