La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) consideró que el ajuste en la metodología de cobro que realizará la Superintendencia de Pensiones (Supén) a los supervisados, a partir de 2024, es “abusivo”, “lesivo” y desproporcionado”, “no sólo para la operatividad institucional, sino también para el fondo de pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC)”.
Así lo externó la entidad este lunes 4 de setiembre mediante la publicación de un comunicado de prensa. La preocupación de Jupema es que el cobro se va a hacer considerando el total de los activos administrados por el RCC. “De esta forma, al ser el fondo de pensiones más grande del país, su aporte también será el mayor y crecerá según el incremento en los saldos administrados”, menciona el comunicado.
Esta disconformidad se dio a conocer a raíz de la entrada en vigencia del transitorio II de la Ley 9746 en enero de 2024, en el cual se estableció un incremento gradual del 20% al 50%, a razón de 7,5 puntos porcentuales por año.
A criterio de Seidy Álvarez, presidenta de Jupema, “nos parece un rubro excesivo, desproporcionado y abusivo que va en contra del equilibrio presupuestario de nuestra institución, lesionando, además, el fondo del RCC. Este es un golpe que no sólo afecta a Jupema, sino también a todos los entes administradores de los fondos de pensiones”.
Ante el pronunciamiento de Jupema, la Supén aclaró que la modificación al cobro de supervisados se aprobó desde el 16 de octubre de 2019, y en ella se dispuso que las cuatro superintendencias financieras se financien con recursos provenientes en un 50% del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y en un 50% con contribuciones de los supervisados por cada una de ellas.
Esto, según Supén, como parte de los requisitos solicitados para la incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Aunado a esto, la institución comunicó que en el caso de las entidades que supervisa, se modificó la base imponible para calcular la contribución. De esta manera, en lugar de un máximo del 2% de sus ingresos brutos anuales, se dispuso que cada supervisado contribuirá hasta con un máximo de un 0,02% del total de los activos administrados o de un 0,002% del monto calculado por beneficios pagados para los casos en que no se administren activos.
El intendente de pensiones, Adrián Pacheco, informó que estos cobros no representan un aumento en las comisiones que las operadoras de pensiones realizan a sus afiliados por la administración de sus saldos en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), dado que está establecido un tope del 0,35%.
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