La insuficiente sostenibilidad que enfrenta el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y que pone en apuros a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) requiere de reformas urgentes e integrales que permitan dar oxígeno al sistema y una mayor cobertura.
Parte de las reformas podrían ir enfocadas a una transformación de cargas sociales en impuestos generales así como la creación de una pensión universal que permita una mayor cobertura en la población adulta mayor.
Así se recalcó en el foro “El futuro del Sistema Nacional de Pensiones”, organizado por la Academia de Centroamérica y en el que participaron la actual superintendente intendente de pensiones, Rocío Aguilar; el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez y el exsuperintendente de pensiones Edgar Robles. La actividad fue realizada virtualmente el pasado viernes 10 de setiembre.
La primer reforma fue expuesta por Robles, quien aseguró que no ve viable un sistema de pensiones justo si no se disminuye el costo de la formalidad en el país, lo que significaría pasar algunas cargas sociales que actualmente se cargan sobre las planillas a impuestos generales.
“¿Cuáles cargas se pueden pasar? Las que no están asociadas a pensiones y salud, como asignaciones familiares, Fodesaf, IMAS (...), y cobrársele a todas las personas. Eso provocaría que baje el costo de la formalidad, se creen más trabajos, aumente la base de cotizantes para la CCSS y mejore el crecimiento económico”, dijo el exsuperintendente.
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En una segunda línea, los expositores abordaron la creación de una pensión básica universal, que buscaría erradicar la pobreza en la vejez y romper un círculo de vulnerabilidad familiar, pues la cobertura del régimen es insuficiente.
“El 59% de las personas mayores de 60 años no tienen ninguna pensión y si lo hacemos para personas mayores de 65 años es cercano al 50%, el sistema de pensiones costarricense no le está llegando a la mitad de las personas”, comentó Robles.
La creación de una pensión básica universal conllevaría reformas alineadas a principios de solidaridad, cobertura, sostenibilidad y suficiencia, según explicó Aguilar. Entre los cambios propuestos dentro de los pilares del sistema está la unificación de la contribución del Estado como patrono (existen disparidades al respecto y se brinda una mayor contribución al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial) y una inversión más activa de los recursos.
Por otro lado, una de las observaciones fue que el régimen debe experimentar una transformación integral que permita ajustarlo a las realidades del mercado laboral costarricense y los cambios demográficos que se encaminan, como todo el mundo, a una progresiva disminución de natalidad.
Además, los expositores insistieron en que atacar el tema de la sostenibilidad del régimen de pensiones pasa también por abordar el alto porcentaje de informalidad laboral con el que cuenta Costa Rica, que afecta las contribuciones al sistema y genera más pobreza.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el trimestre de mayo, junio y julio de 2021, se estimó que la población con un empleo informal fue cercana a las 875.000 personas, de las cuales 553.000 son hombres y 322.000 mujeres. Es decir, el 43,8 % del total de ocupados tiene un empleo informal.
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Problemas de sostenibilidad
“La Caja no reaccionó pese a la caída de la natalidad y mayor longevidad”, aseveró la superintendente sobre los antecedentes del IVM que ahora presenta un grave problema de sostenibilidad.
Según Aguilar el déficit actual del IVM sin reforma es de 2,86% del PIB del 2018, es decir, alrededor de ¢100 billones (cifras antes de la pandemia).
En el foro se recalcó que la CCSS tiene una razón de solvencia aproximada únicamente del 48%. Con la reforma hecha por la Caja el mes anterior, la razón de solvencia podría elevarse a un 60%.
Dicha reforma elimina la pensión anticipada para hombres y para las mujeres modifica la edad a los 63 años. “Esto no es nada más y menos que un paliativo para ganar tiempo (para el rediseño del sistema)”, dijo Aguilar.
