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A pocos meses de que entre en marcha la obligatoriedad de los negocios en aceptar pagos con medios que van más allá del efectivo, comercios parecen estar lejos de cumplir con la medida.
Diciembre será un mes de cambio para todas las personas, físicas o jurídicas, que realicen una actividad lucrativa y presten servicios al público, principalmente para quienes solo aceptan pagos con efectivo.
A partir de ese momento, todo negocio estará obligado a aceptar las tarjetas de crédito o débito como medio de pago, así como cualquier otro mecanismo electrónico o no.
Esto significa que pulperías, hoteles, restaurantes, tiendas y otros que cumplan con las características antes descritas y no cuenten con datafonos, deberán invertir en ellos o en la adopción de otros canales alternativos.
La Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal (Ley 9416, publicada en diciembre del 2016) estableció esta regla mediante un transitorio que cumple en diciembre los 24 meses estipulados para su entrada en vigencia.
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Lo que dicta la ley es que para que un medio de pago sea considerado como alternativo al efectivo debe existir una institución financiera de por medio que le garantice al comerciante la acreditación del dinero a su favor.
Mediante esta acción, el Ministerio de Hacienda pretende dotarse de más recursos, de modo que exista más control sobre las transacciones que ejecuten personas y empresas.
“El pago electrónico ha demostrado su efectividad para lograr trazabilidad y reducir el fraude fiscal y fue por esa razón que se dispuso la obligatoriedad de la aceptación del pago con tarjeta de crédito o débito”, afirmó Maria Isabel Cortés, Directora Ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Al mismo tiempo, el sistema financiero tendría la oportunidad de acaparar a una mayor porción de comercios que hoy en día no forman parte de su clientela e inclusive encontrar nuevos espacios para ampliar su posicionamiento mediante las corresponsalías bancarias (como Tucán o RapiBAC, mediante las que la banca ofrece algunos de sus servicios en negocios).
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Hacienda dio este margen de dos años para que los negocios pudieran establecer los medios electrónicos para registrar las transacciones y los comprobantes de sus transacciones de compra y venta, registros contables y otros medios requeridos para el control tributario.
Sin embargo, a poco más de tres meses para que termine el año, el camino de adopción de un medio de pago alternativo parece estar muy lejos de acabarse.
Las pulperías, quioscos, minisúpers, farmacias independientes, panaderías y supermercados pequeños aglomeran uno de los grupos que representa los mayores retos en esta materia.
Ese listado de pequeños comercios opera 9.600 puntos de venta, de los cuales únicamente el 36% aceptan medios de pagos digitales (datafonos).
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Lo anterior sucede aun cuando los negocios que sí ofrecen el pago con tarjeta venden en promedio un 27% más que aquellos que no lo hacen.
Estos datos provienen del primer censo del Canal Tradicional, desarrollado por Fundes entre abril y julio del 2018, hizo una radiografía de esos comercios.
De entrada, la no oferta de pago con tarjeta va más allá de la intención de evadir impuestos, y roza más con el desconocimiento del sistema financiero.
El 44% de los negocios encuestados posee cuentas bancarias, esto a pesar de que el 83% tiene internet y utiliza dispositivos digitales, lo que evidencia que la falta de acceso no es necesariamente la limitante.
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Es decir, para lograr la meta de ofrecer pagos electrónicos a término del año, no solo habría que incluir datafonos en los comercios, sino también empezar a bancarizar a muchos de ellos.
Este estudio mapeó una porción del tipo de comercios y negocios a los que impactaría la medida, pero hay toda una nebulosa de cuántos grupos más no ofrecen pagos con tarjeta a la fecha, como por ejemplo qué porción de los profesionales independientes acepta solo efectivo.
La duda ante esta realidad es cómo hará el Ministerio de Hacienda para regular o sancionar a los negocios que a partir de diciembre todavía no ofrezcan medios de pago alternativos e inclusive cómo se podrá defender el consumidor si un comercio o empresa le permite cancelar la compra de un bien o servicios solo con efectivo, explicó Willy Segura, quien hasta el 14 de agosto fungía como director de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).
EF intentó obtener una posición por parte de Hacienda pero, al cierre de edición no había respuesta. Lo mismo ocurrió al consultarle al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), entidad a la que se el consultó sobre el impacto y aplicación de la medida, pero respondió que el tema le correspondía a Hacienda.
Las dudas sobre la aplicación de la medida y las sanciones que aplicarán a los negocios que la incumplan persisten, pero de igual forma la ley habla por sí misma, así que, por ahora y aún en medio de escollos, la norma entrará en vigor en diciembre.
