19 septiembre

La productividad es la capacidad que tiene un país para producir más bienes y servicios con menos recursos, es decir, usar los factores de producción de la manera más eficiente.

Durante la década de 2008 a 2018, Costa Rica logró un avance importante en esa dirección duplicando la tasa de crecimiento anual de productividad laboral. Sin embargo, nuestro nivel es casi tres veces menor al promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En otras palabras, se requieren esfuerzos significativos para superar la brecha y llegar a parámetros semejantes a los de países desarrollados.

En su estudio económico sobre Costa Rica, presentado en julio de este año, la OCDE destaca que en la última década el crecimiento promedio de la producción nacional cayó del 5% en 2009 al 3% en 2019, debido a una débil productividad.

Destaca también que Costa Rica continúa siendo una economía dual, que combina un sector exportador innovador y dinámico con otro sector de empresas locales que no se benefician de las oportunidades que brinda la integración a la economía global. Para aumentar la productividad, señala el estudio, se necesitan condiciones para que las empresas nacionales prosperen y, al mismo tiempo, mantener y reforzar el compromiso con el comercio y la inversión extranjera directa.

¿Qué hacer? Lo resume bien un estudio reciente publicado por la Academia de Centroamérica, del que informamos en nuestra edición anterior. El estudio identifica ocho grandes tareas para mejorar la productividad: profundizar la inversión extranjera directa; mejorar el diseño institucional sobre innovación y ciencia y tecnología; mejorar la calidad del sistema educativo y adaptarlo a las necesidades del mercado laboral; avanzar en apertura comercial; promover la competencia; modernizar y flexibilizar las reglas del mercado laboral; mejorar en infraestructura y comunicaciones; lograr una mayor profundización de los mercados financieros.

Ese análisis se efectuó antes del gran golpe de la pandemia a la economía nacional, que como sabemos agravará problemas como la crítica situación fiscal, el desempleo y la pobreza. Esto significa que los retos para llevar adelante las tareas mencionadas serán mayores y los recursos mucho más limitados.

En relación con esas tareas, hay temas en que se observan avances. Por ejemplo, se sugiere mejorar el marco institucional mediante una agencia encargada de fomentar la competitividad y promover un sistema nacional de innovación y desarrollo, ya que el país tiene un bajo nivel de inversión en innovación y poco apoyo en ciencia y tecnología. Al respecto, el pasado 20 de agosto la comisión legislativa de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminó el proyecto de ley que crearía la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, impulsado por la diputada Silvia Hernández, que ya se encuentra en trámite ante el plenario.

En cuanto a educación, la Ley de Educación y Formación Técnica Dual, que entró en vigor en octubre de 2019, se está empezando a implementar en centros educativos públicos y en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), aunque sigue pendiente la reforma integral a la Ley Orgánica del INA, que dotaría a esa institución de mejores herramientas en materia de educación técnica, que es clave para el mejoramiento de la productividad.

En apertura comercial siguen surgiendo dificultades, como lo demuestra el caso reciente del arroz. Luego de anunciar que estaba valorando liberalizar el precio del grano, el Gobierno dio marcha atrás y decidió mantener los altos aranceles y el precio fijado, lo que va totalmente en contra de la necesidad de aumentar la productividad en el sector, además de que castiga con altos precios a los consumidores.

Otra de las tareas importantes tiene que ver con la promoción de la competencia. Si bien se aprobó la Ley de Modernización de las Autoridades de Competencia, que entró a regir en noviembre de 2019, hay signos preocupantes. El pasado 18 de agosto el Consejo de Gobierno debió haber remitido a la Asamblea Legislativa los nombramientos de los nuevos miembros del órgano superior de la Comisión para promover la Competencia (Coprocom) y no pudo hacerlo pues ni siquiera habían previsto la creación de las respectivas plazas y la dotación de contenido presupuestario. Además, el concurso para realizar los nombramientos fue opaco y hay dudas sobre la idoneidad de los evaluadores y los parámetros que se utilizaron en la evaluación.

Queda claro que la productividad debe mejorar sustancialmente en nuestro país si queremos aumentar los ingresos y el nivel de vida de los habitantes. En el Reporte de Competitividad Global de Foro Económico Mundial de 2019 ocupamos la posición 62 entre 141 países evaluados, con amplias oportunidades de mejora en temas como peso de la carga regulatoria, infraestructura, deuda pública, seguridad ciudadana, entre otros. Tómese en cuenta que bajamos de la posición 55 que ocupamos en 2018.

Ciertamente la grave situación sanitaria, económica y fiscal que vive el país limitará los recursos disponibles para acometer los grandes retos en materia de productividad. De hecho, algunas áreas clave, como infraestructura y educación, ya se están viendo seriamente afectadas. Ante eso es necesario mantener el rumbo y redoblar esfuerzos. También es necesario que el Gobierno se mantenga firme frente a grupos de interés que se empeñan en mantener privilegios que van en detrimento de la mejora de la competitividad del país y el bienestar de la mayoría de la población.