Fiscalía allanó el Conassif en busca de pruebas por supuesto incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública

Las autoridades confirmaron que la investigación se relaciona con un acuerdo tomado por los miembros del Conassif, en sesión realizada el pasado 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad, Róger Madrigal, retirar una denuncia presentada contra superintendenta de la Sugef, Rocío Aguilar.

“En apariencia, dicha sesión y, en consecuencia, el acuerdo, fueron declarados como confidenciales”, explicó el Ministerio.

El pasado 17 de agosto, la superintendenta Aguilar dio a conocer a la prensa que fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por negarse a entregar información crediticia de deudores con número de identificación al Banco Central. Según comunicó la Sugef, la denuncia fue interpuesta por la gerente general del BCCR, Hazel Valverde el pasado 21 de abril.

“Según se cree, Aguilar argumentó que se trataba de información sensible, esto pese a que la Sugef no tiene autorización para recopilar datos sensibles, lo cual incluso se ha establecido por parte de la Sala Constitucional”, señala el mensaje compartido por el Ministerio Público.

La Fiscalía también busca si demás miembros del Consejo Directivo habrían incurrido en los presuntos actos delictivos.

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“En virtud de la gravedad de la situación y del respeto al trabajo de las autoridades judiciales de nuestro país, el Banco Central se abstiene de brindar declaraciones o manifestaciones públicas sobre el particular, así como del desarrollo de las investigaciones de las que eventualmente pudiera tener conocimiento”, mencionó el Central en el comunicado.

El Banco Central también confirmó este viernes por medio de un comunicado de prensa que hubo un allanamiento en la Secretaría de Actas del Conassif, ubicada en las oficinas centrales del ente emisor, con el fin de “incautar documentos potencialmente relacionados con la comisión de aparentes faltas al ordenamiento jurídico”.