EscucharEl jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Hermes Alvarado, defendió la necesidad de mantener una mesa de diálogo antes de tomar una decisión sobre una posible entrega anticipada del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a los jubilados de Costa Rica.
En entrevista con El Financiero, el Superintendente detalló los alcances de esa posición, las posibles alternativas que podrían analizarse y los riesgos que, a su juicio, implicaría una liquidación masiva y simultánea de recursos.
― ¿Cuál es la postura de Supén ante la posibilidad de una devolución total del ROP a los pensionados?
Lo que corresponde, ante todo, es hacer una defensa del segundo pilar de pensiones: el ROP. En esto se basa nuestro criterio.
Nuestra postura técnica es mantener y robustecer el fondo, pero eso no significa que estemos indispuestos a revisar sus condiciones o, eventualmente, ajustarlas si lo consideramos pertinente.
Para ello, vamos a participar, al igual que otras instituciones, en una mesa de trabajo con el fin de analizar diferentes perspectivas y valorar alguna posición que proteja a los afiliados ante todo.
―¿Qué tipo de ajustes podrían someterse a consideración?
El presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Humberto Grant, comentó en una audiencia reciente ante la Asamblea Legislativa algunos casos internacionales, como los de Dinamarca y Malasia.
En esos países, se diseñaron mecanismos donde, aún durante el periodo de ahorro de la persona afiliada, se permite un retiro parcial cada cierto tiempo.
Si tropicalizamos estas soluciones, podría pensarse, por ejemplo, en la autorización de una entrega cada diez años de un porcentaje del ahorro total del solicitante, como un 5% o 10%.
La idea es que ese retiro tenga un fin específico que le ayude a solventar alguna necesidad, como la prima de vivienda. Este es solo un ejemplo que se conversó, y tendría que ser sometido a valoración.
“Con esto, señalo que el sistema no es rígido ni inmutable. Existen experiencias internacionales donde se permiten retiros parciales, acotados y condicionados dentro de un marco regulado. Eso es distinto a una devolución total del fondo al momento de pensionarse”, mencionó.
Además, en Costa Rica ya se hizo una modificación a la Ley de Protección al Trabajador para permitir el retiro en casos de enfermedad terminal o enfermedad grave. Es decir, ya existe una previsión legal que flexibiliza el acceso a los recursos en situaciones excepcionales.
―Bajo su criterio, ¿cuáles consecuencias traería a la economía nacional un retiro total y simultáneo?
No lo hemos cuantificado; eso habría que hacerlo junto con el Banco Central. Pero sí hay varias implicaciones.
Primero, hay un perjuicio para quienes se mantienen en el fondo de pensiones, pues actualmente los recursos se administran en un fondo colectivo.
Si se extrae una masa importante de recursos, las operadoras tendrían que contar con liquidez suficiente para enfrentar ese retiro.
De hacerse ordenadamente, como lo es por tractos, el impacto podría gestionarse mejor. Pero si se decide que sea en uno solo, el golpe sería directo.
En algún momento, las operadoras tendrían que liquidar instrumentos financieros. Esa liquidación podría implicar vender activos antes de su vencimiento y, por ende, generar pérdidas en la venta. Eso afecta tanto a quienes retiran como a quienes permanecen en el fondo.
Asimismo, hay un costo de oportunidad negativo: los recursos que salen dejan de invertirse en instrumentos a largo plazo, lo que también perjudica a quienes continúan afiliados.
Por ejemplo, con la inflación, habría que analizarlo y medirlo con más detenimiento. No obstante, por lógica de política económica, si se inyectan muchos recursos en poco tiempo, se produce mucho circulante. Eso puede aumentar los índices de inflación.
―¿Ve posibles efectos en la estructura operativa de las OPC?
No me atrevería a afirmar que habrá consecuencias como recortes de gastos. Para eso, tendríamos que evaluar exactamente cómo está la estructura de cada operadora y la forma en que gestiona sus riesgos.
Sin duda, sería un riesgo para ellas, pero no puedo asegurar que en todos o algunos casos específicos se vaya a dar una situación de ese tipo.
La discusión no puede reducirse a si el dinero “es o no” del afiliado, sino que debe analizarse bajo la lógica de un sistema colectivo cuyo equilibrio depende de reglas estables y decisiones técnicas.
Por eso, cualquier cambio debe valorar impactos financieros, macroeconómicos y operativos, no solo la presión individual.
