Se prevé que la Unión Europea (UE) calificará a estas empresas como «gatekeepers» de Internet (actores con control de acceso al mercado digital), lo que justificará hacerlas objetivo de un esfuerzo regulatorio que ponga freno a su desmesurado poder de mercado.

Las nuevas regulaciones complementarán la autoridad europea de defensa de la competencia, que se ha usado en reiteradas ocasiones para imponer multas de miles de millones de dólares a las megatecnológicas estadounidenses y exigirles cambios a sus prácticas empresariales. Conforme a la DMA, por ejemplo, prácticas como dar preferencia a servicios propios en los resultados de búsqueda formarán parte de una «lista negra»: se las presupondrá ilegales, sin que la UE deba presentar una denuncia de conducta monopólica y demostrar que hubo perjuicio a la competencia.

La DSA, por su parte, reforzará la obligación de las megatecnológicas de revelar sus algoritmos o eliminar de Internet materiales ilegales o nocivos (como el discurso de odio y la desinformación). Combinadas, ambas medidas ampliarán en forma significativa el control regulatorio de la economía digital en Europa y el resto del mundo.

Las megatecnológicas tienen mucho en juego, porque las regulaciones de la UE suelen tener alcance mundial, un fenómeno denominado «efecto Bruselas». Como la UE es uno de los mercados de consumo más grandes del mundo, casi todas las corporaciones multinacionales aceptan su normativa comercial como precio de admisión: para evitar el costo de adaptarse a una diversidad de regímenes regulatorios, extienden las reglas de la UE a sus actividades en todo el mundo. Por eso muchas grandes empresas no europeas aplican el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE a todas sus operaciones.

No sorprende entonces que directivos de megatecnológicas y otros críticos de la normativa europea opongan resistencia y acusen a la UE de abuso regulatorio y motivaciones proteccionistas. Pero las medidas de la UE no son una violación injusta de la libertad comercial de empresas tecnológicas estadounidenses exitosas, ni limitan la autonomía regulatoria de los Estados Unidos. Aun si las regulaciones de la UE resultaran costosas para las grandes empresas estadounidenses, beneficiarán a muchas firmas estadounidenses más pequeñas que llevan años dependiendo de que sea la UE (en vez de su propio gobierno) la que ponga límites a los gigantes de la industria.

Además, el alcance mundial de las regulaciones de la UE ha traído importantes beneficios a los usuarios de Internet estadounidenses, muchos de los cuales aplauden que se mejore la protección de la privacidad y se limite el discurso del odio en el ciberespacio.

Inacción

Fue la inacción de Estados Unidos la que hizo posible el ascenso de la UE al papel de superpotencia regulatoria. Tras adoptar la desregulación y el tecnolibertarismo como paradigmas de gobierno en el ámbito de la economía digital, Estados Unidos lleva mucho tiempo viendo desde un costado cómo la UE fija normas para el mercado internacional. Y la administración Trump reforzó este aislacionismo regulatorio al abandonar el diálogo internacional y la cooperación normativa, con lo que en la práctica cambió sin darse cuenta globalización por europeización.

Pero es posible que al fin los vientos estén cambiando en Estados Unidos. Legisladores y organismos de control comienzan a darse cuenta de los excesos de las megatecnológicas. Hace algunas semanas, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó un informe sobre la situación de la competencia en los mercados digitales, con un contundente llamado a la acción y el bosquejo de un plan para revitalizar la legislación antimonopólica estadounidense.

Además, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha comenzado a cuestionar las prácticas monopólicas de Google (tras diez años de tolerarlas) y la Comisión Federal de Comercio (junto con 46 de los 50 estados, Washington DC y Guam) presentó una demanda contra Facebook por monopolio ilegal. No está claro si estos pasos serán el inicio de una revolución progresista antimonopólica en Estados Unidos, o si se paralizarán en un Congreso dividido o ante tribunales de tendencia conservadora habituados a limitar el papel de la legislación de defensa de la competencia.

En cualquier caso, a Estados Unidos le conviene renunciar al no intervencionismo tecnológico. Tiene que dejar de aceptar reglas ajenas y empezar a apuntalar su propia normativa. Un buen modo de empezar sería una ley federal de privacidad, visto que la idea ya tiene el apoyo de importantes empresas estadounidenses como Microsoft, Facebook y Apple.

Una mejora de la legislación de privacidad ayudará a Estados Unidos a reiniciar los flujos de datos con la UE, detenidos por el Tribunal Europeo de Justicia por falta de mecanismos de protección de la privacidad en Estados Unidos. También le servirá para resolver temores a la vigilancia de ciudadanos estadounidenses por parte del gobierno chino. El desordenado intento de la administración Trump de vedar a la plataforma de redes sociales china TikTok el acceso al mercado de los Estados Unidos no puede actuar como sustituto de regulaciones que protejan los datos personales de sus ciudadanos.

Las razones para que Estados Unidos reasuma un nuevo liderazgo regulatorio se refuerzan por la creciente influencia global de China sobre los estándares de gobernanza tecnológica. Empresas chinas (todas ellas relacionadas en mayor o menor grado con el gobernante Partido Comunista) han provisto infraestructura tecnológica fundamental a países de todo el mundo. China también suministró tecnología de vigilancia basada en inteligencia artificial a numerosos gobiernos de clara tendencia iliberal.

Dada la idea autoritaria que tiene China de Internet, a Estados Unidos le conviene trabajar codo a codo con la UE en la regulación de las megatecnológicas y de la economía digital. Los desacuerdos de ambas partes en materia de defensa de la competencia, privacidad y tributación son manejables, y deben resolverse en el contexto de un esfuerzo más amplio para el reinicio de la relación transatlántica.

En vez de oponerse a los intentos legítimos de la UE de defender su idea de la economía digital, el gobierno del presidente electo Joe Biden debe explorar el modo de colaborar con la UE en la promoción de una idea compartida. Al fin y al cabo, ciudadanos a ambos lados del Atlántico quieren una Internet centrada en las personas y basada en los valores de la democracia liberal y la autonomía individual.

Anu Bradford, profesora de Derecho y Organización Internacional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia e investigadora superior en el Instituto Jerome A. Chazen de Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, es autora de The Brussels Effect: How the European Union Rules the World [El efecto Bruselas: cómo la Unión Europea gobierna al mundo].