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Las señales cuentan, sobre todo en una coyuntura en la cual los mercados, las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales tienen la mira puesta sobre Costa Rica y su desempeño financiero tras la aprobación y puesta en marcha de la reforma fiscal.
La mitad de la semana estuvo marcada por los resultados fiscales del 2019 presentados por Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda. Las cifras, que llegaron casi al final de enero, revelaron que el déficit financiero del Gobierno creció más de lo esperado.
Luego de llegar al 5,9% –como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)– en 2018, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) había proyectado en su Programa Macroeconómico 2019-2020, que el indicador crecería al 6,2% para el cierre del año pasado.
En la Revisión del Programa Macroeconómico 2019-2020, presentada el 23 de julio del 2019, la estimación de la cifra aumentó levemente al 6,3%. Sin embargo, el resultado final generó sorpresa: la diferencia entre ingresos y gastos (más intereses) alcanzó un nivel del 6,96% que para efectos prácticos se redondea en un 7%.
Si se toma en cuenta que el PIB nominal (a precios de mercado) de Costa Rica para el 2019 fue de ¢36,27 billones y su déficit –del casi 7%– representa ¢2,54 billones, se puede concluir que la diferencia de 0,7 puntos porcentuales entre la proyección del Central y el resultado final es de ¢253.890 millones.
De acuerdo con las cifras de la producción nacional total del país para el año pasado, un punto porcentual del PIB equivale a casi ¢362.700 millones.
La desviación es de casi ¢254.000 millones, esa cifra se acerca al presupuesto autorizado para el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en 2019 que fue de ¢261.265 millones o hubiera permitido cubrir la partida de servicios del año pasado que fue de ¢219.390 millones.
Para ponerlo en perspectiva, el dinero de la diferencia entre el déficit financiero proyectado y el final habría permitido cubrir 34,3 veces el presupuesto autorizado total del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para el año anterior, que fue de ¢7.387 millones.
Explicaciones de la “desviación”
Pero, ¿por qué se presentó esta especie de “pifia” o desviación en la proyección del déficit financiero para 2019?
Chaves señaló tres razones: la desaceleración de la producción nacional, el aumento en el monto destinado al pago de los intereses de la deuda y el incremento en los gastos de capital impulsados principalmente por la construcción de nuevos proyectos de infraestructura como pasos a desnivel y Circunvalación norte.
Sobre el primer punto esbozado por el ministro de Hacienda, una menor tasa de crecimiento de la economía en 2019, que fue de 2,1% (0,1 puntos porcentuales por debajo de la proyección de julio pasado e inferior al 2,7% del 2018), implica que al dividir el balance de las finanzas públicas entre una menor cifra de producción diera como resultado un déficit más alto.
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En cuanto al pago de intereses, no se puede negar que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) rindió sus primeros frutos con un aumento en la recaudación de impuestos (más ingresos) y con un menor ritmo de crecimiento en algunos gastos, como, por ejemplo, salarios y pluses.
Sin embargo, el grillete de los intereses opaca gran parte de este esfuerzo en el corto plazo. El pago de la deuda creció de ¢1,23 billones en 2018 a ¢1,52 billones el año pasado, la cifra representa el 4,18% del PIB.
Un último hecho que marcó el aumento en el déficit fiscal hasta empujarlo al 7% fue el incremento en el gasto de capital que creció de 1,4% en 2018 a 2% en 2019. Este comportamiento al alza está anclado a la construcción de proyectos de infraestructura e inversión pública, un rubro que el Gobierno no va a sacrificar.
Incluso, el presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó ante el anuncio del alto déficit fiscal y dijo que a pesar de recibir “un país hipotecado”, la reforma fiscal permitió evitar una crisis de corto plazo por lo que ahora no se debe sacrificar la inversión pública.
La relación Central-Hacienda
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), defendió que en esta entidad “son tomadores de información del Ministerio de Hacienda”.
“Tenemos la tradición de tomar las cifras de Hacienda en términos de historia y de proyecciones. Nosotros para hacer el ejercicio de sostenibilidad de la deuda que es a mediano y largo plazo introducimos y usamos nuestros modelos”.
“Por supuesto que el proceso de proyección de cifras fiscales por parte del Ministerio de Hacienda también pasa por usar insumos del Banco Central, ellos usan nuestras proyecciones de PIB nominal y de crecimiento del PIB, por ejemplo. En eso tenemos un diálogo”, comentó.
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Según el jerarca del Central existe una retroalimentación constante entre ambas instituciones en la producción de las proyecciones macroeconómicas, pero las cifras de gasto, ingresos y déficit únicamente las toman de Hacienda.
El economista reafirmó que la “desviación” sobre el déficit fiscal proyectado en julio anterior por el BCCR y el registrado por Hacienda al final del 2019 se debe al incremento en el gasto de capital.
“Se dio la transferencia que se manifiesta en el gasto fiscal, pero no se da la contrapartida de ejecución de obra pública, es decir, el beneficio en términos de crecimiento lo vamos a ver este año cuando se ejecuten esas transferencias, pero el impacto sobre el déficit fiscal ya se reflejó el año pasado”, apuntó Cubero.
Credibilidad y señales
La diferencia entre las dos cifras de déficit financiero sin duda tendrá repercusiones en los mercados, los inversionistas y los organismos internacionales.
José Luis Arce, director de FCS Capital y exjerarca del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), es claro en señalar que las calificadoras y los mercados esperaban un déficit fiscal elevado, pero con un mejor resultado sobre el déficit primario.
La diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno (sin intereses) también creció de 2,1% -en la proyección del BCCR de julio- a 2,8% en el resultado final del 2019.
“Por más válidas las explicaciones esto no abona a la confianza en la suficiencia y la voluntad de ejecutar el ajuste. Esas son, justamente, las dos dudas que todos tienen. No es algo bueno”, aseveró Arce.
Consultado sobre este tema por EF, Rodrigo Cubero indicó que es importante entender la credibilidad de las proyecciones.
“Esto nos garantizan fundamentalmente que las proyecciones están apegadas a una ley y que existe la institucionalidad destinada a proteger la aplicación estricta de la regla fiscal”, agregó.
Cubero resaltó que en Costa Rica existen varias capas de control para aplicar la regla fiscal y el capítulo de contención del gasto en salarios. Citó en estas funciones a la Procuraduría General de la República (PGR), la Contraloría General de la República (CGR) y la Asamblea Legislativa.
Indicó que el Gobierno trabaja en la creación de un Consejo Fiscal que tendrá la misión de supervisar de manera independiente el cumplimiento de la Ley 9.635 y la razonabilidad de las proyecciones fiscales.
Según Cubero esta es una figura que existe en otros países y que fue pedida por diferentes organismos internacionales a Costa Rica como parte de una buena práctica en esta materia.
Este jueves el analista de mercados emergentes de Oppenheimer, Thomas Jackson, dijo que el desempeño fiscal de Costa Rica en 2019 “superó todas las expectativas y probablemente provocará una rebaja crediticia adicional por parte de las agencias de calificación”. Las declaraciones fueron publicadas por Bloomberg.
Jackson recordó que tres agencias de calificación (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s) mantuvieron al país con perspectiva negativa durante todo el 2019, luego de las degradaciones que aplicaron, entre diciembre del 2018 y enero del año pasado, a la calificación de riesgo de Costa Rica.
Uno de los puntos que destaca el analista es el clima adverso para que el Gobierno pueda conseguir una nueva autorización en el Congreso para emitir $4.500 millones en eurobonos este año.
