El nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, inauguró sus funciones sembrando simbólicamente un árbol de aguacate. Nos recordó el gesto del ministro de Comunicación de la Administración anterior, posando con una bolsa de aguacates para minimizar la importancia del bloqueo a la importación de ese producto que las autoridades agrícolas de entonces habían decretado.

Además del acto simbólico, en entrevista a La Nación el jerarca prometió proteccionismo a ultranza para proteger a la agricultura. Y en una entrevista en otro medio, consultado sobre el ingreso del país a la Alianza del Pacífico, al Ministro se le atribuye la siguiente declaración, que hasta donde sabemos no ha desmentido: “Mi actividad empresarial en los sectores lechero, ganadero y cañero y en otras juntas directivas hace que esté en desacuerdo, ya que esos y otros grupos saldrían perjudicados ante una mayor apertura”.

Es importante que el titular de Agricultura recuerde que él no es un representante de un gremio o sector en particular. Como funcionario, sujeto al deber legal de probidad, está obligado a orientar sus acciones a la satisfacción del interés público. Si considera que el interés público coincide con los intereses particulares de cierto grupo, debe sopesar esos intereses con los de otros sectores afectados, incluyendo los consumidores, y fundamentar apropiadamente sus decisiones. Obviamente nada de eso ocurre cuando se dan declaraciones tan sesgadas, apenas iniciando funciones e ignorando el rol de otras autoridades del Gobierno con competencia legal en la materia, como la cartera de Comercio Exterior.

En la Organización Mundial del Comercio (OMC), Costa Rica ha ganado importantes batallas contra potencias mundiales; por ejemplo, en los casos de textiles y banano de los años noventa. Hoy tenemos grandes probabilidades de perder el reclamo planteado por México por el bloqueo a la importación de aguacate, decretado por la Administración anterior con débil fundamento técnico. Pensábamos que con una nueva Administración surgiría la oportunidad de negociar con México y evitar exponernos a una condena, pero el nuevo titular de Agricultura lo descarta. Como no hemos oído nada de las nuevas autoridades de Comercio Exterior sobre el tema, no perdemos la esperanza.

Comprendemos y apoyamos la necesidad de apoyar a la agricultura nacional. Pero ello debe hacerse de forma razonable y balanceada, tomando en cuenta los intereses de los consumidores, que son la mayoría de la población, y con absoluto respeto a las obligaciones internacionales del país. Además, la protección a la agricultura no debe frenar la inserción de Costa Rica en la economía mundial, como el caso de la Alianza del Pacífico.

Las consecuencias negativas de quedarnos fuera de ese bloque, que es un puente al Tratado de Asociación Transpacífico ya firmado por 11 países de Asia y Suramérica, son mucho más importantes para el país que la afectación a un grupo de productores en particular.

El informe Políticas Agrícolas en Costa Rica: Evaluación y Recomendaciones de Política, emitido recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nos da abundantes luces para orientar el apoyo que requiere la agricultura nacional. Por ejemplo: incrementar la efectividad de los servicios gubernamentales otorgados, fortalecer la coordinación institucional, fortalecer el ambiente propicio para el crecimiento de la productividad. Nada de eso tiene que ver con proteccionismo indiscriminado, que encarece los productos y beneficia principalmente a los productores y agroindustriales que menos lo necesitan.

Afortunadamente, múltiples reacciones se han dado contra las declaraciones proteccionistas del titular de Agricultura. Se ha señalado el efecto pernicioso del proteccionismo para los consumidores, para la industria e incluso para la imagen internacional de un país que depende del comercio y de su capacidad de atraer inversión extranjera para progresar.

Ahora bien, cuando se aborda el tema fiscal, se dice que una de las dificultades es que muchos quieren que se recauden mejor y se paguen los impuestos que le toca pagar a los demás. Pareciera que en materia de proteccionismo comercial puede ocurrir algo similar. Algunos se oponen con fuerza al proteccionismo cuando los afecta, pero lo favorecen cuando los beneficia.

En un reciente comunicado, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) se opone al proteccionismo y pide una reunión con el ministro de la Presidencia para aclarar lo dicho por el titular de Agricultura. Sin embargo, en cuanto al ingreso del país a la Alianza del Pacífico, esa organización se ha opuesto porque afecta los intereses particulares de su sector.

Con la inserción en la economía mundial y la eliminación de barreras proteccionistas casi siempre se va a ver afectado algún sector en particular. Pero el Gobierno y en especial el presidente de la República, deben velar porque prevalezca el interés general. Confiamos en que, con la plena incorporación de otras figuras como la coordinadora del Consejo Económico y la titular de Comercio Exterior, el Presidente sepa discernir y descarte las pretensiones de recurrir al proteccionismo, ya sea en agricultura o en cualquier otro campo.