El Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) cumple una década con su cobertura básica en ¢6 millones. Ese monto alcanza para cubrir los costos de la mayoría de las personas lesionadas, pero no evita que los accidentes más graves dejen una factura importante a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La diferencia está entre contar personas y sumar costos. Según la oficina de prensa de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), el monto básico fue suficiente para el 93,13% de los lesionados analizados en el estudio aplicable a 2027. Al incorporar las ampliaciones previstas para situaciones especiales, la suficiencia llegó al 94%.
Sin embargo, la CCSS financió el 27% del costo total asociado con esos accidentes durante 2024. Los pacientes que superan el límite representan una minoría, pero requieren tratamientos más complejos y costosos.
“Una cuestión es cubrir el 90% de los lesionados y otra cosa es cubrir el 90% del costo”, explicó Celia González, directora de Estrategia de Sugese, durante un foro de El Financiero. Esa distinción sostiene la propuesta de revisar la cobertura y reducir el gasto que termina asumiendo la seguridad social.
Cubrir a la mayoría no significa pagar toda la factura
La normativa exige que el monto del SOA permita cubrir, como mínimo, al 90% de los lesionados, según la metodología de evaluación. No establece un incremento automático por inflación ni por el tiempo transcurrido desde el último ajuste.
Para el estudio aplicable a 2027 se analizaron 44.368 personas lesionadas en 2024. De ellas, 41.320 tuvieron costos iguales o inferiores a ¢6 millones, equivalentes al 93,13%. Las otras 3.048, un 6,87%, superaron ese umbral.
Al considerar las ampliaciones que proceden en determinadas circunstancias, aproximadamente 2.646 personas —un 6% del total— presentaron costos superiores a la protección disponible.
Las cifras corresponden a mediciones distintas: una evalúa la suficiencia del monto básico y la otra incorpora las coberturas adicionales. Ambas superan el mínimo reglamentario del 90%, por lo que, desde ese criterio, no existe una obligación explícita de aumentar el límite.
El panorama cambia al observar cuánto cuestan los casos más graves. Según la oficina de prensa de Sugese, hubo lesionados cuya atención individual alcanzó hasta ¢166 millones en 2024.
Durante el foro, González explicó que algunos pacientes requieren varias cirugías, prótesis y otros procedimientos que elevan considerablemente la factura. Por eso, aunque sean relativamente pocos, pueden concentrar una parte importante de los recursos destinados a atender accidentes de tránsito.

¿Qué cubren realmente los ¢6 millones?
El monto básico no es una bolsa separada para cada tratamiento. Según las respuestas escritas del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de Sugese, los ¢6 millones por persona y por accidente combinan prestaciones médicas y económicas.
Dentro de ese límite se incluyen:
- Atención médica, cirugías y hospitalización.
- Medicamentos y rehabilitación.
- Prótesis y aparatos médicos necesarios para corregir deficiencias funcionales.
- Subsidios por incapacidad temporal.
- Traslados, hospedaje y alimentación cuando corresponden para recibir tratamiento.
Así, una cirugía, los medicamentos y el subsidio por incapacidad temporal consumen una misma cobertura ordinaria.
En el foro, los representantes de Sugese recalcaron que el SOA protege a personas, no al vehículo. Puede amparar al conductor, pasajeros, peatones y ciclistas lesionados en un accidente cubierto, sin esperar a que se determine quién tuvo la culpa. No paga reparaciones del automóvil.
También aclararon que el límite es individual: no se reparte una sola cobertura entre todas las víctimas de un mismo accidente. Cada persona lesionada dispone de la protección que le corresponda.
Hay, además, beneficios adicionales. La normativa permite otorgar otros ¢6 millones adicionales exclusivamente para atención médica cuando la víctima:
- No está asegurada al Régimen de Enfermedad y Maternidad de la CCSS.
- Es menor de 18 años.
- Tiene su vida en riesgo, según el criterio médico.
La ampliación no es automática para todos los pacientes ni constituye una segunda bolsa para cualquier prestación.
Por otra parte, las indemnizaciones por incapacidad permanente, total o parcial, y por fallecimiento tienen montos independientes y adicionales, cuando corresponden. Es importante distinguirlas del subsidio por incapacidad temporal, que comparte la cobertura ordinaria con los gastos médicos.
La factura no termina con la emergencia
La atención de un accidente puede extenderse mucho más allá de la primera cirugía.
Durante el foro, González explicó que el estudio utiliza un horizonte aproximado de dos años para observar la evolución de los casos y estimar los gastos con la información disponible. En ese período pueden acumularse procedimientos, controles y rehabilitación.
Ese horizonte no constituye un plazo legal máximo de protección ni significa que todos los pacientes necesiten dos años de tratamiento. Por su parte, Tomás Soley, superintendente general de seguros, precisó que el cierre de un expediente en el INS puede ocurrir por alta médica o por agotamiento de la cobertura.
Cuando una persona consume el monto ordinario y no reúne las condiciones para recibir la ampliación médica, el INS le facilita una carta de monto agotado para continuar la atención en la CCSS, según la respuesta escrita de la aseguradora.
Si el paciente está hospitalizado y es asegurado de la Caja, ambas instituciones coordinan el traslado para dar continuidad al tratamiento.
Para quienes no cuentan con aseguramiento en la CCSS, la normativa contempla la extensión médica adicional. Sin embargo, la respuesta del INS no detalla qué sucede si también se agota ese monto y remite a la Caja las consultas sobre sus procedimientos posteriores.
Un gasto que todavía no se conoce por completo
Sugese advierte que la información disponible puede subestimar el costo real de los accidentes.
Según su oficina de prensa, la CCSS ha reportado limitaciones informáticas para identificar todos los gastos posteriores al agotamiento del SOA. Parte de la atención prolongada, la rehabilitación y las incapacidades temporales podría no quedar reflejada completamente en las estimaciones.
En el foro, Soley señaló que la información ha mejorado, pero aún existen dificultades para seguir cada caso una vez que deja de ser posible cobrar su atención al INS. Por ello, los montos identificados no necesariamente representan toda la carga que asume la seguridad social.
Un seguro voluntario precargado en el marchamo
En paralelo a la discusión sobre la cobertura obligatoria, el INS incorporó en su plataforma de cobro del marchamo 2027 el “Seguro Más Protección”, una póliza voluntaria con una prima anual desde ¢11.900, IVA incluido. El producto aparecía seleccionado de forma predeterminada y su precio se sumaba al total mostrado al usuario. Quien no quisiera contratarlo debía desmarcarlo durante el proceso de pago.
La póliza ofrece hasta ¢6 millones adicionales por persona para prestaciones derivadas de lesiones del conductor y los ocupantes del vehículo asegurado, una vez agotada la cobertura del SOA y siempre que el accidente esté amparado. Es una protección complementaria de contratación individual, no un aumento general del seguro obligatorio.
¿Por qué se habla de elevar la cobertura a ¢15 millones?
Sugese propone que la evaluación considere tanto la cantidad de víctimas cubiertas como la proporción del costo total que absorbe el seguro.
Con información del INS y de la CCSS, la entidad realiza simulaciones para estimar un monto que permita cubrir simultáneamente al menos al 90% de los lesionados y el 90% del costo total de los siniestros.
Según su oficina de prensa, los ¢15 millones son una referencia calculada a partir del promedio de los umbrales obtenidos en distintos años. No representan un monto aprobado ni garantizan que, con los datos más recientes, se alcance ese objetivo.
De hecho, la última simulación situó el umbral en aproximadamente ¢21 millones. Las variaciones responden a diferencias en la gravedad de los accidentes y en los gastos de atención.
Durante el foro, Soley planteó que el aumento debería realizarse gradualmente para evitar un salto abrupto en las primas. Mencionó, como posibilidades, una transición de entre dos y cinco años, sin anunciar un calendario formal.
También propuso que, después de esa transición, exista algún mecanismo de actualización automática que evite otro congelamiento prolongado y reduzca la dependencia de decisiones políticas para revisar el monto. Se trata de un planteamiento, no de una reforma aprobada.

Mayor cobertura implicaría revisar el precio
El INS advierte que ampliar el límite tendría consecuencias sobre las primas y requeriría ajustes para mantener el equilibrio financiero del seguro.
Su argumento es que el aumento beneficiaría directamente al grupo que hoy supera la cobertura, pero su financiamiento se distribuiría entre los propietarios de vehículos.
Sugese coincide en que una ampliación relevante requeriría revisar las tarifas. Sin embargo, ninguna de las respuestas escritas suministradas cuantifica cuánto subirían si el monto básico pasara a ¢15 millones. Para determinarlo, la aseguradora tendría que realizar una modelación actuarial.
Soley subrayó que el costo no desaparece por mantener el límite: cuando el seguro resulta insuficiente, una parte se traslada a la seguridad social. La discusión consiste también en decidir cómo se distribuye ese financiamiento.
Este debate es distinto del aumento autorizado para 2027. Las primas subirán un 4,03% en promedio, principalmente por la mayor siniestralidad, mientras la cobertura básica continuará en ¢6 millones. Pagar más no significará disponer de un límite mayor.
La decisión corresponde al Poder Ejecutivo
Sugese realiza el estudio técnico anual y presenta sus recomendaciones, pero no fija por sí sola la cobertura. La decisión corresponde al Poder Ejecutivo.
El informe debe remitirse al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a más tardar el 30 de abril. Si se modifica el monto para el año siguiente, el cambio debe publicarse en La Gaceta a más tardar el 31 de mayo. Si no se define uno nuevo, continúa vigente el anterior.
Para incorporar expresamente el objetivo de cubrir también el 90% del costo total de los siniestros, Sugese señala que sería necesario reformar el artículo 4 del Reglamento del SOA.
No obstante, ambos participantes del foro advirtieron que aumentar la protección financiera no sustituye la prevención. Educación vial, fiscalización y seguridad de la infraestructura deben acompañar cualquier revisión del seguro. El SOA compensa las consecuencias de los accidentes; reducir su frecuencia y gravedad requiere actuar antes de que ocurran.

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