En Costa Rica, de cada ¢100 colones que una familia con deudas gana, ¢30 se destinan al pago de los compromisos con sus acreedores. Si la cifra le parece pequeña, también se puede estimar en ¢3.000 por cada ¢10.000.
El ingreso de los hogares que reportaron tener al menos un tipo de deuda se reduce, en promedio, un 30% cada mes, de acuerdo con estimaciones realizadas por EF con base en datos extraídos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh 2018) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el pasado 14 de noviembre.
Para llegar a esta conclusión fue necesario utilizar los datos públicos de la encuesta en los que se muestra el ingreso corriente bruto por hogar (total de dinero que percibe) y restarle el ingreso disponible (total de ingreso corriente bruto menos gastos de no consumo, como impuestos y contribuciones sociales). A ese monto se le restó el promedio de pago mensual de las familias con deuda.
Los resultados muestran que, por ejemplo, las familias de menores ingresos (I quintil) reciben ¢303.464 por mes. A ese monto se le deben restar los gastos que no son de consumo, lo que deja un total de ¢275.535 como el monto disponible para la compra de alimentos, ropa, electrodomésticos, entretenimiento y alimentación fuera del hogar.
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De esos ¢275.535, las familias deben destinar ¢49.016 al pago de diferentes tipos de acreencias, lo que significa una reducción del 25% en su ingreso disponible. Al final, cuentan con ¢226.518 para cubrir sus necesidades del mes.
Todas estas estimaciones se hicieron únicamente sobre el 60% de los hogares de Costa Rica que reportaron tener al menos una deuda y se excluyeron los que forman parte del restante 40% que no tiene ese tipo de compromisos.
La cifra de ¢226.518 para gastar en consumo parece pequeña si se la compara con el promedio nacional (con hogares endeudados y no endeudados) que se registró en ¢291.953 por mes.
Cabe señalar que una familia del grupo de quienes menos ingresos perciben está constituida, en promedio, por 3,9 personas, frente a las 2,6 personas del grupo con mayores ingresos (V quintil). Esto quiere decir que se reparte menos ingreso entre más personas de las familias que perciben menos dinero mensual.
Este medio solicitó a Annia Chaves, encargada de la Enigh 2018, los datos del ingreso corriente bruto y el ingreso disponible de los hogares por quintil para el segmento de 920.923 familias que indicaron tener deudas en la encuesta.
La información entregada por el INEC permitió calcular cuánto dinero les queda realmente a los hogares endeudados del país tras el pago de sus compromisos.
Vivir “de a prestado”
El 30% de las deudas de los hogares en esta condición se encuentra en manos de empresas comerciales, como almacenes de electrodomésticos y tiendas departamentales; le siguen los préstamos con entidades financieras, los créditos de vivienda y las tarjetas de crédito.
Sin embargo, si se toman todos los hogares del país y se dividen en cinco grupos, de acuerdo con sus ingresos (lo que se conoce como quintiles), el zoom in revela que la estructura del endeudamiento de las familias cambia según la cantidad de dinero que perciben.
Mientras que entre los quintiles I y III la mayoría de las acreencias corresponden a créditos con empresas comerciales, en el último grupo –el que percibe más dinero– los compromisos están en bancos, mutuales y cooperativas.
El grueso de las tarjetas de crédito está en manos del grupo de los más adinerados, quienes perciben, en promedio ¢2,3 millones por mes, mientras que en los otros cuatro quintiles existe un porcentaje mayor de deudas con prestamistas informales, es decir, financieras en las sombras (sin supervisión) y personas que se dedican a este negocio y cobran altas tasas de interés.
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Para el economista Eli Feinzaig, durante la última década hubo una transformación en la demanda del crédito debido a una combinación de factores.
“Por un lado, la baja en la inflación hizo más atractivo el crédito porque provocó una reducción en las tasas de interés. Hace 15 años no se podía acceder a préstamos de vivienda por menos de 18% o 20% y en la actualidad estamos en menos de la mitad de eso”, señaló.
Otro factor que influyó fueron los cambios en las regulaciones que le quitaron competitividad a la banca privada para colocar préstamos en dólares, lo que llevó a estas entidades a modificar su estrategia para volcarse al mercado de tarjetas de crédito en esa moneda con tasas que, en algunos casos, son muy altas.
Feinzaig recalcó que en el país el crédito pasó de ser un apalancamiento para conseguir bienes duraderos, como casas o carros, a la constante para comprar bienes o servicios de consumo.
“Se creó una cultura de consumir de a prestado (…). Pasamos a una situación donde la pantalla plana, la plancha, la licuadora y absolutamente todo se compra a crédito. Esta realidad metió a muchas personas en un circulo vicioso que no es sano”, zanjó.
Las deudas de los hogares son 8,6% más grandes que el ingreso que perciben y crecen más rápido que en América Latina. Además, mientras que en el 2015 una familia debía, en promedio, ¢6,9 millones, la cifra aumentó a ¢8,7 millones para el 2019. Estos datos fueron publicados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
En la región, Costa Rica se encuentra entre los primeros lugares de endeudamiento de los consumidores con respecto al producto interno bruto (PIB), superada únicamente por Chile y Panamá. Estas cifras encendieron las alertas en el sistema financiero nacional para impulsar una serie de planes y productos que ayudaran a las personas con una alta carga de deudas.
Tiempos de salvamento
En tiempos de alto endeudamiento y de complejas realidades financieras para miles de familias en Costa Rica, el Gobierno impulsa una serie de medidas de salvamento para que los bancos del Estado presten dinero a personas con altos perfiles de riesgo con el fin de mejorar su condición.
Quienes se oponen a estos planes salvavidas argumentan que estos podrían generar una falsa sensación para estos clientes y que nuevamente obtendrían dinero para consumo con el fin de dinamizar una desacelerada economía, lo que a largo plazo podría traducirse en un desmejoramiento de su condición.
Danilo Montero, economista y director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), considera que estos planes son una oportunidad para muchas personas que de seguro ya aprendieron la lección luego de difíciles procesos de arreglos de pago, sacrificios de gastos de consumo e incluso embargos salariales.
“Para algunas personas, no tenemos la menor duda de que va a ser una oportunidad que van a aprovechar. Aquí vienen clientes de créditos a diario que están realmente asustados y estresados, que nos dan la impresión de que aprendieron la lección y están en un punto donde es posible contener el cáncer, porque para algunos es eso, un cáncer”, comentó Montero.
Sin embargo, en la OCF también registran casos de personas que se enfrentan a ciclos de endeudamiento muy fuertes con el objetivo de mantener un estilo de vida que no pueden sostener en el tiempo y, cuando las cosas se complican, se resisten a hacer cambios drásticos para mejorar su condición.
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“Sabemos de personas que están siendo ayudadas por los planes de salvamento de los bancos públicos. Cuando revisan sus casos les recomiendan vender el carro, pero ellas no lo hacen porque afirman que no se imaginan llegando en bus al trabajo. En esos casos no hay nada que hacer”, explicó el economista.
El Gobierno impulsó varias políticas macroeconómicas, como la reducción de las tasas de interés en colones, la limpieza del récord crediticio de 63.000 personas y la creación de los planes de salvamento. Además, en el Congreso se discuten dos proyectos de ley para regular las tasas de usura.
Esta coyuntura inédita en la economía costarricense abre la puerta para que el 60% de los hogares (en los que viven casi tres millones de personas) puedan mejorar su realidad económica con la refundición o liquidación de deudas, la obtención de mejores condiciones en tasas y plazos, y el acceso a educación financiera.
