EscucharEl Congreso de Panamá aprobó una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica, exigida en las calles desde hace dos semanas por decenas de miles de panameños que rechazan la operación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Presionado por las protestas más multitudinarias desde la década de 1980 contra el dictador Manuel Noriega, la Asamblea Nacional -legislativo unicameral- aprobó por 59 votos a favor y dos abstenciones, la moratoria sobre las concesiones para la exploración y extracción de la minería metálica en todo el territorio panameño.
Las manifestaciones lograron el jueves, además, que el Congreso dejara en manos de la justicia la decisión sobre el polémico contrato firmado entre el gobierno y la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que permite la operación por 40 años de una mina de cobre en el Caribe panameño.
Los líderes de las protestas quieren que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare inconstitucional el contrato para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.
"Es un gran logro para un país que estaba entregado a la minería. Nos queda el gran elefante (FQM) y eso lo vamos a pelear hasta el final por la vía constitucional y ante los arbitrajes internacionales que se presenten", dijo a AFP la ambientalista Raisa Banfield.
Poco después el presidente Laurentino Cortizo promulgó la ley de moratoria, lo que no detuvo las protestas en las calles, aunque han bajado de intensidad.
Panamá se suma, en Centroamérica, a Costa Rica y El Salvador en esa política. La moratoria le permitirá frenar el trámite de 103 concesiones mineras y rechazar las prórrogas de 15 vigentes, según la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
El poderoso sindicato de la construcción y otras organizaciones abogaban por anular el contrato por ley, por lo que continúan protestando.
Un piquete de manifestantes llegó hasta la entrada de la mina, que estaba cerrada y protegida por policías antimotines, situada a 240 km por ruta desde la capital.
Impacto económico
La agitación estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó la ley del contrato que firmó en agosto el gobierno de Cortizo y FQM para sustituir el de 1997 que la Corte declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño.
Ese mismo día empezaron los bloqueos de carreteras y protestas que fueron aumentando progresivamente y han semiparalizado el país generando pérdidas millonarias en el turismo, comercio y, sobre todo, en la agricultura y ganadería.
Buscando aplacar el malestar, Cortizo y el Parlamento trataron de dar marcha atrás, pero sus erráticas decisiones, que incluyeron una propuesta de referendo, solo profundizaron la crisis.
El gobierno ha defendido el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por $375 millones, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.
Las autoridades advierten que el cierre de la mina hará perder 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y asestará un duro golpe a la economía, en momentos en que el Canal de Panamá debió reducir el tránsito de buques por la sequía.
“Si cerramos la mina, vamos al arbitraje y lo perdemos (...), esto va a ser más deuda pública”, advirtió Fernando Aramburú, exministro de Economía.
La firma mundial en servicios financieros J.P. Morgan aseguró que una rescisión del contrato con FQM significará un clima de menor confianza de inversión en el país.
La minera, que ha invertido más de $10.000 millones en Panamá, asegura que aporta el 5% del PIB a la economía del país. Desde febrero de 2019, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75% de las exportaciones.
Desarrollo “insostenible”
Según un estudio del Centro Nacional de Competitividad, al 2024 la actividad minera en Panamá podría estar representando el 8,3% a la economía del país.
"El país está diciendo 'no' no solo al contrato, sino a esa forma dañina de desarrollo económico insostenible", afirmó a AFP la directora del CIAM, Lilian Guevara.
Los manifestantes pasaron de pedir la anulación del contrato de la mina de cobre, que opera en unas 13.000 hectáreas de una zona selvática, a exigir la moratoria minera.
"La actividad minera, y ese proyecto en particular, es totalmente desproporcionado en un país pequeño (74.000 km2), tropical, de altísima biodiversidad y dependencia de los ecosistemas, vulnerable al cambio climático y con 52 cuencas hidrográficas", apuntó Guevara.
La moratoria fue declarada el día que se celebra la separación de Panamá de Colombia, en 1903. Cortizo presidió una ceremonia a puerta cerrada, ante el clima de convulsión en el país.
