Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmaron que están depurando cerca de mil propuestas, recibidas a través de consultas populares, para darle sostenibilidad al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y que el resultado final de este proceso se dará a conocer a fin de este mes de abril.
A lo largo de este proceso, liderado por la Gerencia de Pensiones como parte de una hoja de ruta construida desde hace varios meses, se analizaron más de mil iniciativas provenientes de consultas públicas, procesos de socialización y aportes de distintas instancias técnicas.
Actualmente, estas propuestas se encuentran en una fase de priorización mediante una metodología basada en criterios de impacto sobre la sostenibilidad financiera, la cobertura y la suficiencia de las pensiones.
Esto permitirá redactar una estrategia integral que recoge todas las opiniones, la cual contempla medidas administrativas, reglamentarias y estructurales, y que se presentará a fin de mes.
El rol de la Junta Directiva en los próximos pasos
A partir de la presentación del documento, corresponderá a la Junta Directiva definir los siguientes pasos, los plazos y el alcance de las eventuales medidas que se decida impulsar.
Cada una de las acciones está siendo sometida a análisis y eventual aprobación por parte de las autoridades.
Es importante señalar que la implementación de algunas medidas depende exclusivamente de decisiones internas de la institución, mientras que otras requieren procesos más amplios de discusión y coordinación con otros actores del Estado y la sociedad civil a nivel nacional.
“El documento no constituye una reforma cerrada, sino un conjunto de acciones de carácter administrativo, reglamentario y estructural que servirán como base para la toma de decisiones. Algunas de estas medidas podrán ser implementadas directamente por la institución, mientras que otras requerirán discusiones de alcance nacional”, aseguró Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.
La institución indicó que los anuncios oficiales dependerán de los acuerdos que se adopten tras la revisión de la estrategia, lo que anticipa decisiones relevantes en el corto plazo sobre el futuro del sistema de pensiones.
La postura y advertencias de la Supen
Los avances del proceso dependerán, en definitiva, del trabajo de la Junta Directiva de la Caja, que será la encargada de poner los insumos técnicos necesarios para iniciar la discusión y valoración formal de las propuestas planteadas, según confirmó la oficina de prensa de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
La entidad agregó que su posición ha sido consistente en promover medidas que permitan impactar a la mayor cantidad de personas posible, procurando al mismo tiempo minimizar el golpe individual.
Asimismo, la Supen ha insistido en la necesidad de que la discusión inicie formalmente considerando los procesos internos de la CCSS y el estricto cumplimiento del plazo mínimo de conservación de derechos, que es de al menos 18 meses. Cabe recordar que, en la reforma anterior, el período transitorio otorgado a los cotizantes fue incluso de 24 meses.
Urgencia ante el déficit y el riesgo fiscal
El régimen del IVM enfrenta uno de los escenarios más complejos desde su creación.
Por primera vez, en el 2025 los ingresos no alcanzaron para cubrir la totalidad de los gastos anuales, en un contexto marcado por el envejecimiento acelerado de la población, el menor crecimiento de cotizantes y mayores presiones sobre las reservas del sistema.
Desde hace varios años, los estudios técnicos han identificado la necesidad de realizar ajustes para fortalecer el régimen y proteger las pensiones actuales y futuras. En los últimos 10 a 15 años, los análisis actuariales han servido de base para adoptar medidas relevantes:
Actualmente, el régimen se encuentra en una nueva etapa de análisis orientada a seguir construyendo soluciones de largo plazo, con una propuesta de estrategia que será presentada a la Junta Directiva en abril de 2026.
La ausencia de ajustes oportunos podría generar una presión creciente sobre las reservas del régimen, lo que, en el tiempo, incrementaría las necesidades de financiamiento y podría implicar mayores compromisos para el Estado.
Este escenario tendría efectos no solo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino también sobre el equilibrio de las finanzas públicas, razón por la cual resulta clave avanzar con responsabilidad en el análisis y construcción de soluciones.
Una solución más
Un estudio realizado por la Universidad Nacional propone fortalecer la base contributiva mediante mayor formalización laboral, esquemas simplificados para independientes y microempresas, incentivos fiscales y más fiscalización contra la evasión.
La entidad encontró que diez cantones concentran el 60,19% de los cotizantes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
Ocho de esos cantones están en la Gran Área Metropolitana: San José, Heredia, Alajuela, Escazú, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana y Goicoechea; además de San Carlos y Pérez Zeledón.
San José lidera con un 25,59% de participación, muy por encima de Heredia (7,35%) y Alajuela (5,47%).
“Es por eso que consideramos que se debe analizar en la Caja esta fuerte desigualdad territorial, ya que los cantones con mayor actividad económica, empleo formal y mejores salarios son los que sostienen gran parte de las cotizaciones, mientras zonas rurales y costeras presentan menor aporte”, destacó Leiner Vargas, economista de la UNA.
