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Las operadoras de pensiones están deseosas de que se presenten prospectos de proyectos de obra pública para estudiarlos y analizar el manejo de riesgos. En términos generales, esto les permitiría diversificar sus inversiones. ( MARÍA ANDREA GARCÍA ARCHIVO EF)
Tres de las superintendencias financieras aplicaron cambios en sus reglamentos para facilitar la participación de empresas en el financiamiento de obra de infraestructura, pública y privada, mediante el mercado de valores.
Los primeros ajustes llegaron en octubre del año pasado a cargo de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), pero recientemente se unieron la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la de Entidades Financeras (Sugef).
El impulso, incluso, ya está surtiendo efecto con consultas para gestionar proyectos por esta vía. Un caso es el del área de inversiones del Instituto Nacional de Seguros (INS), que estaría presentando una propuesta en pocos días a la Sugeval, para crear un fideicomiso de titularización.
Sí se activa finalmente esta posibilidad, uno de los mayores beneficios será la diversificación de los portafolios de los inversionistas, principalmente de los fondos de pensiones.
El efecto positivo también lo percibiría el mismo mercado de valores, que puede atraer a más participantes.
Sin embargo, en medio de una regulación aceptada por la industria, el reto es ponerla a prueba. La ejecución de los proyectos dependerá de si están correctamente estructurados; solo así existiría un adecuado manejo de riesgos.
Ajustes en supervisión
La Sugeval fue la que impulsó el primer cambio, mediante la puesta en marcha de tres estatutos que potenciarían el mercado de valores como canal para financiar infraestructura: el Reglamento sobre Financiamiento de Infraestructura , el Reglamento de Titularización y el Reglamento sobre Sociedades Fiduciarias .
Se trata de vehículos de propósito especial, que permiten que el financiamiento de cada proyecto no recaiga en el balance financiero de los participantes.
Las opciones incluyen un fideicomiso, una sociedad de propósito especial que maneje el fideicomiso y la titularización.
Como parte de la información que cada proyecto debe mostrar al regulador, se incluye un estudio de factibilidad financiera, así como contar con un administrador de proyectos y un estructurador.
Sin embargo, al evaluar la puesta en marcha de los fideicomisos y la titularización de obras, se encontraron regulaciones de otros sectores que no se alineaban con la flexibilidad que buscaba la Sugeval.
De ahí nació el interés de generar una sinergia que permitiera facilitar el acceso al mercado de valores para el financiamiento de obras, dijo Patricia Mata, directora de oferta pública de Sugeval.
Ante esto, la Superintendencia de Pensiones (Supen) aplicó tres modificaciones.
Anteriormente, las operadoras de pensiones (OPC) estaban limitadas a invertir un máximo de un 20% de sus fondos en una misma emisión autorizada, pero este límite se eliminó.
Otro obstáculo que existía era la imposibilidad de invertir en valores que habían sido emitidos por una empresa de su mismo conglomerado, en una titularización. El objeto de la prohibición era evitar un conflicto de intereses, pero se decidió eliminarla.
Antes, a las OPC se les prohibía invertir en fideicomisos o fondos de inversión de su grupo de interés económico, pero el concepto de grupo de interés económico fue modificado, de modo que los fideicomisos y los fondos de inversión no se consideren parte.
Lo anterior con dos condiciones: que exista separación patrimonial respecto al administrador y que exista una norma de gestión ante eventuales conflictos de interés.
La idea es ampliarle a los gestores el espectro de opciones de inversión y que puedan elegir sin asumir riesgos innecesarios, dijo Édgar Robles, superintendente de Pensiones.
La tercera entidad reguladora en realizar cambios recientemente fue la Sugef.
El ajuste fue derogar el Acuerdo Sugef 13-10, Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos , que establecía requisitos para que las entidades participaran en procesos de ambos instrumentos.
En tanto, las modificaciones en la regulación son bien vistas por el mercado, pero el reto va más allá de la supervisión.
Incluso, los cambios no eliminan la posibilidad de que conforme se vaya avanzando en proyectos, se requieran nuevos ajustes, dijo Héctor Maggi, gerente de CCSS OPC.
El gran atractivo será la posibilidad de diversificar los portafolios de inversión. Por ejemplo, las OPC tienen concentradas un 60% sus inversiones en bonos del Gobierno Central y, de aquí al 2019, deben reducir ese porcentaje a un 50%.
Empero, el mayor reto está en la estructuración de proyectos. Es tarea de los estructuradores minimizar los riesgos legales, así como los posibles inconvenientes en el proceso constructivo, dijo Marvin Rodríguez, gerente de Popular Pensiones.
Según Robles, de la Supen, el Estado debe establecer mecanismos transparentes y eficientes para priorizar los proyectos de inversión, bajo una estricta evaluación.
Para Ronald Vargas, director de inversión de INS Valores, otro gran reto consiste en entender el alcance de la figura de parte de los principales actores, especialmente del sector público. Esto se irá logrando conforme se va poniendo a prueba, con proyectos tangibles y visibles.
