Asociación bancaria insiste en que comisiones por pagos con tarjetas deben ser equilibradas y sustentadas en estudios técnicos

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) precisó que las tarifas de comisión cuando se realicen pagos con tarjetas deben ser equilibradas, comparables con países equivalentes a Costa Rica, y deben cubrir los costos del sistema financiero.

Ronulfo Jiménez, asesor económico de la ABC argumentó que si la fijación es muy alta, no estimula al comercio a participar; pero si es muy baja, los bancos no podrán bancarizar a más personas.

Asimismo, afirmó que al comparar a Costa Rica con otros países —con el objetivo de seguir las mejores prácticas internacionales— se deben tomar en consideración los principios de proporcionalidad y razonabilidad; y factores como el tamaño del país (genera economías de escala), ingreso per cápita, desarrollo humano y criminalidad.

La posición de la ABC se dio a conocer luego de que la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) insistió en retomar la reducción gradual en las comisiones —de adquirencia y de intercambio— cuando se realicen pagos con tarjeta durante el periodo 2021-2024. Una propuesta hecha por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) el 24 de setiembre de 2020, que posteriormente fue eliminada cuando se publicó la versión final del documento.

Actualmente, la fijación es de 2,5% para la comisión máxima de adquirencia y en 2% la comisión máxima de intercambio, las cuales comenzaron a regir en noviembre de 2020 con la aplicación de la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas (9831).

Los comercios deben pagar comisiones de adquirencia a las entidades financieras por el suministro del datáfono y toda la red de pagos. La comisión de intercambio se paga si la tarjeta de crédito o débito del cliente es de distinto proveedor al del datáfono y la red.

—  Cámara de Comercio.

“La fijación que estableció el Banco Central implicó una reducción de tarifas y un beneficio por parte del comercio. Sin embargo, hay que respetar la ley, la cual establece que año con año el Banco hace un estudio técnico para fijar —según sus criterios— las comisiones. Después, se hace una consulta pública donde las personas pueden emitir observaciones y si hay errores o algo que no debe, se pueden hacer señalamientos”, manifestó por su parte, Mario Gómez, asesor legal de la ABC.

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Alonso Elizondo, director ejecutivo de la CCCR había expresado —en un encuentro con la prensa el 26 de octubre— que la ley establece que para la fijación de las comisiones se deben seguir las mejores prácticas internacionales, sin embargo el Banco Central las estableció con base en países similares a Costa Rica, y que no necesariamente tienen las mejores prácticas.

“El Banco Central lo que hizo fue fijar la tarifa en los países comparables a Costa Rica en intercambio (México, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Azerbaiyán) y adquirencia (Uruguay, México, Brasil, Argentina). La inconformidad de la Cámara es el por qué no usar las mejores referencias internacionales o compararse con la OCDE”, dijo Elizondo.

Para los representantes de la ABC, Costa Rica no puede ser comparable con países de la OCDE (que tienen tarifas más bajas), porque cumplen características diferentes basadas en los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Asimismo, Jiménez y Gómez afirmaron que el BCCR hizo un estudio técnico para hacer la comparación adecuada y buscar la comparabilidad con dos métodos: análisis de componentes principales (ACP) y de regresión lineal.

«En cuanto al establecimiento de las comisiones máximas de adquirencia, el resultado del modelo ACP agrupa a Costa Rica dentro de un grupo comparable con Argentina, Brasil, México y Uruguay, con una tasa de adquirencia promedio de 2,77%...».

«De acuerdo con la estimación de regresión lineal para la comisión de adquirencia, el valor predicho para Costa Rica sería de 2,74% (con un intervalo de confianza de 2,35% a 3,12%), similar al obtenido mediante la técnica ACP», señalan ambos estudios.

“Las tarifas incluso están por encima de la comisión máxima de adquirencia que el Banco fijó el año pasado (2,5%). Con esto lo que queremos decir, es que no hay un argumento para pedir o retomar reducciones en las tarifas fijadas por el Banco Central”, indicó el asesor económico de la ABC.

Por su parte, el asesor legal de la Asociación también afirmó que fijar la tarifa escalonada sería ilegal, ya que se debe hacer una revisión anual, es un acto administrativo. Esto significa que tiene diversos elementos esenciales y uno de ellos es el motivo (en este caso, el estudio técnico que lo sustenta).

“No se podría fijar algo a dos o tres años que no tenga un sustento técnico basado en elementos objetivos. En realidad estamos por debajo de lo que técnicamente debería de haberse fijado”, aseveró Gómez.

Por otra parte, la ABC también puntualizó que la tarifa debe ser equilibrada por temas de inclusión financiera y bancarización del consumidor. Además, de que la comisión debe cubrir los costos del sistema.

“Hay que mantener un balance. Si se ponen precios ruinosos, nadie va a dar el servicio. Por otra parte, el sistema debe estar debidamente financiado para que pueda seguir incluyendo a más personas y financiando los nuevos desarrollos tecnológicos”, dijo Jiménez.

También, se discute la situación de las tarjetas emitidas en el exterior y las tarjetas locales. Gómez explicó que con las tarjetas internacionales la cifra de comisión es negativa, lo cual provoca pérdidas a los bancos nacionales cuando los turistas hacen compras con tarjeta.

Esto porque los porcentajes fijados por el BCCR son más bajos que los internacionales y no resultan “suficientes para cubrir los costos” por el uso de las tarjetas de los turistas.

“La solución es aceptar que la regulación costarricense no aplica en el caso de tarjetas emitidas en el exterior, o establecer una comisión diferenciada para las tarjetas emitidas en el exterior”, expresó el asesor legal de la ABC.

De acuerdo al Banco Central, las tarifas de comisión se revisan anualmente. La nueva escala debe estar vigente para enero de 2022.

El objetivo de la tarifa es promover la eficiencia y seguridad del sistema de tarjetas y garantizar el menor costo posible para los afiliados.