EscucharMucho ha cambiado desde 1991, cuando Desyfin S.A inició operaciones para “satisfacer las necesidades de financiamiento de las personas y empresas mediante productos ágiles y flexibles”, según se lee en el sitio web de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), donde aparece todavía como emisor registrado.
Aquella sociedad anónima, enfocada principalmente en financiamiento de pequeñas y medianas empresas, poco a poco se convirtió en la entidad financiera no bancaria supervisada más grande de Costa Rica si se mide por activos totales.
Según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), los activos de Desyfin alcanzaron la cifra de ¢166.868 millones en agosto de 2023.
Sin embargo, ya a finales de ese año existían señales de lo que sería su debacle, pues la entidad cerró el 2023 con pérdidas que ascendieron a los ¢1.141,5 millones.
La Sugef detectó una serie de situaciones que condujeron a la intervención de la financiera. Entre ellas, se encontró una reducción de más del 50% del patrimonio, dadas las pérdidas de la entidad como consecuencia del déficit en las estimaciones específicas requeridas para la cartera crediticia.
En la cúpula de la financiera, con dueños privados, se encontraba la familia Lacayo Beeche, integrada por Silvio Lacayo Lacayo, Hortensia Beeche Michaud, así como los hijos de ambos: Silvio, Manfred y Mauricio Lacayo Beeche.
A continuación, El Financiero hace un recuento de los principales hechos ocurridos en torno a la debacle de la financiera, hasta el día de hoy
Enero - junio 2024:
Durante el primer semestre del año, Desyfin acumuló pérdidas por ¢3.318,38 millones.
Julio 2024:
Silvio Lacayo Beeche presentó su renuncia como gerente general de Grupo Desyfin para “desempeñar funciones más estratégicas para la empresa financiera”, según un hecho relevante publicado por la BNV el 10 de julio.
13 de agosto de 2024:
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) informó que procedía con la intervención de Desyfin S.A. Entre las razones, se señaló la subvaluación de un 20% de su cartera crediticia, una débil gestión de riesgos, actuaciones contrarias a las disposiciones regulatorias vigentes y registros incorrectos de gastos e ingresos.
También se determinó que la junta directiva, la alta gerencia y la Auditoría Interna incumplieron su responsabilidad de advertir y mitigar los riesgos de forma oportuna.
Los recursos de los depositantes e inversionistas quedaron “congelados”; es decir, no pueden retirarlos o hacer uso de ellos.
14 de agosto de 2024:
Como representante legal de la financiera, Silvio Lacayo declaró mediante un comunicado: “quiero aclarar que no ha existido ocultamiento de información por parte de Financiera Desyfin. Desde el primer momento, hemos actuado con total seriedad, responsabilidad y transparencia y hemos entregado toda la documentación requerida por Sugef.” Añadió que estaban comprometidos en colaborar con los reguladores durante el proceso de intervención.
9 de octubre de 2024:
Al concluir la intervención, el Conassif declaró que Desyfin era inviable financieramente y ordenó su proceso de resolución. Este mecanismo busca concluir de manera ordenada las operaciones de la entidad para proteger la estabilidad del sistema y los ahorros del público.
La interventoría, encabezada por Marianne Kött, encontró pérdidas de la financiera por ₡21.968 millones a agosto del 2024, derivadas de ajustes en la información financiera y contable, así como una pérdida de la totalidad del patrimonio. La suficiencia patrimonial de la entidad cayó a -10,7%.
El Conassif y la Sugef aplicaron el modelo de resolución de separar los activos y pasivos en dos grupos: el “banco bueno”, con elementos sanos y transferibles a otra entidad, y el “banco malo”, conformado por la cartera incobrable o deteriorada.
17 de octubre de 2024:
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual efectuó nueve allanamientos relacionados con Desyfin, con el propósito de recopilar pruebas para una investigación por posible administración fraudulenta. Esta se tramita bajo el expediente 24-000074-621-PE.
Los allanamientos se realizaron en las oficinas centrales de Desyfin, en la arrendadora del grupo financiero, en cinco casas de habitación y en dos oficinas de abogados, a las cuales se les vincula con presuntas “acciones fraudulentas” en las que habrían participado los dueños mayoritarios de la financiera.
20 de enero de 2025:
Un grupo de inversionistas del fideicomiso Emisión, Administración y Garantía de la Emisión Privada de Deuda 2017 —creado por los accionistas principales de Grupo Desyfin—, demandó al Estado y a la Sugef, ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El objetivo de la acción judicial es salvaguardar el patrimonio de las personas afectadas, incluidos adultos mayores. Este grupo invirtió $5,5 millones en el fideicomiso, cuyo fin era captar $10 millones para comprar cartera de crédito a la financiera.
3 de marzo de 2025:
Trascendió que la Fiscalía tiene a 26 personas como imputadas, entre altos directivos, socios y asesores legales de Desyfin, bajo cargos de administración fraudulenta.
Según reveló el diario La Nación, la Fiscalía presume que se usaron fideicomisos y sociedades anónimas para ocultar los números reales de la financiera. También, supuestamente, se habrían alterado los registros contables y se presentaron informes inexactos a la Sugef.
En la cúpula de la financiera se encuentra la familia Lacayo Beeche. También, forman parte de los imputados miembros de la Junta Directiva, de apellidos Montero Pochet, Corrales Salas, López Pacheco, Gerchow Moya, Silva Gamboa y Solano Gómez.
31 de marzo de 2025:
La Administración de la Resolución de Financiera Desyfin S.A., puso a la venta diversos activos de la entidad.
La Sugef informó que el equipo resolutor estaba trabajando para evitar el deterioro de la cartera crediticia, principal activo de la financiera. Producto de esto, la gestión de cobro de dicha cartera logró una recuperación de dinero, el cual se ha invertido en instrumentos financieros de alta liquidez.
Se reportó un crecimiento del 90% del saldo de efectivo y equivalentes, al pasar de ₡32.068 millones en julio de 2024 a ₡61.037 millones en enero de 2025.
13 de junio de 2025:
El Conassif aprobó un mecanismo de resolución que permitirá devolver el 100% de sus recursos a 2 989 personas con depósitos garantizados hasta por ₡6 millones (74% de los ahorrantes de la financiera). Para el caso de los 1 031 depositantes con ahorros superiores a los ₡6 millones (26% restante), se les devolverá el 48,97% de sus depósitos sobre el exceso, conforme a la fecha de vencimiento.
En esta misma fecha se informó que se descartó excluir activos y pasivos hacia otra entidad financiera (“banco bueno”), dado que la única oferta recibida presentó elementos técnicos y legales que no estaban alineados con los objetivos del proceso.
También se rechazó la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), de forma que los recursos para pagar a los clientes salen de las propias gestiones internas de recuperación.
15 de junio de 2025:
Actualmente se están ultimando detalles para efectuar la devolución a los ahorrantes en el menor tiempo posible, según informó Conassif. El procedimiento y fecha se darán a conocer en las próximas semanas.
La Resolución avanza en la negociación para la venta directa de cartera crediticia y bienes, con el fin de realizar posibles devoluciones adicionales antes del inicio del proceso concursal.
Los procesos judiciales siguen en marcha.
9 de octubre de 2025:
Fecha prevista para el inicio del proceso concursal.
