Por: Laura Ávila, María Luisa Madrigal.   27 mayo

El Poder Ejecutivo anunció en setiembre un contingente de medidas para reactivar la producción. Sin embargo, ocho meses después, la economía duerme, el país batalla con altos índices de desempleo y más de un millón de personas están atrapadas en la informalidad.

La estrategia del Gobierno está en disonancia con las necesidades de un país que, a finales del 2018, ostentó la tasa de desempleo más alta (12%), y un sector productivo que clama por medidas más contundentes para mejorar el ambiente. Foto: Jorge Castillo
La estrategia del Gobierno está en disonancia con las necesidades de un país que, a finales del 2018, ostentó la tasa de desempleo más alta (12%), y un sector productivo que clama por medidas más contundentes para mejorar el ambiente. Foto: Jorge Castillo

Las cifras lo demuestran: para este año, el crecimiento económico será del 3,2%, es decir, menos de un punto porcentual (0,54) de lo que aumentó en el 2018, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Ahora la incógnita que resuena en la cabeza de muchos ciudadanos es ¿por qué el país va marcha atrás si el Gobierno definió acciones? La respuesta es sencilla. La administración Alvarado Quesada ancló la agenda de reactivación económica al sector público, lo que implica que los efectos de la dinamización serán muy lentos.

Según el sector empresarial, la coyuntura requiere mayor agresividad por parte del Poder Ejecutivo para atender las urgencias del país eficazmente.

Más allá de los desafíos, también se visualizan soluciones. Las fuentes consultadas proponen acciones contundentes y más expeditas para reanimar la aletargada producción nacional.

¿Por qué no se siente la reactivación?

Los ciudadanos, empresarios y políticos no sienten un despertar de la economía porque el Poder Ejecutivo decidió cocinarla a fuego lento.

Esto significa que una parte sustantiva de la agenda depende del ritmo del sector público, por lo que el efecto de la estrategia, de llegar a concretarse, se vería a muy largo plazo.

Para contextualizar, hay que repasar las medidas del sector construcción.

Aquí, una de las acciones planteadas fue la modernización de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) para agilizar y digitalizar los trámites.

La modernización, un asunto pendiente de vieja data, gatea en lugar de correr. A pesar de que el anuncio fue hace ocho meses, la comisión transformadora iniciará la reingeniería hasta junio.

El Administrador de Proyectos de Construcción (APC) se concibió como la panacea para integrar los permisos previos de construcción y catastro de más de una veintena de entidades.

Después de tres meses de funcionamiento, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) califica de “viacrucis” el uso de la plataforma, debido a que las instituciones –como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)– desconocen la APC.

“La información y las directrices no fluyen de la mejor manera hacia las entidades más operativas”, señaló Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA en un foro de la Cámara de la Construcción.

La reactivación tampoco se siente por las reformas estructurales que se debieron aplicar desde hace años.

El rezago en la flexibilidad laboral, la ausencia de jornadas 4/3, la poca consolidación del teletrabajo y la inexistencia de trabajo extraterritorial cobran una cara factura, de acuerdo con Melvin Garita, economista.

Otro elemento que juega en contra es la confianza, sentimiento que abandonó a los consumidores e inversionistas.

Según la encuesta Pulso Empresarial, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el 64% de los empresarios califica como “regular” el ambiente para hacer negocios.

Al segundo trimestre del año, la actividad está ralentizada porque los agentes económicos requieren señales que les permitan tener esperanza, según Shirley Saborío, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Promoción de Competitividad.

A marzo, la construcción –uno de los mayores dinamizadores de la economía– solo aumentó 0,8%, según el Índice Mensual de Actividad Económica (Imae) del BCCR.

El precario crecimiento contrasta con la variada obra pública que se realiza actualmente –como el alcantarillado sanitario– y el avance de la infraestructura educativa.

La actividad comercial tampoco pasa por su mejor momento: sufrió una contracción de 0,5% por la disminución de la comercialización de vehículos, una menor venta de aparatos eléctricos y materiales de construcción, y un escaso consumo de los hogares.

“El principal desafío es la falta de credibilidad en la administración, empezando por el presidente, que no transmite confianza a los distintos actores”, comentó Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del instituto Cato.

Para reactivar la economía, el país requiere “un shock de confianza” para que el sector productivo no se sienta paralizado, menciona Hidalgo.

Soluciones expeditas

Según las diferentes cámaras empresariales, el Gobierno puede implementar medidas para brindar resultados expeditos y lograr un despertar de la producción.

Una de las propuestas es hacer las tarifas eléctricas más competitivas para los empresarios, quienes pagan precios más altos durante las horas de mayor demanda.

“Hay horas del día en las que las industrias tienen que parar el personal y luego echar a andar las máquinas”, indicó Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de electricidad de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

Para paliar los efectos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) estableció una tarifa de alto consumo para el sector productivo, según Montenegro.

No obstante, la medida aún no impacta a clientes de otros distribuidores, como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) o la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Las fuentes consultadas también sugieren disminuir la base mínima contributiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El Reglamento de Aseguramiento de Microempresas y Emprendedores en el Seguro de Salud podría ayudar a reducir las cargas sociales de las pymes y del pequeño y mediano productor agropecuario (pympa).

“No puede ser que las mipymes, desde el minuto cero, tengan que cotizar a la Caja cuando no se ha generado ni una sola utilidad. Un período de gracia ayudaría a dar aire”, indicó Leonella Artavia, académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

También se puede disminuir de manera temporal el Encaje Mínimo Legal (EML) para tener mayor disponibilidad de recursos. La decisión depende de un acuerdo de la Junta Directiva del BCCR.

Hablar sobre el cierre de instituciones, aunque es una medida que toma tiempo, es una señal positiva para la economía. El Gobierno presentaría la reforma del Estado durante las próximas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

EF intentó consultar a André Garnier, ministro de Enlace con el Sector Productivo, pero no contestó los mensajes telefónicos.

El sector de comunicación de Casa Presidencial indicó que Garnier no se referirá al tema hasta que asuma el cargo como coordinador del equipo económico, junto a Pilar Garrido, ministra de Planificación.