Hay que repetir que 100 días es un periodo corto para juzgar a un nuevo gobierno, pero también son suficientes para identificar las principales tendencias que guían su acción y rectificar.
El nuevo Presidente es un hombre lleno de ideales, ganas de trabajar y deseos de transformar al país. En contraste con el mandatario anterior, no peca por grandilocuente y mesiánico. En búsqueda de resultados, como buen novelista, trata de articular una narrativa que legitime su actuar y movilice la acción ciudadana.
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Además, está comprometido con la tecnogía, el bilingüismo, la dinamización de la economía, la simplificación de trámites, la educación dual, el empleo rural y la reestructuración institucional; sin embargo, corre el riesgo de empantanarse en perspectivas metafísicas sobre grandes visiones, fines abstractos de las instituciones y la retórica de alianzas público privadas sin señalamientos específicos, tal y como se refleja en la entrevista que le hizo EF el miércoles anterior y que publicamos en esta edición.
El gobierno nacional inicial ha quedado atrás y su discurso gira ahora sobre el gobierno del bicentenario, aunque sin indicar claramente cuáles son las metas para el 2021.
El esfuerzo del Gobierno por la reforma fiscal es digno de reconocimiento, pero el país espera más que compromisos verbales en todas las áreas del quehacer público. El Gobernante no puede quedarse en el monotema de las finanzas públicas, tanto por la urgencia de acciones en otros campos.
Opiniones adversas
La más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica muestra un pesimismo generalizado y Carlos Alvarado reprueba el examen de la ciudadanía, pues un 47% de los entrevistados evalúa negativamente a su gobierno y tan sólo un 28% lo hace positivamente. Ese estudio de opinión muestra que el ecosistema de la opinión pública no le es favorable, pues el 73% califica como negativa su labor en seguridad; 63%, rechaza su tarea en lo referente al déficit fiscal; 46%, reprueba sus relaciones con los diputados; 45%, no está satisfecho de sus relaciones con los sectores sociales, y 54% califica como mala su actuación en lo que respecta a la crisis en Nicaragua.
Hay que agregar que las percepciones sobre el rumbo del país y la situación económica también son negativas: 60% y 73%. respectivamente.
Es evidente que la administración Alvarado es calificada con dureza por la ciudadanía y que la percepción general de la situación nacional también le es adversa.
Los orígenes de esta calificación los podemos encontrar en un factor de tipo estructural. El PAC quedó en segundo lugar en las elecciones de febrero, con apenas el 21% de los votos, perdió diputados y logró la victoria en la segunda vuelta gracias a las debilidades de su oponente.
El gobierno de Alvarado carece de los medios político institucionales para la realización de su agenda. Por eso no le quedó otro camino que aliarse con el socialcristiano Rodolfo Piza, lo que se ha revelado insuficiente, pues el mismo partido del aliado se separó de este en días recientes.
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Internamente, los miembros del PAC han mostrado incomodidad y algunas voces claman en contra de una supuesta presidencia bicéfala donde Piza, arguyen, le roba protagonismo al Presidente.
La priorización de la reforma fiscal con abandono de temas importantes (aborto terapéutico y estado laico) para su base electoral urbana le han alejado de su propio partido, inconforme también con los socialcristianos de Piza en el gabinete.
Igualmente, un partido con estrecha cercanía histórica con el sector sindical se ha visto enfrentado con estos sectores en el tema fiscal, particularmente en torno al IVA y el empleo público. Los sindicatos anuncian ya una irresponsable huelga general, lo que hará aún más difícil la gobernanza.
El Mandatario ha hecho sus mejores esfuerzos por dialogar con todos los sectores, pero pareciera que no está quedando bien ni con Dios ni con el diablo, pues a la inconformidad sindical se ha sumado la insatisfacción empresarial; la Unión de Cámaras ha señalado dificultades de acceso al Gobernante. Alvarado ha intentado presentar todas estas diferencias como divergencias de ideas y ha insistido en respetar el pluralismo; empero, este rumbo es equivocado. El debate y la discusión son elementos académicos importantes en las universidades o en las fases previas a la decisión y ejecución en empresas e instituciones.
Tomar decisiones
Alvarado no está dirigiendo una institución de educación superior ni se espera de él que sea un director de debates, sino un tomador de decisiones. Su obligación es señalar el rumbo e impulsar acciones concretas.
El Presidente ha insistido en que su misión es resolver y no reprochar las malas herencias, pero hay que reconocer que Luis Guillermo Solís le heredó un pesado fardo: el hueco fiscal, lo que le ha hecho aún más difícil el proceso de la reforma en ese campo y oscurecido el ambiente político con turbulencias innecesarias.
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Sin embargo, para resolver el Mandatario tendrá que deslindar responsabilidades y pasar de las visiones y deseos transformadores a la adopción de políticas concretas que le permitan aterrizar su bienintencionado discurso.
Las grandes preguntas para Alvarado son: ¿Cómo va a resolver?, y ¿qué entiende por transformación en cada caso concreto? Si no lo hace, corre el riesgo de que su discurso se identifique con el cambio difuso que predicó el gobernante anterior.
A Carlos Alvarado le tocó un escenario difícil, casi sin partido y con una herencia peligrosa de su antecesor. Aún así, ha demostrado apertura política y disposición al diálogo, pero debe proponer vías concretas para resolver y evitar las tentaciones de las visiones y transformaciones quiméricas.
