Por: Manuel Avendaño Arce.   15 octubre
Personas y empresas afectadas económicamente por la crisis del coronavirus se favorecerán con el dinero que el Banco Central entregará a las entidades financieras. Fotografía: Jorge Castillo.
Personas y empresas afectadas económicamente por la crisis del coronavirus se favorecerán con el dinero que el Banco Central entregará a las entidades financieras. Fotografía: Jorge Castillo.

Cooperativas, mutuales, bancos y financieras aún tienen en la mesa de diseño los planes que presentarán al Banco Central de Costa Rica (BCCR), para solicitar los recursos de la inyección especial por casi ¢700.000 millones que esa entidad aprobó el pasado 3 de setiembre. Parte de los recursos estaría disponible en los últimos dos meses del año.

El objetivo de los intermediarios es que puedan renegociar deudas y colocar créditos a los más afectados por la pandemia.

Sin embargo, mientras avanzan en el desarrollo de los mecanismos necesarios para las operaciones, algunas de las entidades han encontrado limitaciones o factores que podrían desincentivar la utilización de esta línea de crédito.

EF consultó a 10 de las instituciones financieras reguladas más importantes del país, para conocer cómo se preparan con el fin de pedir esta facilidad especial y temporal de dinero cuyo nombre técnico es Operaciones Diferidas a Plazo (ODP).

El monto global y exacto de esta inyección es de ¢697.108 millones, de los cuales el 76,37% (¢532.413 millones) quedaría en manos de los bancos, y el 23,63% restante (¢164.695 millones) se destinaría a mutuales, cooperativas, financieras y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Cada entidad puede acceder a un porcentaje de la bolsa total de acuerdo con su participación en el crédito al sector privado a junio del 2020. Así se detalla en el acuerdo de Junta Directiva del Central del pasado 3 de setiembre (JD-5955/05).

Las líneas de crédito se concederán únicamente a aquellas instituciones reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Según las reglas fijadas por el Banco Central, las entidades interesadas en obtener estos recursos deberán presentar un plan con el detalle del tipo de cliente que pretenden financiar (personas, pymes, empresas, etc.), además de las condiciones de los créditos u operaciones.

Esta facilidad de recursos le permitirá a los intermediarios obtener el dinero a un plazo de cuatro años con un interés de Tasa de Política Monetaria (TPM), que se ubica en 0,75% desde el 18 de junio, más cinco puntos base (0,05%), que se aplicará durante todo el crédito.

Preparación de planes

Davivienda, el Banco de Costa Rica (BCR), Grupo Mutual, Coopeservidores, Scotiabank y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), indicaron a este medio que actualmente trabajan en la elaboración de los planes que deben presentar para acceder a los recursos.

Allan Calderón, subgerente general de crédito y riesgo del Banco Nacional, recordó que apenas han pasado poco más cuatro semanas desde que el BCCR aprobó esta facilidad de crédito.

“Se deben seguir varias valoraciones internas, por ejemplo, perfil de riesgo de clientes y segmentación de estos; análisis de impacto de liquidez del uso de estos recursos, impactos en indicadores normativos, efectos en la solvencia de la institución, así como elaborar operativamente ajustes en sistemas, reportes, normas de uso de recursos y comunicación de esta implementación”, añadió el vocero.

El BCR confirmó, por medio de su oficina de prensa, que sí presentará la solicitud para acceder a los ¢80.470 millones que le corresponden con base en su participación en el crédito al sector privado.

“El uso de las Operaciones Diferidas a Plazo debe cumplir con una serie de requisitos tales como: la definición de un plan de la entidad que detalle sectores, tasas pactadas, procesos de readecuación o nuevos créditos otorgados, estos textos deben ser aprobados por la Junta Directiva”, indicó la entidad, vía correo electrónico.

El BCR prevé contar con los recursos en noviembre.

Arturo Giacomin, presidente de Davivienda Costa Rica, aseguró que se enfocan en la etapa de definición del plan que enviarán.

“Los principales beneficiados del financiamiento de estos recursos serán personas físicas y jurídicas afectadas directa o indirectamente por el impacto de la COVID-19”, agregó Giacomin.

Mientras que Amedeo Gaggion, director de tesorería de Scotiabank, confirmó que también se enfocan en la construcción del plan que enviarán en las próximas semanas al BCCR. Esta entidad espera contar con los recursos de forma gradual a partir de diciembre.

“La solicitud de fondos será paulatina y enfocada en apoyar a nuestros clientes y contribuir a la reactivación económica del país. Lo mismo, considerando varios factores como tasas finales y la variedad de tipos de préstamos que actualmente ofrecemos”, apuntó Gaggion.

Coopeservidores está en el proceso de elaboración del documento con el objetivo de pedir los ¢17.914 millones a los que podría acceder, con miras a recibirlos en diciembre.

“Estos recursos financieros serán trasladados a nuestra base social, favoreciendo a aquellos asociados que han sido afectados por la pandemia del COVID-19”, explicó Mario Campos, director de Operaciones y Finanzas de la cooperativa.

Guiselle Villalobos, directora de colocación de Grupo Mutual, comentó que se preparan para hacer la solicitud al BCCR en los próximos días y esperan obtener el dinero antes de que termine el 2020.

“El programa sería para beneficiar a los clientes actuales que hayan visto afectada su actividad económica, sus ingresos o capacidad de pago debido a la situación sanitaria. El planteamiento incluye la posibilidad de realizar prórrogas o refinanciamientos, con condiciones especiales de tasas de interés”, concluyó la vocera.

Este medio consultó al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta, a pesar de que se trata de la cuarta entidad con derecho a mayor participación del los recursos, con ¢80.470 millones.

Dudas y resquemores

No todas las entidades financieras planean pedir dinero de esta inyección especial. Algunas dudas o resquemores sobre temas técnicos ponen en vilo la opción.

Johnny Gutiérrez, gerente financiero de Coopenae, dijo que todavía se encuentran en la valoración de detalles, aunque el dinero se utilizaría para apoyar operaciones de vivienda, pymes, readecuaciones que mejoren la liquidez y el costo de la deuda de personas y empresas afectadas por la pandemia.

“Esperamos hacerlo pronto, pero debemos resolver antes cómo cumplir con una condición establecida por el BCCR: No podrá pagar dividendos o excedentes (según corresponda) durante los siguientes doce meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta facilidad, con excepción de los compromisos relacionados con acciones preferentes", detalló.

Según Gutiérrez, en las cooperativas de ahorro y crédito, la decisión sobre la distribución de excedentes le corresponde a la Asamblea General de Delegados. Por lo tanto, para cumplir con ese requerimiento del Central, tendrían que esperar al momento en que se realice la asamblea.

En BAC Credomatic señalan que existen temas operativos y de diseño que limitan la factibilidad de usar esta línea especial. Por ejemplo, la restricción de utilizar la cartera como activo colateral.

“La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ha estado en comunicación con el Banco Central gestionando este punto. Bajo las condiciones actuales, no vemos probable utilizar los fondos”, aseveró Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativas, mercadeo y sostenibilidad de BAC Credomatic.

Para Mucap existen algunos factores que se evalúan con detenimiento antes de presentar la solicitud formal.

“La entidad no ha presentado el plan para acceder a los recursos de la facilidad especial, por cuanto el esquema aprobado incluye dos elementos que aún se analizan internamente para determinar su viabilidad: las garantías solicitadas y el marco sancionatorio”, manifestó Bernal Allen, sugerente financiero de esta mutual.

La mayoría de las instituciones consultadas espera contar con el dinero antes de que finalice el año con la meta de mejorar los créditos y ofrecer condiciones blandas a quienes enfrentan dificultades para pagar sus préstamos, pero tenían una mejor situación antes de la crisis del coronavirus.