El tema de las relaciones de Costa Rica con el FMI ha sido comentado insistentemente en los últimos días. Dos son los puntos a los cuales se hace referencia:
- La aprobación por el fondo de un préstamo por $504 millones dentro de un programa de rápido desembolso (Instrumento de Financiamiento Rápido, IFR) para ayudar a los países miembros a cubrir gastos inesperados consecuencia de la pandemia por el nuevo coronavirus. Este préstamo está en trámite en la Asamblea Legislativa (Expediente N° 22018). Una vez aprobado podrá ser desembolsado por el país.
- La posibilidad de suscribir un nuevo acuerdo Stand by con el fondo. Este consistirá en un convenio de carácter tradicional. Probablemente, cumplirá un periodo de tres años por un monto aproximado de $2.200 millones. El objetivo general consiste en ayudar al país, en el periodo de la post pandemia, a retomar el camino de la estabilidad macroeconómica y del desarrollo económico.
El convenio Stand by se negociaría oficialmente una vez la Asamblea Legislativa apruebe el IFR. La concreción de este convenio tiene tres pasos importantes: la negociación entre Costa Rica y el fondo, el visto bueno del directorio del fondo y la aprobación de la Asamblea Legislativa.
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Dado el panorama económico del próximo año el Stand by debería estar vigente en los primeros meses del 2021. Por ello, el tiempo apremia. Es conveniente, en consecuencia, traer a colación la expresión atribuida a Napoleón, “vísteme despacio que tengo prisa”.
Varias consideraciones son pertinentes.
Primera, el acuerdo con el fondo es necesario para el año 2021 por diferentes razones:
- retomar el camino del ordenamiento de las finanzas públicas;
- obtener nuevo financiamiento provisto por el FMI por $700 millones;
- mejorar las condiciones de una nueva emisión de eurobonos (¿$1.500 - $2.000 millones?);
- refinanciar buena parte de los vencimientos de la deuda externa del año 2021;
- abrir las puertas de las instituciones financieras internacionales para obtener nuevos préstamos;
- Facilitar la obtención de los préstamos externos necesarios para hacer frente al déficit fiscal del 2021. Así se podría evitar el aumento de la tasa de interés y del crowding out, si el gobierno no contara con ellos y se viera forzado a aumentar de manera significativa la venta de bonos en el mercado financiero local.
Por todo lo anterior sería una falta de perspectiva y un grave error no aprobar cuanto antes el nuevo préstamo con el fondo.
Segunda, el acuerdo con el fondo es, sin duda una pieza esencial del rompecabezas para alcanzar los objetivos ya bien delineados del año 2021. Se trata de evitar en el trascurso del año los disturbios sociales, el impago de la deuda pública (default) y las variaciones violentas en el mercado cambiario como consecuencia de una posible pérdida de confianza en el valor del colón.
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De ahí la urgencia de iniciar las conversaciones con el fondo y llevar a buen puerto las negociaciones lo más rápidamente posible. Así, se podrá suscribir el acuerdo Stand by para asegurar su vigencia en el año 2021.
Igualmente importante es tomar en consideración, al negociar el nuevo acuerdo con el fondo, dos compromisos (commitments) incluidos en la Carta de Intención (Letter of Intention) del préstamo IFR, en trámite en la Asamblea Legislativa, a saber: para el año 2034, el monto de la deuda pública no debe sobrepasar el 50% del PIB y segundo, el superávit primario del presupuesto del gobierno, en el 2024, debe ser equivalente al 2,2% del PIB. Estos dos compromisos muy posiblemente se incluirán también en el nuevo acuerdo de Stand by.
Tercera, atravesado el Rubicón del año 2021, la situación puede cambiar significativamente. La nueva administración traerá un cambio de mando. Los responsables de las políticas economicas cambiarán. Nuevas caras harán su aparición. Por consiguiente, también los puntos de vista y los intereses en juego serán diferentes. ¿Qué sucederá en el 2022 con el acuerdo Stand by? ¿Se cumplirá sí o no? ¿Se planteará su renegociación? Queda por verse. Esta es harina de otro costal. ¡No faltará quien diga que cada palo debe aguantar su vela y que apechugue quien venga atrás! O las circunstancias previstas en el acuerdo con el fondo bien podrían variar de tal manera que se justifique introducir algunas modificaciones.
El acontecer no dependerá de la buena voluntad, ni de las buenas intenciones. Esto lo saben de sobra los experimentados funcionarios del fondo. Ellos tienen una larga y valiosa experiencia para sortear este tipo de situaciones.
Cuarta, la situación para Costa Rica y un grupo numeroso de países, sería muy diferente si el fondo decidiera vender títulos de deuda propios, con la garantía de los países miembros, en los mercados financieros internacionales, principalmente a los bancos centrales de los países del llamado primer mundo. Estos recursos le permitirían al FMI poner en marcha un nuevo programa para ayudar a varias docenas de países, entre ellos Costa Rica, a reestructurar o renegociar su deuda externa, contraída tanto con los organismos financieros internaciones como en los mercados internacionales. Concretamente, se trataría de alargar los plazos de vencimiento de la deuda y disminuir las tasas de interés.
Quinto, si el Fondo llega a establecer, eventualmente, un programa de esta naturaleza, o alguno semejante de los propuestos por varios economistas (Krueger, Cardenas y Rogoff), la posibilidad de Costa Rica de acogerse a él, depende, como es sabido de poner la casa en orden (estabilidad macroeconómica, crecer más y distribuir mejor). Si, por el contrario, la dirigencia nacional no es capaz de sacar la tarea adelante, el país seguirá transitando el triste camino, tan poco decoroso, de patear el balón hacia adelante. Al respecto haríamos bien todos en tener presente dos cosas. Primera, la responsabilidad recaerá sobre nosotros mismos, de poco sirve buscar chivos expiatorios. Segunda, si al país le va mal o muy mal, es decir si decide no progresar, ni desarrollarse, nadie fuera de Costa Rica se inmutará, nadie va a parpadear, ni en la economía mundial, ni en las relaciones internacionales.
