La intervención de Coopeservidores por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) produce un aura de interrogantes importantes para mejorar la efectividad de la supervisión de cara a eventos futuros de este tipo.
Una de ellas está relacionada con la oportunidad de la intervención. La regulación financiera ha venido mejorando en las últimas décadas y no hay dudas de que ahora la Sugef actúa de una forma más expedita que en el pasado. Sin embargo, queda la impresión de que las acciones de la Sugef aún no se están dando a la velocidad adecuada para evitar las circunstancias que suscitó la intervención, como la paralización de cuentas de muchas personas que dependen diariamente de esos recursos y la incertidumbre para 326 asociaciones solidaristas y sus afiliados.
De hecho, en el caso de los primeros se trata a veces de personas que dependen de esos ahorros para pagar deudas con la misma entidad y a quienes los reguladores simplemente les dieron el mensaje de que deben buscar los recursos en otras partes para pagar esas deudas.
Se supone que desde hace varios años la Sugef ejerce su supervisión con un modelo basado en riesgos. Para que este esquema sea efectivo, un requisito indispensable es que la regulación se enfoque en el fortalecimiento del gobierno corporativo de los regulados, siendo el máximo exponente el Consejo de Administración en el caso de Coopeservidores.
Los problemas de gobernanza que hoy vemos en esta cooperativa no son nuevos y debieron ser detectados hace muchos meses sino años por parte de la Sugef. Antes de llegar al estado actual de intervención, un modelo de supervisión basado en riesgos debe detectar este tipo de deficiencias que deberían ser obvias para un regulador. Y, previo a la intervención, se debieron haber exigido cambios sustanciales que mejoraran la administración de riesgos dentro de la entidad supervisada. No obstante, existe evidencia de que esto no fue así, pues un esquema de riesgos bien estructurado detectaría problemas como la ausencia o no aplicación de procedimientos para la readecuación de créditos o los actos ilícitos que hasta el presente se están denunciando en el Ministerio Público.
¿Significa que la Sugef tiene que intervenir una entidad para darse cuenta de estas anomalías? Si es así, la supervisión sigue siendo un proceso basado en cumplimiento normativo y no en riesgos. La regulación de riesgos existe y las entidades reguladas deben cumplirla. Sin embargo, si no hay una vigilancia efectiva la regulación se convierte en letra muerta.
En este sentido, sería razonable exigirle a la Sugef un análisis de costo-beneficio de toda la regulación existente. Esto mismo debería ser extensivo al resto de las superintendencias. Se trata de cuantificar el beneficio que la regulación le genera a los clientes, por ejemplo en términos de seguridad de sus ahorros, versus los costos regulatorios que son trasladados a los mismos clientes. De lo contrario, estaríamos engrosando los costos a las entidades reguladas sin que el público perciba un beneficio, por ejemplo, cuando los usuarios se enteran por la prensa de que la entidad en la que habían confiado su dinero se ha intervenido y sus ahorros se encuentran congelados.
La incertidumbre de los ahorrantes, especialmente los pequeños, podría atenuarse si existiese información sobre la posible activación del Fondo de Garantía de Depósitos. A pesar de ello, aún seguimos esperando un pronunciamiento oficial del Banco Central de Costa Rica, el administrador de este fondo. A esta fecha el patrimonio de este fondo asciende a ¢6.100 millones, cifra pequeña si se compara con el ajuste en utilidades de más de ¢30.000 millones solicitado por Sugef en los estados financieros de 2023 de la cooperativa de ahorro y crédito intervenida.
Otra interrogante es sobre quiénes serán los mayores perdedores si la intervención determina que el negocio de Coopeservidores no es viable. Tal parece que uno de estos afectados serán las asociaciones solidaristas, pues alrededor de 1 de cada 4 de ellas tenían ahorros de sus afiliados invertidos allí.
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Resulta que por orden del Conassif, a partir de diciembre de 2020 la Sugef se intentó regular a las asociaciones solidaristas con base en el mismo modelo de supervisión basado en riesgos, pero estas disposiciones se derogaron posteriormente. Nuevamente cabe la pregunta de si realmente la supervisión ha sido efectiva para evitar una alta concentración de inversiones en una sola entidad y si habrá un efecto contagio sobre otros intermediarios financieros.
