Pese a que la idea del Gobierno es cobrar un “aporte solidario” a 14 empresas públicas del país para amortizar deuda, lo cierto es que varias de las instituciones incluidas en el proyecto de ley propuesto (N°22.384) presentan debilidades crónicas en sus finanzas entre el 2017 y el 2019.
EF revisó los estados financieros publicados por las instituciones en los periodos 2017, 2018 y 2019; la mayoría de las empresas aún no publican la situación de sus finanzas para el 2020.
Los resultados muestran dos mundos distantes entre las empresas: seis han reportado pérdidas en al menos uno de los tres años analizados; y de esas, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) han cerrado los tres periodos en números negativos.
Por otro lado, de las 14 entidades del Estado que tendrían que trasladar parte de sus ganancias para deuda, únicamente cinco reportaron utilidades con cifras mayores a ¢1.000 millones de colones en el 2019.
Si esto fuera un club, seis son las entidades que han logrado sobrepasar los ¢1.000 millones en ganancias de manera holgada en alguna vez durante los tres años analizados.
Mientras que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por ejemplo, cerró el 2019 con un resultado neto positivo de ¢121.000 millones, la subsidaria Compañía Nacional de Fuerza y Luz reportó un resultado integral de -¢24.000 millones.
El proyecto de ley se presentó a la Asamblea Legislativa el pasado 22 de enero como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora, los diputados deberán analizar la iniciativa y las instituciones brindar sus criterios técnicos al respecto.
El Banco Nacional y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ya advirtieron sobre las consecuencias que tendría en sus finanzas el aporte solidario de hasta un 30% sobre sus utilidades netas. Eventuales objeciones al proyecto por parte de las instituciones podrían complicar el proceso para su aprobación legislativa.
Otras de las instituciones incluidas en el texto señalaron que aún se encuentran analizando la propuesta del Ejecutivo para determinar sus posiciones al respecto.
Instituciones con dificultades
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), es una de las empresas estatales que no reportó ganancias en los últimos tres años. Según el informe financiero de la institución, para el 2019 se tuvo un resultado neto de aproximadamente -¢7.160 millones de colones y en el 2018 esa cifra negativa alcanzó los ¢6.595 millones.
Los ingresos totales de la institución en el 2019 fueron solo una tercera parte de los gastos en los que incurrió. Los gastos de funcionamiento (servicios, materiales y suministros contenidos, consumo de bienes distintos de inventarios, entre otros) significan casi toda la partida de los egresos de la institución.
En cuanto a los ingresos por bienes y servicios, Incofer recibió poco más de ¢2.000 millones en el 2019 y 2018. Para el 2019, pero el rubro de “otros ingresos” (resultados positivos por tenencia y exposición a la inflación, intereses, demandas judiciales, entre otros) cayó en más de un 70%, lo que significó la pérdida de ¢404 millones.
Otro caso caso es el de Japdeva. Los reportes financieros exponen la realidad de la institución, que ha tenido que recortar su planilla por mandato legislativo y que el año anterior tuvo que buscar recursos en los superávits de otras instituciones para cumplir con sus gastos quincenales. La Junta también vio embargada varias de sus cuentas bancarias tras un proceso judicial interpuesto por el sindicato de la institución, lo que complicó el cumplimiento de pagos.
En el 2019, el total de ingresos corrientes de la Junta disminuyó en un 60,5% respecto al 2018. Si bien los gastos también disminuyeron, fueron más altos que el total de ingresos. Las remuneraciones fue el rubro que más pesó.
Para ese año, la utilidad neta reportada por Japdeva fue de -¢18.570 millones; la institución tiene que transformar sus servicios para evitar la quiebra definitiva.
Entre las empresas con números negativos también están el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que en el 2018 reportó pérdidas netas por ¢15.017 millones y en el 2019 por ¢18.512 millones. Los rubros de remuneraciones, servicios y el gasto por depreciación histórica y devaluada fueron los que se llevaron gran parte de los ingresos de la institución en el 2019.
Por su parte, la Companía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) reportaron resultados con pérdidas para el 2019, pero no así para el 2018.
Finanzas positivas
En la otra acera están el ICE, el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y la Junta de Protección Social (JPS), que presentaron utilidades en el 2019 entre los ¢8.000 millones y los ¢121.000 millones.
Pese a que en el 2017 y el 2018 cerró con pérdidas, el ICE es la entidad que reportó mayores utilidades en el 2019, con un resultado integral de ¢121.663 millones.
Para ese año, la institución aumentó sus ingresos por operación tanto electricidad como en telecomunicaciones, así como el rubro de otros ingresos donde se incluyen servicios de construcción y ganancia por transferencia de activos. Además, disminuyó los gastos de operación en alrededor de ¢41.800 millones .
El INS, por su parte, ha presentado utilidades netas positivas en los últimos tres años, al igual que el BCR, el Banco Nacional y la JPS. No solo son estables en la generación de resultados positivos, sino que están entre los que más aportarían en caso de que se apruebe el pago.
En el proyecto de ley, el Gobierno también enlistó a otras instituciones como Correos de Costa Rica, Editorial de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y Racsa, cuyas utilidades en el 2019 se ubicaron entre los ¢29 millones y los ¢800 millones.
Se pretende que estas 14 empresas públicas, “que por su giro comercial generan utilidad disponible después del pago de impuestos y cualquier otra carga”, giren un aporte solidario cuyo porcentaje máximo sería hasta el 30% de dichas utilidades.
El objetivo del proyecto legislativo es recaudar por año lo equivalente al 0,20% del PIB y el impuesto sería por un periodo de cuatro años. Además, el proyecto de ley aclara que las instituciones tendrán prohibición de recargar el traslado del porcentaje que se establezca a los usuarios o consumidores finales de los bienes o servicios que ofrecen.
La iniciativa legislativa excluyó a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y al Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), que hace unos meses se encontraban en la primera línea de los planes del Gobierno para aumentar los ingresos del Estado. Desde inicios del 2020, el Gobierno comunicó la intención de vender dichas instituciones para reducir el déficit fiscal, pero ambas quedaron por fuera del plan propuesto al FMI.
Parte de los obstáculos del plan para vender a Fanal, por ejemplo, es que la institución desconoce a cuánto asciende de manera definitiva su deuda.
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Camino complicado
Varias de las instituciones ya han emitido un criterio preliminar de la propuesta, que tendrán que dar con mayor formalidad ante los diputados. Sin embargo, la posición de algunas de las empresas estatales anticipan que el proyecto no tendrá un camino fácil en la Asamblea Legislativa para su aprobación.
El Banco Nacional advirtió que otorgar más recursos de las utilidades al Estado podría representar un limitante para el crecimiento del crédito.
“Ya hoy, más de un 60% de las utilidades son trasladadas al Gobierno Central o a entidades con fines específicos (...). Cada colón adicional de utilidad que debamos trasladar al Gobierno Central conllevará que se deje de prestar al menos diez colones”, señaló la dirección general de Relaciones Institucionales.
En el caso de Recope, manifestaron que la línea de utilidad en sus informes no corresponde en sí a un ingreso producto de actividad comercial, si no a montos disponibles para inversión que se denomina “rédito sobre la base tarifaria”.
La posición de la institución es que, un impuesto a dicha “utilidad contable” conduciría a una “reducción de los recursos para el financiamiento de los diferentes proyectos de inversión”. Esto, según argumentaron, podría deteriorar la calidad del servicio o, en su defecto, obligar al endeudamiento para compensar la reducción de recursos.
El rechazo al proyecto legislativo pondría al Gobierno en apuros y en la búsqueda de otra propuesta para recaudar un 0,20% del PIB que se pretende con la medida. Los proyectos de ley presentados en el marco del acuerdo con el FMI deben aprobarse antes de julio, según dijo el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
“Como lo manifestó la jefa de misión del FMI, Manuela Goretti, es importante que esos proyectos se aprueben ojalá antes de que se avale el acuerdo por parte del Fondo. Precisamente esta entidad realiza su primera revisión a finales de este semestre y es fundamental que las iniciativas ya estén aprobadas para ese momento”, indicó el jerarca.
Otras instituciones como el Banco de Costa Rica aún se encuentran analizando las implicaciones financieras que la medida tendría. De igual forma replicó la oficina de prensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Las empresas del Grupo han mantenido conversaciones con la Presidencia de la República sobre este tema, y actualmente están realizando el debido análisis de la propuesta para enviar, cuando corresponda, los criterios oficiales a la Asamblea Legislativa”, señalaron desde ICE.
Por su parte, el INS señaló que hasta hoy un 25% de sus utilidades se traslada al Estado y que están en análisis de la propuesta para emitir su criterio cuando los diputados lo soliciten.
EF consultó a otras de las instituciones incluidas en el proyecto de ley la posición respecto a la iniciativa, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
