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La entrada en vigencia de las nuevas tasas topes para definir la usura plantea una serie de retos y ajustes para la banca. Davivienda Costa Rica analiza el posible cierre o transformación a otros productos de 7.500 tarjetas de crédito que por sus características ya no son rentables para la entidad.
Arturo Giacomin, presidente del banco en el país, aseguró en entrevista con EF que es un momento desafortunado para poner en marcha una legislación que regule las tasas de interés en el mercado costarricense.
“Nosotros en ese segmento no somos tan grandes. Hablamos de unas 7.500 cuentas que representan el 10% del total de clientes de tarjetas de crédito. No es que vayamos a sacar a estas personas del banco a patadas, para nosotros siguen siendo clientes y buscaremos formas, según lo que cada uno quiera, para moverlos hacia otros productos”, añadió.
La ley de tasas de usura tiene efectos adversos sobre algunos productos en el mercado y puede generar exclusión financiera en la coyuntura actual. Así lo señalaron durante la discusión legislativa el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
“En momentos en los que la gente tiene que estar tranquila, se incorporó una circunstancia que complica la situación”, comentó el jerarca.
El golpe más fuerte de esta ley es para el producto de tarjetas de crédito, por esa razón otros bancos privados también anunciaron cierres de plásticos y ajustes en sus operaciones.
“El cuestionamiento es si la tasa que tenía una tarjeta en un segmento del mercado específico era muy alta o no, obviamente cualquier persona a la que le digan que le van a bajar la tasa se pondrá feliz, es un tema muy popular. Lo que pasa es que cada producto debe tener los costos asociados a sus condiciones y al riesgo del cliente”, añadió Giacomin.
De acuerdo con el ejecutivo, mantener la operación de las tarjetas de crédito se relaciona con las condiciones del mercado y la obtención de ingresos suficientes.
“Cuando usted tiene tarjetas en segmentos de mercado más bajos, son también más riesgosos; entonces el banco debe tener departamentos de cobro más grandes, incobrables mayores y todos esos elementos suman costos. Cuando se disminuye el factor de ingreso, que es en este caso la tasa de interés, porque la gran mayoría no usa la tarjeta como debe usarse, se deja de generar el dinero suficiente para tener todos los costos asociados de manera rentable”, aseveró.
Davivienda no despedirá a ninguno de sus 980 trabajadores ni cerrará sucursales, actualmente mantiene 32 puntos de servicio en el país.
Sobre la exclusión financiera que provoca la ley de tasas de usura, Giacomin considera que esta normativa le quita un instrumento de acceso a recursos a personas que actualmente podrían necesitarlo frente al impacto económico provocado por el coronavirus.
Golpe al sector
Las tasas máximas que sirven para definir la usura en el país establecen que los préstamos en colones −incluidas las tarjetas de crédito− no pueden superar el 37,69%, mientras que los microcréditos (operaciones de ¢675.000 o menos) deben estar por debajo del 53,18%.
Tras la publicación de los tipos de interés tope, el pasado 3 de julio por parte del BCCR, diferentes entidades financieras anunciaron cambios en sus operaciones y análisis para cerrar algunas tarjetas de crédito.
BAC Credomatic, uno de los emisores de tarjetas más grande del país, indicó que cerrarán 187.426 plásticos a 79.789 clientes porque se trata de operaciones deficitarias para la compañía.
El impacto por la nueva normativa, según BAC, también implicará el despido de 373 personas y la clausura de 11 puntos de servicio.
Promerica evalúa a cerca de 30.000 clientes que no se ajustan, en términos de riesgo y precio, a las condiciones de la nueva regulación sobre las tasas de interés. Mientras que Scotiabank anunció que suprimirá tarjetas de crédito a 20.000 clientes para cumplir con los topes.
