La nueva resolución emitida por el Ministerio de Hacienda sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) debe encender las alarmas del sector empresarial, debido a que podría representar un sensible aumento en los costos operativos.
Así lo viene anunciando el Colegio de Contadores Públicos el cual, incluso, prepara una medida cautelar contra la decisión tomada el pasado 29 de abril de 2026 por la cartera de Hacienda.
Según el gremio, las empresas deberán asumir mayores gastos en auditorías, ya que necesitarán contratar profesionales con un nivel superior de experiencia y especialización.
Aunado a lo anterior, se sumarían inversiones en actualización tecnológica, capacitación de personal y cambios estructurales en procesos internos para poder cumplir con las nuevas exigencias contables impuestas.
No obstante, las autoridades de Hacienda explicaron que, con la implementación de esta medida, se busca brindar seguridad jurídica tanto a los contribuyentes como a la Administración Tributaria.
El trasfondo de las normas
Cabe recordar que las NIIF son reglas contables utilizadas globalmente para que las empresas presenten sus estados financieros de manera clara, uniforme y comparable.
Actualmente, existen dos tipos fundamentales:
- NIIF Full o plenas: Son más complejas y están pensadas para multinacionales, empresas que cotizan en bolsa, bancos, aseguradoras y grandes corporaciones.
- NIIF para PyMES: Consisten en una versión simplificada para pequeñas y medianas empresas, compañías con estructuras más sencillas y negocios que no cotizan en bolsa.
Sin embargo, el conflicto actual reside en la obligatoriedad de que algunos grandes contribuyentes, que utilizaban NIIF para PyMES, tengan que migrar hacia la categoría NIIF Full.
Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos, explicó que dicha transición implicaría costos adicionales considerables.
Además, aseguró que esta tercera resolución introduce términos incorrectos.
“Por ejemplo, señala que las empresas deben preparar su contabilidad bajo un estándar internacional y presentar estados financieros bajo otro estándar. Además, incorpora un cambio importante: por interés fiscal, todas las empresas catalogadas como grandes contribuyentes deberán auditar bajo NIIF Full o NIIF Plenas”, afirmó Ovares.
Carlos Camacho, socio de la firma Camacho Internacional, aseguró que la Administración Tributaria no tiene la potestad de definir cuáles normas contables deben aplicarse en el país, ni de exigir de manera obligatoria que empresas como los grandes contribuyentes adopten las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Esa competencia le corresponde al Colegio de Contadores Públicos, que es la entidad facultada para establecer y regular este tipo de disposiciones contables.
La ruta legal y el impacto financiero
Pese a que el gremio realizó un acercamiento político y técnico con las autoridades de Hacienda presentando ejemplos concretos, Ovares destacó que no recibieron la apertura esperada.
“Ahora la única alternativa que vemos es por la vía legal, porque la resolución ya fue publicada, aprobada y es de conocimiento público”, aseveró.
Asimismo, los expertos cuestionan que la interpretación realizada por Tributación podría alejarse de los estándares internacionales emitidos por el International Accounting Standards Board (IASB, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad).
“Por ejemplo, si una empresa no cotiza en bolsa, no pertenece a un grupo multinacional y no tiene obligación pública de rendir cuentas, perfectamente puede llevar su contabilidad bajo NIIF PyMES”, destacó el jerarca del Colegio.
En términos de presupuesto, el cambio es drástico. Dependiendo de la firma auditora y del tamaño de la empresa, una auditoría bajo NIIF Full podría costar entre un 30% y un 40% más que una bajo el estándar de PyMES.
“En términos nominales, estos cambios implicarán gastos de entre $15.000 y $20.000″, dijo Ovares.
Complejidad técnica y riesgos país
Para Mauricio Artavia Mora, representante del Colegio de Contadores, la resolución obliga a que los trámites sean significativamente más complejos.
“Mientras las NIIF para PyMES se concentran en un único documento con 35 secciones, las NIIF Full abarcan tres tomos de aproximadamente 2.000 páginas cada uno y más de 50 normas técnicas”, puntualizó.
Además, advirtió que se corre el riesgo de que tambalee la permanencia de Costa Rica en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya que se hacen revisiones periódicas y el país debe demostrar alineamiento técnico y regulatorio con los estándares internacionales.
Es importante subrayar que, si la medida cautelar no es aceptada, la resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Ante este escenario, las compañías deben prepararse con antelación siguiendo estas recomendaciones:
- Revisar bajo qué estándar NIIF opera actualmente la empresa.
- Verificar si califica para utilizar NIIF para PyMES o si deberá migrar a NIIF Full.
- Consultar con contadores y auditores especializados.
- Capacitar al personal financiero y administrativo.
- Actualizar sistemas contables y procesos internos.
- Mantener correctamente documentadas las conciliaciones fiscales.
El desafío de los arrendamientos y la sostenibilidad
Por otra parte, Jorge Salazar, Socio de Auditoría de Grant Thornton, señaló que otro de los cambios críticos se da en el caso de los arrendamientos. La normativa obliga a las compañías a realizar cálculos y elaborar tablas por cada contrato de alquiler vigente. Esto implica reconocer un activo por el uso del bien, un pasivo por la obligación futura, y registrar gastos por depreciación, intereses e incluso diferencial cambiario.
Esta situación se vuelve especialmente compleja para empresas con flotas de vehículos o maquinaria pesada, ya que representa un aumento considerable en horas profesionales y recursos técnicos.
A esto se suma que, aunque esta norma debe aplicarse contablemente, no es aceptada por la Administración Tributaria para efectos fiscales.
Como consecuencia, las empresas deben reconocer cuentas de impuesto sobre la renta diferido, alejando aún más la base contable de la base fiscal e incrementando el riesgo de errores.
Finalmente, se implementarán las nuevas normas de sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2, las cuales no son requeridas bajo el estándar de PyMES (excepto para grandes contribuyentes).
“Los costos de la implementación de estas normas al no haber entrado aún en vigencia en Costa Rica no se han cuantificado. Sin embargo, no cabe duda de que serán muy onerosas no solo para su desarrollo e implementación, sino también para ser auditadas”, concluyó Salazar.
