ICT y Monte del Barco entran en pugna por concesión en el Polo Turístico

Se trata de Monte del Barco y Goda, empresas que el 9 de julio solicitaron por la vía administrativa la reposición de sus concesiones, alegando que el ICT les quitó su derecho a la defensa y procedió en forma ilegal.

EF tiene copia de una carta enviada el 18 de julio por el presidente de inversiones Monte del Barco y Goda, y de Grupo Aldesa, Javier Chaves a la ministra de Turismo, María Amalia Revelo y a otros siete actores en el desarrollo del PTGP. En ese documento se enumeran una serie de supuestas irregularidades que hicieron posible la cancelación de las concesiones.

Este medio también obtuvo copia del recurso de reposición, interpuesto por el bufete Zürcher, Odio & Raven, como representante de Monte del Barco y Goda.

Mediante su oficina de prensa, Aldesa confirmó la autenticidad de los documentos, aunque sus voceros se limitaron a dar esta declaración general:

“No hemos recibido respuesta de la Ministra (Revelo), el siguiente paso es que la Junta Directiva resuelva el recurso de revocatoria y, si es contrario (si no lo revoca) acudir a la vía Contencioso Administrativa contra el Gobierno y los miembros de la junta directiva del ICT en lo personal”, afirmaron vía correo electrónico.

Las consultas sobre este tema fueron enviadas tanto a Aldesa como al ICT la tarde del martes 30 de julio. Luis Jara, encargado de prensa del ICT, afirmó que la autoridad en turismo requerirá más tiempo para responder.

Posteriormente, pasado el cierre de la versión impresa de esta publicación, el equipo de prensa del ICT informó que no responderían las consultas.

“Por respeto del Debido Proceso y siendo que lo resuelto por la Junta Directiva del ICT se encuentra dentro del plazo para la interposición de los recursos pertinentes, no es posible referirnos en este momento al asunto”, dijeron vía correo electrónico.

Grupo Aldesa ha enfrentado dificultades desde marzo anterior, cuando Aldesa Corporación de Inversiones, el ala de inversiones privadas del grupo, pidió al Juzgado un régimen de administración y reorganización por intervención judicial, para atender problemas de liquidez. Esta sociedad es distinta a Aldesa Sociedad Fondos de Inversión (Aldesa SFI), administradora del proyecto Monte del Barco.

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Resolución rápida

El caso comenzó el 11 de marzo, cuando la Junta Directiva del ICT, en su sesión N°6063, resolvió solicitar a Aldesa un informe completo del estado de situación financiera de ambas concesiones.

Las empresas presentaron el documento el 27 de marzo, como consta en la secretaría de actas del ICT. La decisión de cancelar la concesión se tomó en la Junta Directiva del 1 de julio, se comunicó a las empresas el 4 de julio y fue incluida en un hecho relevante de Aldesa SFI el 8 de julio.

En la carta a la ministra Revelo, Chaves reclama que el documento de recibido de este informe fue la última comunicación del ICT hacia las empresas, antes de informarles sobre la cancelación de las concesiones.

“(...) la junta directiva de la institución violó el debido proceso y, al hacerlo, aparte de los perjuicios potenciales en contra de mis representadas, generó inseguridad jurídica que no es propia de un estado de derecho, como Costa Rica”, afirmó Chaves en el documento.

En el recurso de reposición, las empresas argumentaron que de haber existido inconformidad con los datos aportados, la Junta Directiva debió informar y otorgar 30 días para subsanar el incumplimiento. Además, señalaron que una cancelación de concesiones requiere de un informe previo del Consejo Director de Papagayo, algo que no se cumplió en este caso.

Esto es relevante porque si las empresas prueban que la Junta Directiva no cumplió con los requisitos que establece el reglamento para quitar una concesión, la decisión tomada podría ser nula, aunque permanecerían sus efectos sobre las inversiones en la zona.

Solicitud cambiada

Además del aparente error de procedimiento, la queja principal de los inversionistas representados por Chaves está en que uno de los argumentos utilizados en su contra es el incumplimiento en la presentación de una certificación de solvencia económica. Es decir: a las empresas se les habría pedido un tipo de documento (informe) y la sanción argumentaría el incumplimiento sobre otros datos (certificación).

“No puede alegar la Junta Directiva del ICT que la solicitud de un informe que detallara la situación económica de las concesionarias en vista de una noticia que circulaba en la prensa nacional, se pueda traducir como requerimiento formal a las concesionarias de presentar los estados financieros, cartas de negociación con los inversionistas y estados de balance, pero lo que es inaudito, es que lo haga hasta en la resolución final y no en la intimación del proceso administrativo ni en la comparecencia oral por parte del órgano director del procedimiento, con lo que se demuestra la indefensión total en la que han colocado a las concesionarias en este procedimiento administrativo”, afirmó la representante legal de las empresas en el recurso de reposición.

Millones en pausa

En una carta dirigida a la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, y a otras siete autoridades relacionadas con el desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo, Javier Chaves, presidente de Monte del Barco S.A. y Goda S.A., afirmó que estas empresas tienen contrato con la cadena hotelera Rosewood Hotels para el desarrollo del proyecto turístico en la zona, y que la marca ya hizo el anuncio internacional de su pronta presencia en Costa Rica.

Chaves también afirmó que a raíz de la firma con Rosewood Hotels, está en proceso la inversión de más de $200 millones de un fondo de inversión español.

Ambos inversionistas internacionales solicitaron a Aldesa actualizaciones sobre el proyecto y su viabilidad, a raíz de la cancelación de las concesiones de Monte del Barco y Goda.

Fuente: Carta enviada al ICT