El gobierno de Nicaragua mantiene a por lo menos una treintena de personas en “desaparición forzada”, un arma que utiliza para “aplastar” a la oposición, denunció este martes un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
El mandatario Daniel Ortega, un exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.
Desde entonces se registran 161 casos de “desaparición forzada” y la muerte de ocho personas detenidas por motivos políticos, señaló un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, que estima que la cifra de desaparecidos puede ser superior.
Al menos 29 de esas personas continuaban en paradero desconocido al 31 de agosto pasado, detalló el reporte, que asegura que esta práctica constituye un crimen de “lesa humanidad”.
Lo que comenzó como “desapariciones de corta duración” para castigar a los detenidos e intimidar a sus familiares, ha pasado a ser una “práctica estratégica y recurrente de desapariciones prolongadas de meses o años” contra “un conjunto cada vez más diverso de víctimas”, añaden los expertos.
Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, considera que las protestas de 2018 fueron un intento de “golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.
Debido a la represión desatada tras las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno.
Crímenes contra la humanidad
El Grupo de Expertos fue creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones y abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 e identificar a sus responsables.
En el informe “Anatomía de la crueldad estatal”, los investigadores denuncian que las desapariciones fueron ejecutadas mediante la actuación coordinada de varias instituciones y “una cadena de mando que llega hasta los niveles más altos del gobierno”.
Estas desapariciones constituyen “crímenes de lesa humanidad” por “encarcelación”, “tortura”, “actos inhumanos” y “persecución por motivos políticos”, subrayan.
El Grupo pidió al gobierno revelar el paradero de las personas desaparecidas, liberar a los detenidos por motivos políticos e investigar las muertes bajo custodia estatal, que incluyen a Humberto Ortega, hermano del presidente, fallecido en 2024.
Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual ha sido reelegido tres veces en cuestionados comicios.
En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales.
El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en comicios por solicitud de Ortega y amplía su mandato de seis a siete años.
Caso Brooklyn Rivera
El informe aborda en particular la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, de 73 años, en mayo pasado.
Su fallecimiento se produjo tras casi tres años de detención arbitraria, incluidos dos períodos prolongados de desaparición forzada, señaló el Grupo de Expertos.
A su juicio, las versiones oficiales sobre la muerte de Rivera fueron “médicamente incoherentes en aspectos fundamentales” y no podían ser verificadas debido a la ausencia de una investigación independiente.
El gobierno había informado que Rivera padeció varias infecciones respiratorias y otras complicaciones mientras permanecía hospitalizado y aseguró que recibió atención médica especializada.
Sin embargo, los expertos de la ONU señalaron que durante los 32 meses que permaneció detenido su familia no tuvo acceso a la historia clínica y tampoco se le realizó una autopsia que permitiera establecer la causa de su muerte.
