El ministro de Justicia de Chile, Fernando Rabat, justificó el viernes los beneficios carcelarios que fueron concedidos a por lo menos 56 personas condenadas por delitos sexuales, y aseguró que la ley obliga a hacerlo.
El medio de investigación Interferencia informó el miércoles que el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast redujo la condena de 56 personas por abuso sexual y violación desde que asumió el gobierno en marzo.
Posteriormente, el medio El Mostrador afirmó que el gobierno también benefició a dos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), del que Kast es defensor.
“Existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma de manera inmediata, nos correspondía dictar esas resoluciones”, defendió el ministro de Justicia Fernando Rabat, en una entrevista con radio Duna.
A raíz de la controversia, el ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena.
En un comunicado, informó además sobre un proyecto destinado a impedir que condenados por delitos sexuales a menores sigan accediendo a esos beneficios.
La ley contempla reducciones de condena por buena conducta luego de que hayan cumplido la mitad de sus penas.
La oposición convocó una sesión extraordinaria del Congreso para abordar el escándalo y planteó incluso la posibilidad de un juicio político contra el ministro de Justicia.
Rabat ha estado en el centro de la polémica desde que el gobierno asumió en marzo. El abogado defendió a Pinochet en 2004, en un caso de presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura, archivado tras la muerte del general.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado su gestión.
Esta semana, su ministerio presentó un proyecto de ley que impediría al Instituto Nacional de Derechos Humanos presentar querellas en tribunales.
También planea reducir el presupuesto para 2027 del Plan de Búsqueda impulsado por el izquierdista Gabriel Boric en 2024, que tiene como objetivo esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.
El régimen de Pinochet (1973-1990) dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos.
