Por: Andrés Herrera Jaramillo.   10 junio

Estamos a las puertas de cumplir dos años, desde que el 3 de setiembre de 2019, entrara a regir la “Ley de Fortalecimiento de Modelos Eficientes de Asocio entre el Sector Público y Privado para Desarrollo de Obra Pública, reforma la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos N°9701”, la cual como su nombre lo indica reformó la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos N°7762 (la “Ley”). Sin embargo, todavía es poco el conocimiento que se tiene sobre dicha reforma y su adecuada aplicación en la práctica.

Antecedentes de la reforma

La reforma a la Ley nació con la finalidad de proporcionar una herramienta adicional para que Costa Rica aspire a reducir el rezago existente en inversión y desarrollo en infraestructura pública, el cual afecta directamente su competitividad a nivel internacional.

El Reporte Global de Competitividad 2019-2020 publicado el 8 de octubre de 2019 (prepandemia) por el Foro Económico Mundial, demuestra que existe una mejora en cuanto al posicionamiento de Costa Rica en infraestructura, al darse un ascenso de hasta 15 puestos en esta categoría de calidad global, principalmente debido a mejoras en carreteras y puertos del país. Sin embargo, todavía nos encontramos muy lejos de los primeros puestos, de tener un mejor clima para promover negocios y de atraer más inversión extranjera.

Uno de los puntos principales que dicha reforma planteó es la incorporación de la “novedosa” figura de Optimización de Activos, aplicable por medio del contrato administrativo de optimización de activos de infraestructura. Figura definida en el inciso c del artículo primero de la Ley, como: “el contrato administrativo por el cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, la operación, el mantenimiento, la ampliación o la reparación, así como la explotación de cualquier bien inmueble público, previamente existente, prestando los servicios a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra, a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente”.

Foto Alonso Tenorio
Foto Alonso Tenorio
¿Qué es la Optimización de Activos o reciclaje de activos?

Esta es una excelente herramienta que, utilizada correctamente, puede ser de gran utilidad para tratar de disminuir el mencionado rezago en desarrollo de infraestructura pública que arrastra nuestro país.

En pocas palabras, la Optimización de Activos le permite al país aprovechar los bienes inmuebles públicos existentes, sean carreteras, puentes, aeropuertos para que un tercero (persona pública, privada o mixta) pueda operar, dar mantenimiento, ampliar, reparar o explotar dicho bien a cambio de una contraprestación cobrada a los usuarios de la obra, los beneficiarios del servicio o por pagos de cualquier tipo por parte de la Administración.

La diferencia entre esta y otras figuras radica en que, al tratarse de bienes inmuebles existentes, el concesionario deberá reconocerle a la Administración un pago inicial, un pago diferido o la combinación de ambos todo de conformidad con el cartel de licitación. A su vez, todos los recursos captados por la Administración, producto de dichos pagos, deberán ser invertidos en nuevos proyectos de obra pública y servicios conexos.

Los beneficios y ventajas de esta figura son bastante evidentes, se aprovechan al máximo los bienes inmuebles existentes, los cuales requieren de un mantenimiento perpetuo y, además, se consiguen fondos para financiar nuevas obras sin necesidad de adquirir más deuda pública o impuestos a los costarricenses, dándole un respiro a las ya de por sí mermadas finanzas públicas.

Australia, país pionero

La Optimización de Activos fue ejecutada por primera vez en Australia, país pionero y abanderado de la figura. La Iniciativa de Reciclaje de Activos (ARI, por sus siglas en inglés) de este país precursor fue un plan estratégico para incentivar al gobierno estatal a realizar reciclajes de activos, que tuvo una duración de cinco años, ejecutados desde el 2014 al 2019.

A Principios de 2018, hasta doce activos públicos importantes fueron introducidos en la figura desde Nueva Gales del Sur, Victoria, el Territorio del Norte, Australia del Sur y el Territorio de la Capital Australiana. El plan tuvo mucho éxito. A través del Fondo de Reciclaje de Activos de Australia, se distribuyeron $3,3 billones, y se proyectó que dicha cantidad iba a incentivar una inversión en infraestructura de aproximadamente $23 billones durante su implementación.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Australia. Se reconocieron ciertos fallos y se abrió la oportunidad para un análisis de las posibles mejoras o recomendaciones para que otros países utilizaran la figura de una mejor manera. Así lo reconoce el informe del Centro de Riesgo de Asia- Pacífico de Marsh & McLennan Companies, publicado en 2018, el cual proporciona varias ideas claves que los gobiernos e inversionistas privados deberían considerar para mejorar la implementación de dicha figura.

Ideas claves tras la experiencia australiana

En cuanto a los gobiernos, se les recomienda previo a dar inicio al reciclaje de activos tener como mínimo una respuesta a las siguientes preguntas: ¿El potencial socio privado posee el capital y experiencia necesarios para entregar el programa de infraestructura requerido?; ¿Cuál es el sentimiento o percepción del público general al financiamiento y manejo privado de los bienes?; y ¿Qué papel podrá el socio privado jugar a la luz de las necesidades del proyecto y de la percepción pública?

De las tres preguntas anteriores, la más importante —según el informe—, es conocer el sentimiento o percepción del público general en cuanto al financiamiento y manejo privado de los bienes, ya que, este tipo de figura siempre va a ocasionar un acalorado debate político y generará dudas en el administrado, principalmente por falta de conocimiento y entendimiento de la figura. Si estas preocupaciones no son proactivamente atacadas podrían conducir a situaciones en donde el público general tenga una posición en contra tan arraigada que impida el nacimiento de cualquier debate y el consecuente fracaso de la figura antes de haber nacido.

Por parte del inversionista privado, existen varios temas de gran importancia a considerar previo a invertir en uno de estos proyectos, como por ejemplo: conocer y entender muy bien al país y a la Administración concedente, ojalá saber si dicha Administración ha cumplido de buena forma contratos parecidos en el pasado; tener clara la mejor forma de manejar el riesgo a la hora de redactar los contratos de Alianza Público-Privada, buscando transferir parte de este a la Administración concedente; tener presente que el adecuado manejo del público y la cultura existente será prioritario para el éxito del proyecto; y por último, entender y ser capaces de manejar posibles “trampas regulatorias”, las cuales podrían significar considerables trabas o retrasos en la aplicación práctica de la figura.

En Costa Rica

Podemos concluir que la figura de Optimización de Activos es una importante herramienta que nuestro país debe necesariamente explotar y aprovechar al máximo. Pero para que tenga éxito es necesario estudiar a fondo los casos de los países pioneros en la figura, con la finalidad de no cometer los mismos errores y potenciar buenos resultados.

En el contexto actual del país, en donde existe un gran un reto económico y fiscal incrementado ahora por la pandemia de la COVID-19, es de vital importancia apoyarnos en las Alianzas Público-Privadas, las cuales permitirán acelerar el crecimiento y desarrollo del país, así como aprovechar de una mejor manera las capacidades para impulsar obras de infraestructura pública, las cuales en su condición actual afectan negativamente la calidad de vida de los costarricenses y nuestra competitividad internacional, provocando la disminución de inversión extranjera y el rezago mencionado.