EscucharBajo prácticamente cualquier parámetro es seguro afirmar que el año 2021 será un año difícil para Costa Rica. Quizás levemente mejor que el año pasado, si llegamos a tomar las medidas necesarias para evitar una crisis mayor, pero, aún en ese caso, las proyecciones de crecimiento económico seguirán siendo muy bajas (2,6%, según estimaciones del Banco Mundial) y el empleo apenas empezará a recuperarse lentamente. Según reportamos en nuestra entrega de la semana anterior, dos son los factores que más podrían incidir en esa recuperación: las medidas atinentes a la atención del difícil fiscal y las relacionadas con el programa de vacunación contra la pandemia de la COVID-19.
Ambas acciones tienen en común su contribución en la generación de la confianza necesaria para que los agentes económicos tomen decisiones e impulsen la reactivación, se retome la senda del crecimiento, y se creen los puestos de trabajo que se requieren para satisfacer las expectativas de más de medio millón de desempleados. Ninguna de las dos tiene un camino garantizado ni un resultado exitoso.
Las medidas tendientes a reducir el gigantesco déficit fiscal, agudizado por la indolencia de la administración anterior y las obligadas restricciones del 2020, exigen ahora un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos términos concretos son todavía inciertos. Su objetivo es disminuir en un plazo prudencial el excesivo endeudamiento en que ha incurrido el Gobierno Central (más del 70% del PIB) para cerrar el faltante, mediante una reducción del gasto público y un incremento de los ingresos por un monto equivalente al 4% del PIB. Aunque el convenio en sí mismo será insuficiente para resolver los problemas estructurales que padece la economía nacional, lo cierto es que un acuerdo con el FMI nos permitiría, al menos, iniciar un proceso de saneamiento de nuestras finanzas públicas, acceder a recursos en condiciones ventajosas, obtener un certificado de buena conducta y, de esa manera, mejorar las tasas de interés con otros acreedores externos.
El acompañamiento del FMI podría enviar, así, señales positivas, tanto interna como externamente, y brindar cierta estabilidad a los mercados, en especial si el acuerdo viene seguido de cambios de fondo que permitan resolver de una forma sostenible ese hueco fiscal. La aplicación estricta de la “regla fiscal”, la modificación de algunos impuestos y la aprobación de una Ley de Empleo Público comprensiva son, en este contexto, medidas indispensables, como lo sería también una reforma del Estado postergada, una y otra vez, por razones ideológicas o temor a los sindicatos.
Por otro lado, una exitosa campaña de vacunación es también clave. Junto a las razones humanitarias que la exigen, la economía no podrá reabrirse plenamente, ni reactivarse, si no existen las condiciones de salubridad necesarias para volver a la normalidad. Tener acceso a las vacunas es un primer paso y, sin duda, fue esperanzador constatar que el país haya podido recibir las primeras entregas (alrededor de 90.000 vacunas) de la compra de varios millones de dosis. Sin embargo, el inicio del programa ha sido excesivamente lento y limitado, pues, a la fecha, solo se han administrado alrededor de 10.000 dosis. De mantenerse ese ritmo y alcance, se tardarán muchos meses o años antes de que se alcance la inmunidad de rebaño y no haya riesgos para la salud pública. Ciertamente, una vez que arriben a puerto costarricense los ultra-congeladores provenientes vía marítima desde China, podríamos esperar una mayor celeridad, quizás a partir de finales de febrero. Ojalá sea así, pues lo contrario sería inadmisible en un sistema de salud presuntamente sólido como el que tenemos.
Pero también ha faltado claridad y transparencia en relación con los alcances del programa. El país tiene derecho a saber con exactitud los detalles y el cronograma preciso de la implementación de la campaña de vacunación más importante de la historia, incluyendo cuál será el papel que jugará en ella el sector privado. Todos deberíamos saber el dónde, el cuándo y el cómo de la vacuna que recibiremos. Es esencial, por tanto, que el gobierno informe amplia y detalladamente en qué consistirá ese programa y cómo se ejecutará. Eso ayudaría a atender las dudas más básicas que la población tiene con justificada razón, evitaría las sospechas y resquemores que surgen, y facilitaría la necesaria colaboración de todos.
Lo que debemos tener claro es que, en las circunstancias actuales, el mayor y mejor estímulo para la reactivación económica es una campaña masiva, expedita y efectiva de vacunación. Esa debe ser nuestra prioridad y todos estamos en la obligación de contribuir para su éxito, sin mezquindades ni politización de uno u otro lado.
Si el país lograra atender satisfactoriamente ambos retos, se asentará la confianza y el sector privado se atreverá a invertir, producir más y recontratar personal. Si no lo hacemos —o si lo hacemos mal o a medias—, los augurios para el 2021 seguirán siendo todavía muy oscuros.
