Opinión

Bicentenario: Los retos más allá de la celebración

La solidez de la institucionalidad democrática de Costa Rica debe ser un aspecto central a la hora de definir el papel del Estado

El bicentenario de vida independiente como ocasión para celebrar los grandes hitos que hemos alcanzado, también es una oportunidad para reflexionar sobre el país en que aspiramos transformarnos. Por decisiones históricas, Costa Rica se consolidó como una nación diferenciada de la situación centroamericana, al apostarle a un modelo democrático con una institucionalidad sólida que la respalde. Hoy, pese a que la solidez de esta democracia nos continúa colocando como un referente en la región y en el mundo, esta institucionalidad democrática urge de ajustes de acuerdo con las nuevas necesidades ciudadanas, para que la promesa de un desarrollo país en libertad y equidad se cumpla.

No obstante, llegamos a esta conmemoración en medio de complejas frustraciones que dificultan esta tarea. Por ejemplo, en los últimos dos años, Costa Rica experimentó una destrucción masiva de empleos y un resquebrajamiento importante de los indicadores sociales como consecuencia de la pandemia, cuyos efectos e impactos no terminamos de conocer. Además, como lo demuestra el reciente informe del Estado de la Educación, estamos en medio de un “apagón educativo” que tiene consecuencias de gran magnitud para la construcción de un país con posibilidades de movilidad social ascendente y acceso equitativo a oportunidades.

Aún así, a pesar de múltiples llamados ciudadanos que se reflejan en resultados electorales que acumulan más abstencionismo, desconfianza en la democracia y desencanto con los asuntos públicos, el Estado costarricense no ha logrado dar una respuesta integral y robusta a la crisis que atravesamos. Por el contrario, encontramos signos de desconexión entre dichas demandas y los resultados estatales, y esa desconexión es una amenaza directa a la democracia de la cual nos enorgullecemos. Cuando nuestra institucionalidad democrática no responde a las expectativas ciudadanas, se cae fácilmente en la tentación, de abandonar las convicciones democráticas y creer que el problema es la democracia misma.

Mientras imaginamos el futuro que queremos para Costa Rica tras la celebración del bicentenario, la solidez de esta institucionalidad democrática debe ser un aspecto central, ya que constituye el vehículo imprescindible para diseñar intervenciones públicas y acciones estatales que permitan mejorar la vida de las y los costarricenses. En ese sentido, la democracia no se fortalece únicamente desde las urnas cada dos años, sino que también se construye desde una gobernanza que responda a las demandas más urgentes de la ciudadanía con soluciones oportunas, innovadoras y sostenibles.

Ante el momento histórico de deterioro institucional, pérdida de confianza en las instituciones y las exigencias cada vez más altas de la ciudadanía, el Estado debe analizar y transformarse sobre los elementos que están afectando su capacidad de respuesta, recordando que su razón de ser no es otra que el servicio a la ciudadanía a favor de su calidad de vida. Esta ha sido la meta de quienes compartimos un pensamiento reformista, buscar que las instituciones se adapten para atender y solucionar las necesidades de hoy con pericia, antes que servir los propósitos pasados. Sin embargo, es claro que los esfuerzos han sido escasos y la ciudadanía mantiene reclamos justificados por la insuficiencia de la respuesta. Un informe reciente del PNUD refleja que el 91% de los costarricenses consideran que el país se gobierna en beneficio de los intereses de unos pocos. Es decir, la gobernanza, no está permeando en resultados a toda la ciudadanía.

Objetivos

Para cambiar esa perspectiva y reivindicar la labor del Estado, debe existir claridad y transparencia sobre los objetivos que se buscan alcanzar desde la administración pública. Cuando no existen estas dos condiciones, es complicado llegar a buen puerto. Consecuentemente, es necesario que, en el ejercicio democrático, instalemos una mayor capacidad crítica para así cuestionar las razones de fondo que motivan la existencia de nuestras instituciones, y las estructuras y procesos que las componen. Esto debe ser evaluado y optimizado en función de los servicios y resultados que se proveen a la ciudadanía, y debe ser consecuente con las políticas públicas planteadas.

Además, es necesario que busquemos asegurar un acceso más equitativo y justo en los compromisos país. Por ejemplo, Costa Rica ha avanzado en proveer oportunidades de acceso al estudio y la salud pública a la mayoría de las personas, cumpliendo con acuerdos fundamentales que asumió el país en el siglo XX. Sin embargo, esa promesa está inacabada, pues el acceso a los servicios públicos, por sí solo, no es suficiente. Por el contrario, es imprescindible que la calidad de los servicios y oportunidades sea incluida en la discusión. Las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social, o los preocupantes resultados de las pruebas PISA en educación son reflejo de la magnitud de esta tarea. En el pasado el país alcanzó grandes conquistas sociales que nos garantizaron paz social y progreso, ahora corresponde ampliar esos acuerdos, renovando nuestro contrato social, para que incluyan las expectativas ciudadanas del presente, con servicios de calidad para todas las personas e instituciones públicas que lo reflejen.

Para ello, debemos pasar del lastre al arrastre. Es decir, que las instituciones y empresas públicas impulsen un desarrollo que incluya a todos los miembros de la sociedad, y no que sean un modelo excluyente, de “arriba hacia abajo” donde los beneficios se concentran en unos pocos. Ninguna institución puede ser un fin en sí mismo, y mucho menos en un contexto donde existen necesidades desatendidas casualmente por conservar instancias rígidas e inamovibles.

A propósito del bicentenario, debemos asumir la responsabilidad de actuar con visión de futuro, para asegurarnos que la institucionalidad cumpla propósitos que signifiquen impactos positivos para la ciudadanía, antes que enfocarnos en mantener objetivos y métodos que ya no pertenecen a la realidad. La pugna pendiente no es en contra o a favor de determinadas instituciones, por el contrario, es una lucha a través de las instituciones para el servicio a la ciudadanía.

Cumplir con la tarea descrita no será fácil, pues caminamos con gran estrechez fiscal, una economía deprimida y un sistema de partidos políticos fragmentado. Sin embargo, este reto para nuestra institucionalidad democrática se mantiene latente. Heredar una mejor Costa Rica, debe obligarnos a asumir el compromiso de impulsar soluciones que atiendan las demandas ciudadanas, a través de un diálogo sensato y responsable. En el pasado, la democracia costarricense triunfó sobre las probabilidades adversas que enfrentaba. Nuestro reto es hacerlo una vez más.