EscucharLa Asamblea Legislativa aprobó presupuesto para ampliar la cárcel de La Reforma, este aliviará condiciones de hacinamiento contrarias a la dignidad de las personas.
El proyecto se aprobó con discusión y críticas contra la pretensión del ejecutivo de copiar el Centro de Confinamiento de Bukele que confunde terrorismo con delincuencia común.
La reproducción del este modelo basado en un régimen de excepción con suspensión de garantías judiciales, encarcelamiento masivo, ausencia de juicios, humillación de los detenidos y más penas, han convertido a El Salvador en una dictadura.
El Estado de Derecho languidece por violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. A lo anterior se suma la desaparición de la independencia judicial, irrespeto a garantías constitucionales y falta de transparencia sobre las condiciones de 40.000 detenidos.
La democracia con su desconfianza hacia la concentración del poder nos ha fortalecido frente a su potencial abuso y hemos establecido límites y derechos para proteger la ciudadanía.
Nuestro país se rige por principios y garantías: que impidieron la réplica del autoritarismo “bukelista”. El principio de legalidad, no hay delito, ni pena, sin ley previa. El principio de materialidad, no se castigan los pensamientos o las intenciones. La presunción de inocencia, el derecho de defensa, la separación entre juez y acusación, el contradictorio entre acusación y defensa.
La cárcel de Bukele fracasó en un legislativo democrático y humanista, respetuoso de derechos humanos y libertades públicas que se pueden oponer a la potencial arbitrariedad estatal.
La Reforma se ampliará para quienes sufren privación de libertad pero no como centro de tortura y humillación.
La cárcel no elimina el problema de la seguridad, tenemos que ir a las causas, que se encuentran en pobreza y desigualdad, falta de educación y oportunidades, lo que no quiere decir que no seamos severos, en el marco de la ley, con sicarios y narcotraficantes.
Represión indiscriminada sin política social solo lleva a perpetuar el problema y dibuja una inviabilidad de mediano y largo plazo en el tratamiento de la inseguridad que nos carcome.
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Constantino Urcuyo Fournier es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.
