EscucharEl fabricante de automóviles Stellantis anunció este viernes que asumirá un impacto de 22.000 millones de euros (unos 26.000 millones de dólares) en sus resultados de 2025 debido a un menor ritmo de venta de autos eléctricos.
El anuncio de este gigante, propietario de marcas como Jeep, Fiat o Citroen, es la señal más reciente de las dificultades que enfrentan los fabricantes tradicionales para gestionar la transición eléctrica desde los motores de combustión.
De estos 22.000 millones de euros de costes excepcionales, 14.700 millones corresponden especialmente a la revisión de la línea de productos en Estados Unidos, donde el mercado de autos eléctricos se estanca por una normativa menos favorable.
“Es un coste elevado para un ‘reset’ estratégico de nuestra empresa”, explicó a la prensa Antonio Filosa, el nuevo director general de Stellantis.
“El 75% de los costes están vinculados a hipótesis estratégicas que debemos corregir, principalmente un exceso de optimismo sobre el ritmo de adopción de la electrificación, especialmente en Norteamérica, pero también en Europa”, agregó.
Este anuncio hizo desplomarse la cotización del grupo italo-franco-estadounidense, que hacia las 14H00 (13H00 GMT) caía 27% en la bolsa de París, por debajo de los 6 euros. En un año, su cotización se redujo a la mitad.
Stellantis, el quinto fabricante a nivel mundial, ya sufrió en 2024 una caída del 70% de su beneficio neto y del 17% de sus ventas, registrando en el primer semestre de 2025 una pérdida neta de 2.300 millones de euros.
Los costes excepcionales anunciados lo pondrán mecánicamente en números rojos en el conjunto de 2025 y no se pagarán dividendos, precisó el grupo a los analistas financieros.
Stellantis sigue el ejemplo de las estadounidenses General Motors y Ford, que en las últimas semanas anunciaron medidas similares vinculadas a la revisión de sus ambiciones en vehículos eléctricos.
El mercado de los vehículos eléctricos en Estados Unidos se ve perjudicado por las decisiones de la administración de Donald Trump, que redujo las exigencias en materia de emisiones contaminantes y puso fin a una ayuda federal para la compra.
