Por: Manuel Avendaño Arce.   29 mayo
Alcaldes y empleados municipales se manifestaron fuera del Congreso el pasado 19 de mayo para pedir la aprobación de la ley que levanta la regla fiscal a los gobiernos locales. Fotografía: Archivo GN.
Alcaldes y empleados municipales se manifestaron fuera del Congreso el pasado 19 de mayo para pedir la aprobación de la ley que levanta la regla fiscal a los gobiernos locales. Fotografía: Archivo GN.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) se debilita poco a poco en medio de una coyuntura adversa, marcada por la crisis del coronavirus.

Tras un intenso camino de discusiones y ajustes en la Asamblea Legislativa, la normativa que finalmente fue aprobada el 3 de diciembre del 2018, ahora pierde algunos de sus alcances y efectos por decisiones políticas como el levantamiento de la regla fiscal a las municipalidades.

Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, considera que la decisión de los diputados de eliminar esta norma para los gobiernos locales es un deterioro importante para la eficiencia que se esperaba lograr con la Ley 9.635.

“La reforma fiscal ya se aflojó, ya se dio una excepción a las municipalidades que no están sujetas a ella, eso no es un peligro, es un deterioro de la ley. Ojalá los diputados y las diputadas, y el señor presidente de la República no permitan que se den deterioros adicionales", dijo el economista tras una consulta de EF.

Eximir de la regla fiscal a los ayuntamientos fue el quiebre que puso punto final a la relación entre Chaves −quien fue ministro de Hacienda por siete meses tras la salida de Rocío Aguilar− y el presidente de la República, Carlos Alvarado.

El mandatario firmó, el pasado 20 de mayo, la ley que liberó a las municipalidades de la obligación de contener el crecimiento del gasto corriente, a pesar de que Chaves le había pedido explícita y públicamente vetar la norma aprobada en el Congreso el 19 de mayo.

El aval de Alvarado también se dio en contra de los criterios del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de la Contraloría General de la República (CGR).

La Contraloría señaló en una carta que desaplicar la regla sin definir condiciones asociadas a la emergencia en cuanto a temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y la naturaleza de los gastos prioritarios, podría tener un efecto adverso en la gestión municipal a mediano plazo.

El exministro de Hacienda, Thelmo Vargas, manifestó que librar a los municipios de sujetarse a un mayor control en el crecimiento de su gasto es contraproducente.

“Yo creo que esta acción le quita fuerza moral a la reforma tributaria. Que el propio presidente haya permitido que los diputados le abrieran grietas, esto debilitó todo el esquema”, añadió el economista.

Utopía: cumplir regla

El primer informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal muestra algunas luces y sombras sobre la puesta en práctica de esta medida.

De las 230 instituciones públicas que completaron la información ante el Ministerio de Hacienda, el 81% (186 entidades) cumplió con la norma, mientras que el 19% (44 entidades) reportó incumplimiento ya que su gasto corriente presupuestario durante el primer trimestre del 2020 superó el umbral del 4,67% establecido.

Este informe, publicado el jueves 28 de mayo, contiene algunos vacíos sensibles de información. Del universo de 328 instituciones, entre las incluidas en Presupuesto Nacional y las del Sector Público No Financiero (SPNF), 94 no presentaron los reportes a tiempo.

La regla fiscal que se incluyó en la Ley 9.635 aplica un criterio cuantitativo para limitar el crecimiento del gasto corriente −salarios, pensiones, alquileres, entre otros− según la relación de la deuda del Gobierno Central con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) nominal.

Aplicar esta norma es vital para mantener la estabilidad de las finanzas estatales. Sin embargo, históricamente los diferentes gobiernos incumplieron con otras medidas similares.

Francisco de Paula Gutiérrez, exministro de Hacienda y expresidente del BCCR, apuntó que obviamente este año no se va a poder cumplir con la regla por la necesidad de hacer transferencias adicionales a las presupuestadas inicialmente.

“Lo que siento es que deberíamos tener una doble contabilidad en el buen sentido de la palabra. Una que sea de los gastos y de la operación normal del Estado y otra de cuánto me está costando la pandemia y cómo la estamos financiando. Para poder decir, bueno, superada la pandemia todos estos gastos desaparecen y el ritmo de reducción de gastos que deberíamos tener”, puntualizó en una entrevista con este medio el pasado 1.° de abril.

El Ejecutivo también levantó, el 7 de abril, la regla fiscal a cuatro instituciones que trabajan en la primera línea de atención ante la crisis del coronavirus.

La excepción se aplicó al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Esta medida le permite a las entidades aumentar el gasto corriente para cubrir diferentes necesidades relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria.

La declaratoria de emergencia nacional que decretó el Gobierno habilita la eliminación de la regla a estas instituciones públicas y define que el monto destinado a la atención debe ser igual o mayor al 0,3% del PIB.

¿La reforma es suficiente?

Una ley de moratoria aprobada el 17 de marzo en el Congreso pospuso por tres meses el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el tributo de renta para liberar flujo de caja a las personas y empresas.

Los efectos de esta normativa sumados a una contracción en el consumo de los agentes económicos por la crisis del coronavirus impactaron los ingresos fiscales que para abril reportaron una caída interanual del 23,4% (¢81.799 millones).

El IVA decreció 35,5% con respecto a un año atrás, lo que representa una brecha de ¢41.729 millones (0,12% del PIB). Otros tributos como el selectivo de consumo, el de las importaciones, el derecho salida del país y el de los combustibles también mostraron caídas de dos dígitos.

Solamente el impuesto a las utilidades (renta) aumentó ¢12.477 millones (0,04% de la producción nacional) con respecto a abril del 2019.

La reducción en los ingresos tributarios es otro problema −temporal− con el que deberá lidiar el nuevo ministro de Hacienda, Elián Villegas.

EF le consultó al jerarca, en entrevista la mañana de este viernes 29 de mayo, si el levantamiento de la regla fiscal a las municipalidades y la moratoria de impuestos debilitan la reforma fiscal.

“La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es un plan nacional, no es algo que sea de un partido político, ni siquiera podemos decir que sea una iniciativa del Poder Ejecutivo. Es un tema donde estuvieron involucrados los diputados, el Gobierno y la sociedad civil. El Ministerio de Hacienda debe respetarla y es el camino que debemos seguir”, aseguró Villegas.

Otras voces señalaron desde hace varios meses que la reforma tributaria era urgente, pero los términos en los que se aprobó la hacen insuficiente.

“El objetivo de la ley de reordenamiento de las finanzas públicas era llegar a un nivel de deuda sostenible en el tiempo, pero si este año vamos a tener más déficit, es una locura. En algún momento tenemos que tomar decisiones como país. Ya se había dado paso importante con la Ley de Fortalecimiento. Aunque la reforma fiscal era insuficiente, fue un paso importante”, aseveró Luis Liberman, economista y exvicepresidente de la República (2010-2014), en entrevista el 21 de mayo pasado.

Para Óscar Avalle, representante del Banco Mundial (BM) para Costa Rica, la ley fiscal también se queda corta.

“Si el objeto es asegurar la sostenibilidad financiera y el futuro de los importantes logros sociales que el país ha conseguido en las últimas décadas, esta reforma propuesta es insuficiente, pero representa un paso en la dirección correcta”, dijo en una conversación reciente con este medio.

El nuevo jerarca de Hacienda llega en un momento complicado y enfrenta los retos de buscar recursos para ayudar a los afectados por la crisis, endeudarse en condiciones “favorables”, reducir el gasto público y no tocar los impuestos para propiciar la reactivación del consumo y, por ende, de la economía.

Colaboró con esta información la periodista María Fernanda Cisneros.