Iniciativa de pruebas COVID en empresas pretende asegurar la continuidad operativa amenazada por contagios masivos

Un grupo de empresas se unió con el fin de desarrollar en el sector privado un programa para realizar pruebas para detectar anticipadamente el virus que causa COVID-19 y mitigar sus efectos en el personal. La idea es que las compañías puedan evitar cerrar sus operaciones por tiempo indefinido debido a un eventual contagio masivo.

El objetivo es asegurar la continuidad operativa de los diferentes sectores productivos del país y evitar que las compañías se vean comprometidas por un alto número de contagios del Sars-Cov-2, en especial para sectores que consideran que la operación continúa es indispensable.

Como parte de esta estrategia los promotores de la iniciativa desean preparar a las empresas en protocolos de detección temprana del virus, tratamiento de casos sospechosos y lineamientos de seguridad con el fin de no detener operaciones esenciales en el sector privado.

Eduardo Jiliberto, director general de Cuestamoras Salud, explicó que mantener activa su operación es fundamental para suplir de medicamentos al país por lo que no pueden arriesgarse a detener sus procesos por contagio masivo dentro de la organización. Bajo esta premisa se unieron al programa para que entre 200 y 300 de sus colaboradores sin síntomas sean sometidos a pruebas cada mes para detectar focos de contagio.

“El testeo proactivo va un paso más allá, al detectar casos positivos antes de que sean latentes aseguramos la continuidad operativa de la empresa para poder cumplir con nuestra misión de llevar medicamentos a la población del país”, agregó.

Cuestamoras Salud, cuenta con tres unidades de negocio. Cefa, que es una distribuidora de medicamentos en Costa Rica y Nicaragua, además de las farmacias Fischel y La Bomba.

Sobre los costos de la iniciativa para cada empresa de este programa, los promotores aseguraron que no es posible dar un monto mínimo pues depende de la fuerza laboral de cada entidad, la cantidad de veces que desean hacer el diagnóstico y cuántos de los tres ejes activen por campaña.

A inicios de abril cuando se aprobaron las pruebas de COVID-19 en los laboratorios privados en el país, EF informó que ocho laboratorios y clínicas privadas realizan las pruebas y sus precios iban desde los ¢60.000 hasta los ¢85.000. Sin embargo, Federico Echandi comenta que el precio de las pruebas ha bajado durante los últimos meses.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda ampliar la capacidad diagnóstica de nuevos casos de COVID-19, empezando por reforzar la prevención y detección temprana con apoyo de las comunidades.

María Dolores Pérez Rosales, representante de la oficina de OPS en el Costa Rica, detalló en una entrevista para La Nación que considera pertinente comenzar un proceso de descentralización de la vigilancia sanitaria, coordinado desde el nivel central del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A juicio de la autoridad internacional, esta acción le permitiría al país adelantarse en la detección y prevención de nuevos casos desde las mismas comunidades.

En el país ya se han registrado casos de empresas y entidades públicas que se han visto obligadas a cerrar sus instalaciones de manera temporal porque empleados han reportado un resultado positivo del virus. Algunas de estas han sido decisiones voluntarias por solo unos días y en otras ha mediado una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.

La iniciativa privada se trabajará sobre tres ejes de acción, el primero un diagnóstico reactivo, el cual se enfoca en agilizar la toma de muestra, así como la reacción interna a casos sospechosos o confirmados dentro de la compañía.

El segundo son una pruebas proactivas, de acuerdo con el riesgo epidemiológico de cada grupo dentro de la empresa, es decir, que tan expuesta está la persona en sus labores de cada día a contraer el virus, este grupos tendrá prioridad y serán las primeras en hacerse la prueba con el fin de prevenir y detectar infecciones escondidas en colaboradores asintomáticos o presintomáticos.

El tercer eje complementa la iniciativa mediante una asesoría continua por un grupo de expertos en epidemiología de enfermedades infecciosas, microbiología, salud pública y manejo de crisis de salud que inicia con la revisión de protocolos, procesos y flujos de trabajo. Continúa con el desarrollo del plan de pruebas y finaliza con una transferencia de información hacia la compañía, asegurando que el conocimiento generado durante el proyecto se incorpore dentro de las habilidades de la empresa.

Actualmente en Costa Rica se analiza la posibilidad de aprobar la importación de una prueba que permite medir anticuerpos. En la eventualidad de que se llegue a aprobar en el país, esta podría incluirse en el programa.

La prueba de anticuerpos, no es una prueba diagnóstica pero funciona para determinar si una persona ya tuvo la infección y desarrolló anticuerpos (defensas) contra el Sars-Cov-2. A nivel empresarial, es útil para conocer qué tan efectivo está siendo el proceso de detección dentro de la organización y cuál ha sido la incidencia del virus en la empresa.

Esta iniciativa es liderada por la Cámara Costarricense de la Salud y Laboratorios Echandi, con el apoyo de Comex, las empresas podrán ser parte de un proyecto de pruebas continuas del COVID-19.

Para los promotores de esta iniciativa, hacer un diagnóstico rápido de los casos presintomáticos y asintomáticos ayuda con la meta de aplanar la curva de contagios.

“Estudios han determinado que las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad y que la cantidad de infecciones asintomáticas rondan entre un 30% y 40% de los casos totales. Al identificar este tipo de casos de una manera temprana logramos disminuir el riesgo de transmisión dentro de la empresa y dentro de la comunidad donde reside la persona”, explicó Federico Echandi, director de Laboratorios Echandi.

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La Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, aseguró que se trata de promover un mayor alcance y coordinación para que la empresas privadas puedan mapear dónde está el virus, cuál es el estatus sanitario de sus colaboradores y diseñar oportunamente sus los protocolos respectivos

“El sector exportador representa casi un millón de puestos de trabajo directos e indirectos y debemos hacer todo lo posible por protegerlos. Al proteger la salud no solo protegemos las familias, sino también la actividad económica de nuestro país”, comentó Jiménez

Asimismo la detección temprana de casos permitirá hacer una revisión continua de los protocolos y a la vez tomar decisiones rápidas e informadas cuando se presentan confirmaciones o sospechosos minimizando el tiempo de reacción y mitigando el riesgo.

Massimo Manzi, director ejecutivo de Cámara Costarricense de la Salud, advierte que en el programa van a participar todos los laboratorios privados que son parte de esta agruṕación. Estos utilizan distintos tipos de pruebas entre las aprobadas por parte del Ministerio de Salud.

La Cámara está integrada por hospitales, clínicas, profesionales, universidades, seguros de vida y salud, cooperativas de salud, farmacéuticas, representantes de la industria médica, laboratorios clínicos, farmacias, centros de investigación, empresas de turismo médico, bienestar y retiro.

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¿Quiénes y cómo pueden participar?

El programa está abierto para empresas de todos los sectores productivos, pero principalmente está enfocado en los sectores críticos de los que depende la continuidad de la economía durante la pandemia. Por ejemplo, salud, manufactura y producción, alimentos, distribución y logística, empresas en zona franca.

Entre los requisitos para participar en la iniciativa está ser una compañía mediana o grande, que opere en estructuras “cerradas” y cuente con programas de medicina de empresa.

El programa está enfocado en entidades que por su naturaleza y su giro de negocios no pueden usar el teletrabajo como su estrategia principal de contención, sin embargo no descartan el ejecutar pruebas a colaboradores que trabajan desde la casa si la situación lo amerita.

Los colaboradores son elegidos por el grupo consultor junto con los representantes de la empresa basado en el riesgo epidemiológico de su unidad de trabajo, así como el riesgo individual.

La iniciativa es voluntaria y debe ser costeada por las empresas, el precio dependerá del tamaño, la estructura de la empresa y los componentes (asesoría o pruebas) de cada diagnóstico.