Opinión

Editorial: Aguacate y el tiempo de ponerse serios

Las dos últimas administraciones del PAC parecieron ignorar las nociones más básicas de nuestro comercio exterior y decidieron, de forma irresponsable, exponer al país, al adoptar una política de restricciones arbitrarias a las importaciones

El pequeño tamaño de la economía costarricense requiere indispensablemente de los mercados internacionales para poder crecer, aprovechar las economías de escala, y generar riqueza y bienestar para las mayorías. Por esa razón, durante más de tres décadas, el país ha hecho esfuerzos extraordinarios para asegurar el acceso a los principales mercados del mundo, a través de variados acuerdos comerciales, promoviendo la adopción de reglas y disciplinas claras, y mejorando los mecanismos de solución de diferencias para que estos apliquen con rigor esas reglas y disciplinas.

En dicho contexto, uno de los pilares fundamentales de nuestra política comercial ha sido el fortalecimiento continuo del sistema multilateral de comercio, cuyo compromiso empieza con ser un miembro genuinamente respetuoso de sus obligaciones internacionales y, por supuesto, con acatar sus resoluciones sin dilación.

Esta verdad de Perogrullo, que ha sido invocada mil y una vez por diversos gobiernos y líderes del sector privado, es necesario repetirla hoy porque las dos últimas administraciones del Partido Acción Ciudadana parecieron ignorar las nociones más básicas de nuestro comercio exterior y decidieron, de forma irresponsable, exponer al país, al adoptar una política libertina de restricciones arbitrarias a las importaciones, en violación flagrante de los acuerdos multilaterales y de la normativa interna. Aunque no el único, el caso de las restricciones al aguacate Hass proveniente de México es un claro ejemplo de ello. A pesar de las múltiples advertencias sobre las ilegalidades que el Sistema Fitosanitario del Estado estaba cometiendo al impedir esas importaciones sin ningún fundamento técnico, las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado insistieron en mantener la medida y obligaron a México a acudir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que esta resolviera el diferendo. Como se anticipaba, el panel de la OMC dio la razón a México y determinó que en efecto Costa Rica actúo de forma incompatible con las obligaciones de los acuerdos.

Con humildad, el gobierno saliente y su antecesor deberían reconocer la gravísima falta cometida y los grandes daños ocasionados en aras de un proteccionismo añejo e inefectivo. Los responsables de este desaguisado deben ser señalados y asumir las consecuencias de sus actos, incluyendo las sanciones disciplinarias y el pago de las indemnizaciones que correspondan de conformidad con la legislación nacional.

Pero no ha bastado con haberle hecho daño a los consumidores de ese insumo y del producto final, haciéndoles pagar un precio exorbitante u optar por un producto de mucho menor calidad, ni haber hecho sonrojar de vergüenza a nuestras autoridades de comercio exterior al tener que poner la cara y defender lo indefendible en los foros externos. Tampoco ha importado la erosión a la institucionalidad y credibilidad gubernamental, al empecinarse, contra viento y marea, en mantener una medida a todas luces abusiva y discriminatoria. Ahora, el saliente ministro de Agricultura se muestra reticente a acatar el fallo arbitral, levantar de inmediato la medida y ponernos a derecho. Dichosamente, a este jerarca le restan muy pocos días para dejar su despacho y las autoridades del nuevo gobierno, en cabeza de su ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, han tomado el liderazgo para indicar que dicha medida será levantada apenas entren en posesión del cargo.

Con humildad, el gobierno saliente y su antecesor deberían reconocer la gravísima falta cometida y los grandes daños ocasionados en aras de un proteccionismo añejo e inefectivo. Los responsables de este desaguisado deben ser señalados y asumir las consecuencias de sus actos, incluyendo las sanciones disciplinarias y el pago de las indemnizaciones que correspondan de conformidad con la legislación nacional. La credibilidad del país no es cosa de juegos ni algo tan serio debió nunca haberse tomado tan a la ligera y, en ocasiones, hasta con sorna. El acatamiento inmediato del laudo y el restablecimiento de la legalidad es imperativo por razones de sensatez y conveniencia.

El mecanismo de solución de diferencias del sistema multilateral de comercio -tan vilipendiado por otros miembros en los últimos años- nos ha servido en el pasado para equilibrar la balanza con socios de mucho mayor tamaño y fuerza política. También nos servirá para dirimir diferencias con un socio tan relevante como Panamá en una variedad de productos de interés para importantes sectores productivos. No es momento para seguir siendo el “vivazo” de la clase. Es tiempo de ponerse, finalmente, serios.

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