Escuchar
El espectro de supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) podría incluir a los operadores de tarjetas de crédito, si las reformas que lo proponen reciben el visto bueno por parte del Congreso.
El proyecto de ley 19.951 plantea cambios a legislaciones nacionales con el fin de atender deficiencias regulatorias en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Como parte de las novedades, está la propuesta de que los operadores de tarjetas de crédito, que no formen parte de un grupo financiero, sean regulados, de la misma forma en que es supervisado el resto de intermediarios financieros.
Así, estas firmas tendrían que identificar a sus clientes, mantener actualizados sus registros, comunicar las transacciones sospechosas y atender otros programas de cumplimiento obligatorio que definirá el regulador.
También estarían sujetas al control monetario del Banco Central de Costa Rica (BCCR), ya que se incluirían como parte de las entidades del artículo 117 de la Ley Orgánica de esta entidad.
Es decir, tendrían la misma fiscalización monetaria que los bancos públicos y privados, empresas financieras no bancarias, mutuales de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, y las asociaciones solidaristas.
Una propuesta más de este proyecto, en línea con el mercado financiero, sería la puesta en marcha de la política “Conozca a su Cliente”, de la Sugef.
Se trata de una plataforma tecnológica, similar al Centro de Información Crediticia (CIC), por medio de la cual la Sugef informará a las entidades fiscalizadas sobre la documentación de los clientes de estos intermediarios por cualquiera de las superintendencias del país.
Este proyecto de ley fue presentado en mayo pasado por el Poder Ejecutivo, al lado de otros en línea con la lucha contra el lavado de dinero, el fraude fiscal y el financiamiento al terrorismo, y desde entonces hace fila en la Asamblea Legislativa.
El Poder Ejecutivo trabaja en un texto sustitutivo, que presentará en las próximas semanas.
El nuevo texto pretende agrupar en un solo órgano especializado todas las categorías de los sujetos regulados vulnerables al delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de modo que la Sugef asuma todas las acciones de registro, control, supervisión y sanción, dijo Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia.
¿Por qué ampliar el espectro?
El proyecto nace luego de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Gafilat destacó la necesidad de que Costa Rica cuente con un ente que supervise a los operadores de tarjetas de crédito y, para no engrosar el Estado con la creación de una nueva institución, se decide aprovechar la capacidad instalada de la Sugef, dijo Alfaro.
Actualmente, las operadoras reportan las operaciones comerciales que realicen de manera reiterada, y en efectivo, a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Lo anterior es insuficiente, dado el riesgo de la actividad y su potencialidad para ser utilizada en el lavado de dinero y otras actividad ilícitas, así como por la presencia de elementos de banca “en la sombra”, lo que obliga que estas entidades sean incluidas en el perímetro supervisor de la Sugef, dijo Javier Cascante, superintendente de Entidades Financieras.
La exposición de motivos de la propuesta de ley destaca el riesgo que pueden representar los operadores no regulados de plásticos, donde “también hay elementos de banca a la sombra”.
LEA: Banca en la sombra se extiende entre los comercios
Por ello, se propone la supervisión de estos operadores “de la misma forma en que son supervisadas el resto de entidades que realizan intermediación financiera”, indica el texto.
La Sugef ha mostrado su interés de ampliar el parámetro supervisor, por lo que también trabaja en un estudio de la banca “en la sombra” que tendrá listo este 2016.
LEA: Sugef quiere supervisar más sistemas de financiamiento
El proyecto de ley, además, indica que las personas físicas y jurídicas que desempeñen actividades como remesas o transferencias de dinero mediante instrumentos como cheques, letras de cambio o similares; así como administración de fideicomisos, entre otros, deberán inscribirse en la Sugef, lo que no significará que ya cuentan con la autorización para operar.
También existirá una lista de sanciones de incumplimientos en la prevención de lavado de dinero, que por ahora no existe.
La Sugef contará con una unidad administrativa especializada y, en un plazo máximo de un año, el BCCR adoptará las medidas administrativas y presupuestarias para su funcionamiento.
Otra novedad con la puesta en marcha de la política “Conozca a su Cliente”, es que permitirá que los clientes de las empresas financieras no deban presentar sus documentos en todas las entidades, ya que estarán disponibles en la nueva plataforma.
El texto señala que será necesaria una autorización escrita del cliente para que las entidades accedan y utilicen la información de la base de datos.
La Sugef podrá cobrar un “cargo razonable” por los servicios de la plataforma, para que esta sea sostenible y funcione bien.
La propuesta
Reformas para la lucha contra fraude y financiamiento al terrorismo:
1. Operadores de tarjetas de crédito que no sean de un grupo financiero sujetos a fiscalización de Sugef y control monetario del BCCR.
2. Canje de dinero y transferencias mediante instrumentos, remesas, fideicomisos y otros, están sujetos a la ley y deben inscribirse en Sugef.
3. Sugef tendrá una unidad administrativa especializada en fraude y financiamiento al terrorismo sobre quienes desempeñen esas actividad.
4. BCCR tendrá un año para tomar medidas presupuestarias y administrativas para activar la unidad con los recursos necesarios para funcionar.
5. Nueva plataforma tecnológica, similar al Centro de Información Crediticia, que unifica datos para informar a todas las superintendencias.
Fuente Proyecto de ley 19.951.
