La Junta Directiva del Banco Popular lleva desde 2022 envuelta en una serie de polémicas alrededor de sus nombramientos, los cuales han estado desde el 2022 bajo el control del Poder Ejecutivo, contrario a lo que estipula la ley orgánica del banco.
Esta influencia por parte del Gobierno llevó al presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras (ATT) del Popular a calificar ese accionar como “una intervención maquillada”.
En los 15 meses en los que de forma pro tempore el Poder Ejecutivo ha tenido control sobre los directivos de este banco, se eligió a una nueva gerente por los próximos cinco años, una directiva fue investigada por enriquecimiento ilícito, se celebraron elecciones con solo una candidatura y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió sobre la idoneidad de los directivos que se seleccionen.
En el capítulo más reciente de esta novela, el Ejecutivo alargó indefinidamente su control sobre la junta tras no juramentar a los directivos votados por la ATT mientras investiga sus atestados.
A continuación repasamos las vicisitudes que ha dejado el último año y medio del Banco Popular.
Junta Directiva puesta por el Gobierno
La ley orgánica del Banco Popular dispone que la composición de la Junta Directiva Nacional de esta entidad —su máximo órgano de toma de decisiones— debe estar conformada por tres miembros seleccionados por el Poder Ejecutivo y cuatro designados por la Asamblea de Trabajadores del Banco.
La ATT es la máxima instancia del Conglomerado Financiero, la cual representa a los trabajadores de Costa Rica, dueños de la institución. Esta asamblea está compuesta por 290 delegados elegidos por diez sectores sociales.
Sin embargo, desde julio de 2022 la ATT no ha podido elegir a sus representantes en la junta del banco debido al decreto N°. 43638-MP-MTSS, firmado por el Presidente Rodrigo Chaves el pasado 22 de julio de 2022
Este documento buscaba implementar medidas para que el censo y la distribución de delegados que se acreditan para la Asamblea de Trabajadores sea más proporcional a los sectores sociales que representan. No obstante, en el proceso de reconfiguración el decreto le dio potestad al Gobierno de elegir a los cuatro miembros de la Junta Directiva que por ley representan a la Asamblea de Trabajadores.
Originalmente este control pro tempore no podía pasar de ocho meses mientras la ATT terminaba de integrar a todos sus representantes para el periodo 2022-2026.
Primera extensión y elección de gerencia
El 16 de mayo pasado, ya vencido el nombramiento temporal del Ejecutivo, el presidente de la República firmó un nuevo decreto en el que extendió por siete meses más a los miembros de la Junta Directiva elegidos por el Gobierno.
En junio de 2023, al exgerente general del Popular, Marvin Rodríguez, se le acabó su contrato, por lo que fue el trabajo de la Junta Directiva encontrar un reemplazo para su puesto, además del de la subgerencia General de Negocios. Esto derivó en que una junta temporal, con directivos no seleccionados por la ATT, fuera la encargada de nombrar la cúpula gerencial del banco por los próximos cinco años.
Ante la elección que debía hacer la Junta Directiva, la jerarca de Sugef, Rocío Aguilar, envió un oficio el 9 de junio advirtiéndole a los directivos que el nombramiento de la gerencia debía realizarse bajo las “sanas prácticas” y que la persona seleccionada debía contar los requisitos personales, académicos, técnicos y de experiencia necesarios para dirigir una entidad de importancia sistémica como lo es el Banco Popular, según reportó el diario La Nación.
Finalmente el 30 de junio se reveló que la nueva gerenta sería Gina Carvajal, economista que venía de presidir la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, donde había sido nombrada por el Poder Ejecutivo en julio de 2022.
Investigación de la Fiscalía
El 28 de setiembre el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública impuso como medida cautelar la suspensión de Genoveva Chaverri, presidenta de la Junta Directiva del Banco Popular, mientras se le investigaba por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, según dio a conocer el Ministerio Público.
La Fiscalía sospechaba que la directiva incluyó datos falsos en su currículum sobre las carreras universitarias que cursó para convencer al Consejo de Gobierno de elegirla como integrante de la Junta Directiva del Popular, en donde habría recibido un monto bruto de ₡26.716.355 por dietas mensuales.
Ese mismo 28 de setiembre Chaverri renunció a su puesto como directiva debido a “motivos de salud”.
Se le consultó al Ministerio Público sobre la investigación contra Chaverri —bajo el expediente 23-000269-1218-PE—. La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que el caso está en etapa de investigación.
Votaciones polémicas
El 4 de noviembre de 2023 la Asamblea de Trabajadores por fin votó para elegir a los cuatro representantes que irían a la Junta Directiva del Popular, pero no sin una dosis de polémica.
Grupos cooperativistas y solidaristas —dos de los diez sectores que conforman la ATT— reclamaron que un cambio en el reglamento les limitó la capacidad de postularse a los puestos directivos.
Un acuerdo de la Asamblea de Trabajadores de mayo de 2019 modificó las postulaciones a la Junta Directiva de ser nominales a que sean por papeleta. Esto significó que los interesados ya no podían participar individualmente, sino que tenían que negociar con representantes de los otros sectores para unir su postulación con la de tres individuos más en una papeleta, además de los cuatro suplentes.
Freddy González, presidente del Movimiento Cooperativo, y Raúl Espinoza, presidente del Movimiento Solidarista, le mencionaron en noviembre a El Financiero (EF) que este cambio no se comunicó adecuadamente, lo que, bajo el criterio de ambos, causó que solo se presentara una única papeleta para los puestos de la ATT. Es decir, en las elecciones no hubo contrincantes, solo se pudo votar por una opción.
Es de conocimiento de este medio que la candidatura de al menos una persona fue rechazada por presentarse de manera nominal, no obstante González mencionó que pueden ser hasta siete personas más las que vieron su propuesta truncada por no conocer el nuevo requisito.
La Sala Constitucional le confirmó a este medio que actualmente hay un recurso de amparo en contra de las elecciones de la ATT que de momento sigue en estudio de admisibilidad bajo el expediente 23-025425-0007-CO.
La misma Carvajal, quien ya era gerenta del banco, le comunicó a la Sala Constitucional que compartía las preocupaciones por “eventuales disposiciones restrictivas al principio democrático de sus copropietarios”. Sin embargo, agregó que la gerencia no tenía las competencias para dejar sin efecto el proceso de elección, según consta en una carta firmada por Carvajal el 25 de octubre y que EF tiene copia.
Control indefinido
Este 11 de enero el Gobierno publicó un nuevo decreto —N.° 44331-MP-MTSS— que extendió indefinidamente la capacidad del Gobierno de elegir a los miembros pro tempore de la Junta Directiva tras no juramentar a los cuatro miembros seleccionados por la ATT en noviembre.
La decisión la justificó en que el Ejecutivo se encuentra en la tarea de verificar que los directivos propuestos por la ATT cumplan con los requisitos de idoneidad que exige la normativa Conassif 15-22.
Esta normativa establece que los directores deben cumplir con una serie de requisitos en formación académica y experiencia en materia afín a la actividad financiera que desempeña la entidad.
El Gobierno también usó como justificación el oficio SGF-1420-2023, en el cual la Sugef, según se lee en el decreto, instó al Ejecutivo a revisar “a profundidad” el cumplimiento de los criterios de idoneidad individual y conjunta de todos los miembros de la junta del Popular que finalmente sea ratificados.
Se le consultó a la Sugef qué motivos o sospechas la llevaron a enviar el oficio, a lo cual respondieron que se trataba de “consideraciones prudenciales”.
El 28 de noviembre pasado, por medio del oficio ATT-0258-2023, la Asamblea le compartió a Presidencia la documentación que, a criterio de la ATT, servía como prueba de la idoneidad de los seleccionados. Sin embargo, Lenin Hernández, presidente de la Asamblea de Trabajadores, le comentó a EF que a la fecha no han tenido respuesta del Gobierno sobre cuáles miembros propuestos por la ATT no cumplen con los requisitos y que fue por los medios de comunicación que se enteraron de la extensión en los nombramientos temporales.
Este medio le consultó a Presidencia por cuánto tiempo máximo pretende mantener a los directivos temporales, pero no se ha obtenido respuesta ni acuse de recibido.
Según confirmó la oficina de prensa del Popular, el Gobierno —por lo menos al 16 de enero— todavía no había seleccionado a los cuatro directivos pro tempore, lo cual tiene a la Junta Directiva sin sesionar desde el 19 de diciembre pasado.
Actualmente solo hay tres directores juramentados: Jorge Eduardo Sánchez Sibaja (propietario), Nidia Consuelo de los Ángeles Solano Brenes (suplente) y María Clemencia Palomo Leitón (propietaria). Los tres son representantes del Ejecutivo.
Molestias en la ATT
“Para nosotros es una preocupación muy grande la que tenemos, casi una indignación, porque a todas luces se ve el irrespeto está teniendo el Ejecutivo con relación a la voluntad de los sectores que conformamos la ATT y que escogimos de manera democrática y autónoma a nuestros representantes para la Junta Directiva”, dijo Hernández, quien agregó que lo ven como una especie de”intervención maquillada” por parte del Gobierno.
El presidente de la Asamblea de Trabajadores también agregó que una de sus preocupaciones es que el Banco Popular pueda convertirse en una especie de “caja chica del Gobierno” en materia de patrocinios o financiamiento de programas del Ejecutivo si no se obtiene una Junta Directiva que represente también a los grupos trabajadores.
Los representantes que fueron escogidos por la ATT fueron Francisco Cruz Marchena, Iliana González Cordero, Gilbert Díaz Vásquez y Martha Eugenia Camacho Murillo. De suplentes eligieron a Víctor Mora Schlager, Wendy Vargas Méndez, Steven Oreamuno Herra y Ana Luisa Calvo Monney.
González Cordero también fue una de las directivas que el Gobierno nombró temporalmente en la Junta del Popular en 2023.
Hernández mencionó que la ATT está evaluando cuál camino tomar: si convocar una nueva Asamblea o ir por la vía judicial. De momento está a la espera del criterio legal del departamento correspondiente en la ATT. También agregó que ya hay un acuerdo por parte del directorio para llevar a la Asamblea Legislativa el caso. “Creemos importante que el primer poder de la República haga control político y un análisis de lo que está ocurriendo”, consideró Hernández.
Se le consultó a la gerencia del banco si les preocupaba el hecho de que no hubiese todavía representantes de la ATT en la Junta Directiva, sin embargo no dio calificativos. La oficina de comunicación de la entidad mencionó lo siguiente: “lo importante es que el Banco Popular tiene un gobierno corporativo muy bien estructurado y mantiene un funcionamiento que le permite ser una de las instituciones financieras más grandes y confiables para la ciudadanía”.
Con datos a octubre de 2023, el Popular era el banco con mayor patrimonio del país, con un valor de ₡927.096 millones. También se trataba de la cuarta entidad que más dinero prestaba en todo el sistema financiero: ₡2,81 billones, lo que equivalía a un 15% del total de la cartera crediticia bancaria.
