Es un tema tan antiguo como –hasta ahora– infructuoso en Costa Rica. La posibilidad de crear un seguro de depósitos que permita garantizar el dinero de los ahorrantes en caso de que una entidad financiera entre en crisis revivió en la agenda nacional.

Los bríos que impulsan la iniciativa en el Congreso encontraron su motivación en un señalamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras un análisis del sistema financiero costarricense en 2018. El país corre contrarreloj para ingresar a esta organización internacional conocida como el “club de los países ricos”.

Antes de esta recomendación las posibilidades de crear una sistema de seguro de depósitos se reducen a las intenciones políticas que se debatieron tras la debacle del Banco Anglo Costarricense en setiembre del 1994, un proyecto de ley (17.766) impulsado en 2010 por la diputada Viviana Martín y la fundación del Fondo de Garantía de Ahorros Confía que nació en octubre del 2018 en el sector cooperativo nacional.

Actualmente la Asamblea Legislativa tramita dos proyectos de ley que proponen crear un fondo de esta naturaleza, el primero fue presentado por un grupo de 30 diputados el pasado 17 de octubre y el segundo texto entró a la corriente legislativa promovido por el Gobierno un día después.

Los dos textos tienen el mismo nombre Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de Intermediarios Financieros, solo se diferencian por quienes los impulsan y por sus números de expediente (21.657 el del Ejecutivo y 21.655 el de los congresistas).

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Además, la iniciativa del Gobierno excluye a los bancos públicos bajo el argumento de que estas instituciones ya se encuentran cubiertas por la garantía del Estado; mientras que la propuesta de los diputados sí incorpora al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y al Banco de Costa Rica (BCR) en este mecanismo tal y como lo recomienda la OCDE.

Desacuerdo político

En la arena política de Cuesta de Moras existe un apoyo mayoritario de las fracciones legislativas hacia el proyecto de ley que incluye a los bancos públicos dentro del fondo, pero el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) sostiene que el respaldo del Estado es suficiente para cuidar el dinero de los ahorrantes.

El expediente 21.655 cuenta con la venia del 95% de los legisladores de la comisión especial que analiza los temas relacionados con el ingreso del país a la OCDE y está cerca de recibir el aval para su ingreso al plenario. Así lo explicó Jonathan Prendas, diputado independiente, quien preside este foro político.

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Las bancadas de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) también acuerpan la idea de que los bancos estatales se incorporen a este fondo que garantizaría los ahorros de las personas hasta los ¢6 millones.

EF intentó conocer la posición de la bancada del PAC por lo que consultó a la diputada Carolina Hidalgo quien lleva la vocería en este tema, pero al cierre de la nota no fue posible obtener respuesta.

Aunque la voluntad del Gobierno quedó plasmada en el proyecto 21.657, este medio quiso ahondar en las posiciones por lo que consultó a Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, quien refirió la consulta con Víctor Morales, ministro de la Presidencia, pero finalmente no se obtuvo respuesta a las consultas.

La comisión que analiza los dos proyectos dará dictamen afirmativo al expediente que presentaron los diputados para que pase al plenario en los próximos días y luego será responsabilidad del Ejecutivo convocarlo en el siguiente periodo de sesiones extraordinarias (del 1.° de diciembre al 30 de abril).

De acuerdo con Prendas, el ministro de la Presidencia garantizó que el Gobierno convocará el proyecto de ley en las extraordinarias y que no vetará la iniciativa a pesar de que difiere de su posición de excluir a la banca pública del fondo.

Sector dividido

En el sector financiero nacional las posiciones son divergentes. Los bancos privados consideran acertado que las entidades del Estado formen parten del sistema de seguro de depósitos, mientras que en la banca pública todavía se encuentran en una etapa de análisis de los proyectos de ley.

La OCDE señaló en su estudio económico sobre Costa Rica en 2018 que el país debe crear un mecanismo para asegurar los depósitos de sus ahorrantes y que este sistema debe cubrir a todos los bancos con el objetivo de incentivar la competencia y ofrecer igualdad de condiciones entre bancos estatales y privados.

Otro de los elementos en los que debe trabajar el país –y que también se incluye en las propuestas de ley– es la creación de un marco regulatorio para abordar la resolución bancaria, debido a que este instrumento no existe actualmente.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), reconoció ante la comisión legislativa que estudia el tema, que el texto que incluye a los bancos del Estado en el fondo de garantía de depósito es el que se apega a las recomendaciones de la OCDE.

El jerarca incluso aclaró que la garantía del Estado de la que gozan el BNCR y el BCR no solo es un mecanismo que desnivela la cancha en el sistema financiero nacional, sino que además no cuenta con contenido de recursos para hacerla efectiva.

“Tenemos la experiencia del Banco Anglo, ahí hubo que acudir a préstamos del Banco Central que tuvo que inyectar, como prestamista de última instancia, en este caso para el Gobierno”, indicó Cubero en la comparecencia del pasado 4 de noviembre.

Para el presidente del Central existen leyes y normas que provocan cargas para los bancos públicos y privados, esto genera distorsiones que a la postre aumentan los costos de la intermediación financiera y, finalmente, las tasas de interés.

En la Cámara de Bancos de Costa Rica y en la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) consideran positivo el avance de un texto que permita crear un sistema de seguro de depósitos.

Diego Masola, gerente general de Scotiabank en Costa Rica, apuntó que una de las principales preocupaciones es que de excluir a los bancos del Estado en la eventual ley, se podría incurrir en un incumplimiento ante la OCDE y se corre el riesgo de que las asimetrías del mercado afecten a los clientes del sistema financiero y a los contribuyentes.

Experiencia cooperativa

Desde el sector cooperativo las voces son positivas en favor de la creación del seguro de depósitos. En octubre del 2018, 12 de las 59 instituciones de este tipo que operan en el país, en el segmento de ahorro y crédito, formaron el Fondo de Garantía de Ahorros (FGA Confía).

Este sistema asegura hasta ¢6,2 millones para cada uno de los ahorrantes, lo que quiere decir que se logra una protección del 100% de los ahorros del 94% de los asociados a este tipo de cooperativas.

Las 12 instituciones afiliadas al fondo representan el 92,3% de los activos de las cooperativas supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

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Gina Muñoz, gerente general de FGA Confía, indicó que durante el primer año de operaciones se aseguraron de consolidar aspectos técnicos y legales para gestionar los riesgos de las entidades que lo integran.

“Tanto el seguro de depósito como la resolución bancaria son dos pilares fundamentales en una red de seguridad financiera saludable, de manera que todo proyecto que venga a fortalecer el sector financiero, al país y especialmente a los ahorrantes es muy positivo y debemos apoyarlo”, agregó la jerarca.

Las propuestas de ley permiten que cualquier entidad que ya se encuentra en un sistema de seguro de depósitos permanezca en él; sin embargo, las cooperativas están a la expectativa del avance de estas iniciativas en el Congreso.