Editorial: Jaque Mate

Pocas son las ciudades portuarias en el mundo que no destacan por su dinamismo económico y creación de oportunidades. Para sorpresa de pocos, la ciudad de Limón es una de ellas.

Por décadas, una administración deficiente y sin visión fue incapaz de cumplir con la misión encomendada por el país y, por el contrario, no escatimó esfuerzos en complacer a una dirigencia sindical ávida de privilegios y gollerías, excesos que pretendió cargar sobre las espaldas de importadores y exportadores. Falló Japdeva al ofrecer, por años, servicios portuarios malos y poco competitivos, pero, sobre todo, al ser incapaz de mejorar los índices de calidad de vida que padece la región. Por supuesto, que el Poder Ejecutivo y las autoridades locales también tienen su parte de responsabilidad de ese fracaso, pero nadie puede negar el papel primordial que Japdeva ha jugado en esta tragicomedia.

Por ello, no extrañó, que desde los albores de este siglo se planteara una transformación sustancial de ese estado de cosas, empezando por la concesión de un puerto en manos privadas que incentivara la competencia y el uso más eficiente de los recursos, iniciativa que fue torpedeada, una y otra vez, por dentro y desde fuera, con el propósito no disimulado de que el proyecto abortara o al menos se atrasara lo más posible. La apertura en la prestación de los servicios portuarios vendría acompañada de la modernización de la empresa estatal, de manera que esta redujera costos, recortara su abultada planilla e incursionara en nuevos negocios.

Luego de mil escollos, la empresa concesionaria logró construir las nuevas instalaciones y dar inicio a sus operaciones en octubre del 2018, mejorado la productividad aunque no sin requerir algunos ajustes que están todavía pendientes. Además, su actividad ha generado recursos frescos, estimados hasta ahora en un monto de USD$21millones, que se invertirían en proyectos de desarrollo en la región del Caribe. Al mismo tiempo, si bien tardíamente, la entidad se comprometió con un proceso de reforma al amparo de la “Ley de Transformación de Japdeva y Protección de sus Trabajadores”, mediante la cual se le asignaron ¢16.200 millones y se inició una reducción de la planilla, que pasaría de 1.157 a empleados, en octubre del 2019, a 305, con el fin de lograr un equilibrio de las finanzas sin afectar la continuidad de los servicios.

Pero para la dirigencia Sintrajap, no fueron suficientes las convenciones colectivas abusivas, los desplantes de matonismo y las reiteradas huelgas ruinosas para la economía del país y el bienestar de la provincia. Se requirió, también, que en medio de ese complejo proceso, decidieran reactivar viejas acciones judiciales, pidieran el embargo de las cuentas de Japdeva e impidieran, de esa manera, proseguir con la transformación institucional y el pago para liquidar debidamente a los trabajadores. Ese movimiento y la actuación inexplicable del juzgado de Trabajo de Limón tienen ahogada a la institución, cuyas finanzas ya venían mal, mientras se espera con paciencia la resolución del tribunal de alzada, a quien se la ha solicitado declarar que la medida cautelar impuesta es innecesaria y les libere los ¢5.400 millones que les tienen congelados.

Con esta debacle financiera, la institución debe enfrentar ahora los embates de la competencia de APM Terminals y el efecto negativo que la pandemia tiene sobre la actividad económica en general y el comercio internacional en particular y, en consecuencia, sobre los ingresos que generan las operaciones portuarias, al tiempo que es irreal pensar que con recursos del presupuesto nacional se pueda salir nuevamente al rescate de la entidad, dada las serias dificultades fiscales del gobierno y el oscuro panorama que se prevé para los años venideros.

Todo parece indicar, entonces, que Sintrajap ha decidido darle el golpe de gracia a la que, por años, proveyó el sustento de sus miembros.