Por: María Fernanda Cisneros.   29 abril
18/01/2019 San José. Banco Central de Costa Rica, fachada. Foto: Rafael Pacheco
18/01/2019 San José. Banco Central de Costa Rica, fachada. Foto: Rafael Pacheco

La realidad económica más crítica que ha atravesado el país desde la crisis de los años 80. Así resume el Banco Central de Costa Rica (BCCR) el terreno empinado que transitarán las personas y empresas durante el 2020, cuando la producción local se contraería 3,6%.

Este año será un traspié para la actividad económica, el empleo, el ingreso de hogares y empresas, la inversión y el consumo, así como para muchos otros fundamentales de la economía.

El golpe que da la COVID-19 a la economía nacional e internacional no tiene precedentes y reta a los bancos centrales del mundo.

La misma Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos rompe tabúes en su accionar, principalmente al elegir a quiénes les da dinero en la crisis económica.

Este banco optó, entre otras medidas, por prestar una basta cantidad de recursos a empresas, estados y ciudades para aislar a la economía estadounidense de la crisis económica provocada por el coronavirus. “A los líderes de la Fed no les gusta hacer nada de esto, pero creen que no tienen ninguna mejor alternativa”, anota un artículo de Wall Street Journal titulado ‘La Reserva Federal está cambiando lo que significa ser un banco central’.

¿A qué se enfrenta Costa Rica y cómo lo atiende el Banco Central? El país será testigo de una contracción económica, y el Central se enfoca en suavizar las tasas de interés, dotar de recursos al mercado de liquidez y apoyar la facilitación de renegociación de deudas, en coordinación con los supervisoras del sistema financiero.

Golpes y blindajes

Mientras el BCCR estima una contracción del 3,6% en 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial proyectan una caída del 3,3%.

La previsión es muy distinta a la leve reactivación económica que se esperaba para este año. La producción daba pasos hacia la recuperación, recibió un choque y más bien profundizó sus resultados negativos.

Esta cifra tan sombría, además, se originaría desde varios frentes. Por un lado, el comercio internacional se deteriora y los socios comerciales mostrarían una drástica contracción este año (en el orden del 5,5%).

Por otro, el consumo de los hogares cae profundamente, ya que además de las medidas de confinamiento, se ven golpeados por el desempleo o la reducción de ingresos, y existe incertidumbre sobre el futuro que les deparará.

La tasa de desempleo empeorará, cuando ya de por sí se ubicaba en niveles altos del 12,4%.

Las empresas también se llenan dudas mientras ven caer sus ingresos (los hoteles y restaurantes aun más), con mínimas excepciones. Los negocios se frenan, justo cuando apenas empezaban a animarse a invertir un poco más.

Cuando una crisis económica se desata, el requerimiento por recursos se amplía. La población pide más préstamos para atender sus carencias, las empresas para cuidar su flujo de caja y atender sus responsabilidades patronales.

Los préstamos pretenden evitar, en lo posible, que se paralice el consumo y la inversión. Por esto, los países optan por dar recursos a la población y reducir las tasas de interés.

El BCCR cursaba desde antes del COVID-19 una estrategia de reactivación y relajamiento de las tasas de interés, por lo que la Tasa de Política Monetaria (TPM) muestra una caída importante desde hace un año.

Con la llegada del nuevo coronavirus, la estrategia se aceleró y el Central llevó su tasa de referencia a un mínimo histórico de 1,25%, lo que también condujo a la baja la Tasa Básica Pasiva (TBP).

En esta línea, el Banco Central, el Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) han adoptado una serie de medidas que suavizaron de alguna forma la atención de deudas, para la población afectada económicamente por las medidas para enfrentar la COVID-19.

La posibilidad de una nueva renegociación de la deuda o de inclusive no pagar el préstamo durante un periodo de dos o tres meses, según lo estipulado por cada entidad financiera, forman parte de las acciones.

Entre los vientos favorables que enfrenta el Central, está el comportamiento de los elementos que influyen en los precios del consumidor.

La inflación representa uno de los pocos alivios para Costa Rica, al ser importador de commodities, debido a la profunda caída en el precio del petróleo y del resto de materias primas.

En la línea del menor precio del petróleo, la factura de este producto generará un ahorro al país de más de $500 millones.

Las presiones son a la baja, y la inflación se ubicaría en 1,2% en 2020, según el Central. Es decir, por debajo del rango meta establecido entre 2% y 4%, para el cual no se ha hecho ninguna mención para modificarlo.

La inexistencia de presiones al alza en la inflación, le da margen a la autoridad monetaria para aplicar una serie de medidas, como la reducción de tasas y la utilización de reservas internacionales para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Hasta ahora, este ha sido el foco de sus acciones de política monetaria y financiera.

El comportamiento de la liquidez es lo que ha despertado la mayor preocupación del Central, debido a los riesgos de iliquidez que ya se han constatado en otros países.

Por ahora, el Mercado Integrado de Liquidez (MIL), plataforma del BCCR que provee a los mercados, está robusta de recursos. Este colchón fue posible sobretodo como consecuencia de la reducción que aplicó la autoridad monetaria en la tasa de encaje mínimo legal en junio del 2019.

En ese momento, la reducción en el encaje se aplicó para apoyar la reactivación económica, pero sirve de apoyo en la coyuntura actual.

La junta directiva del BCCR aprobó una serie de cambios para avalar una mayor participación del Central en los mercados de liquidez, tanto en dólares como en colones, a un día plazo. Antes su enfoque era en colones.

Las tensiones de liquidez se han presentado en el mercado de dinero a un día (Medi) y en las recompras, tanto en moneda nacional como extranjera. Se manifiestan a través de movimientos al alza en los rendimientos de los títulos en esos mercados.

Esto llevó al Central a aportar más recursos a la dinámica de estos mercados, para asegurarse de abastecerlos adecuadamente, el objetivo es beneficiar la estabilidad del sistema financiero.

Por ejemplo, solo en el mercado secundario, el Central pasó de negociar ¢305 millones en febrero, a ¢78.821 millones en abril (al 22 de ese mes).

Las presiones surgen porque los inversionistas liquidan títulos, en busca de valores de mayor calidad y por la mayor demanda de recursos por programas que se han aprobado para aliviar las finanzas de hogares.

Entre ellos están las entregas del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a trabajadores con reducción de jornada o suspensión temporal de contrato, un elemento avalado vía legislativa. También, la alta demanda de renegociación de deudas, que se impulsó por cambios regulatorios a las entidades financieras. Y por último, el Plan Proteger, que brinda dinero a familias afectadas económicamente por COVID-19.

Los retos para la gestión monetaria y financiera no acaban, porque el camino que seguirá la crisis está lejos de ser certero. Aun es pronto para hablar de si ese golpe en la economía puede ser menos o más profundo de lo estimado.