París.- Las guerras y los conflictos son un grave obstáculo para el funcionamiento de una empresa o de una multinacional, que para sobrevivir pueden perder sus puntos de referencia éticos y librarse a prácticas cuestionables.
El grupo francés LafargeHolcim (material de construcción) admitió a principios de marzo haber recurrido a arreglos "inaceptables" en 2013 y 2014 en Siria para mantener en actividad su cementera de Jalabiya, hasta que fue incautada por el grupo Estado Islámico. En concreto, mediante la financiación de grupos armados.
Y la historia reciente está repleta de escándalos de empresas que entregaron dinero a facciones y atizaron guerras y enfrentamientos.
Compañías bananeras pagaron a milicias paramilitares en Colombia en los años 1990 y 2000. Grupos joyeros alimentaron durante años el tráfico de los "diamantes de sangre" llevado a cabo por grupos rebeldes en Liberia o República Democrática del Congo. Y los fabricantes de teléfonos móviles son regularmente acusados de comprar minerales raros extraídos de minas controladas por organizaciones armadas en África.
"Una empresa que trabaja en zona de guerra o de posconflicto, lo quiera o no, se convierte en parte económica implicada de un entorno militar", opina Bertrand Monnet, profesor de gestión de riesgos criminales en la escuela de negocios Edhec. "Y no siempre es capaz de hacer frente a los desafíos que ello implica".
Los grandes grupos se dotan de códigos deontológicos pero suelen ser "meros discursos bondadosos" afirma Cécile Renouard, filósofa y economista, profesora en la Escuela de Minas, que califica esos códigos de "insuficientes".
Los "principios de acción" dictados por Lafarge son en este aspecto muy ambiguos, según ella. "La empresa dice que quiere a la vez ser líder mundial en su sector y contribuir a que el mundo sea mejor", pero "la búsqueda permanente del resultado económico y financiero entra en colisión con el deseo de tomar en cuenta el contexto local".
"En situación de guerra, las multinacionales deciden generalmente retirarse del país", afirma Alexandre Hollander, presidente de Amarante, una sociedad especializada en la seguridad.
Es el caso del grupo petrolero francés Total, que dejó Siria ya desde 2011. El también francés Air Liquide suspendió recientemente su actividad en una fábrica del este de Ucrania, donde los separatistas prorrusos decidieron tomar el control de las empresas.
Las prácticas de corrupción también tienen zonas grises porque "el concepto de corrupción no es sistemáticamente igual para un ruso, un turco o un libanés", dice Alexandre Hollander. "Si son sometidos a presión, los cargos intermedios pueden verse tentados de cerrar los ojos", añade.
"Y cuando ya uno está implicado en el engranaje, es complicado retirarse. Una vez que se han dado dos bidones de gasolina, luego $1.000 y luego $100.000, ya no es el importe lo que cuenta" explica.
Preguntados por la AFP, dos grandes grupos que cotizan en la bolsa de París, muy implantados en el extranjero y que prefieren mantener el anonimato, aseguran que supervisan las cuestiones de seguridad al más alto nivel.
"Lafarge, una empresa de envergadura internacional, ¿no debió ser más cuidadosa?" se pregunta Marie-Laure Guislain de la asociación Sherpa, que se querelló contra el gigante cementero por "financiación del terrorismo".
Francia acaba de adoptar una ley sobre la obligación de vigilancia de las multinacionales que "puede tener realmente efectos" en este tipo de casos, según Guislain.
