Por: Silvia Hernández Sánchez.   19 febrero
No deja de ser indignante que Costa Rica se vea expuesto en el ámbito internacional por el caso del aguacate hass mexicano, por irrespetar un marco legal claro y contundente sobre los procedimientos a seguir.
No deja de ser indignante que Costa Rica se vea expuesto en el ámbito internacional por el caso del aguacate hass mexicano, por irrespetar un marco legal claro y contundente sobre los procedimientos a seguir.

Nadie discute qué son ni para qué sirven las medidas fitosanitarias en el comercio internacional. Está muy claro en nuestro marco jurídico. Se trata de limitar la comercialización de un producto si este pone en riesgo a las personas, animales o plantas ante plagas, contaminantes, toxinas, enfermedades, entre otras condiciones.

El cuestionamiento a plantear gira en torno a los casos en que se estiran los significados o se hace caso omiso a una ley para abusar de los conceptos, bloquear o afectar el comercio internacional por una razón ideológica.

Hace casi cuatro años se aplicó una medida fitosanitaria de emergencia sin seguir el procedimiento establecido mediante la Ley No. 7664, Ley de Protección Fitosanitaria. Me refiero a la medida fitosanitaria aplicada a la importación de aguacate mexicano hass por la presencia del viroide sunblotch.

Esta medida aún se mantiene y ha generado consecuencias innumerables para los consumidores y el Estado. El precio de un kilogramo de aguacates aumentó un 74% y el abastecimiento se vio comprometido. Nuestro Estado, que cuenta con una economía pequeña y abierta, que históricamente ha sido respetuoso de las reglas del comercio internacional, desde noviembre del 2018 se encuentra demandado ante una organización que fundamos, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El procedimiento legal costarricense indica que los reglamentos técnicos que regulan la importación de vegetales y mercancías deben ser promulgados mediante decreto ejecutivo para que las medidas sean vinculantes a toda la población, es decir, se trata de cumplir con lo establecido por la norma para poder exigirle a los administrados.

La idea de este procedimiento es que las medidas de protección estén respaldadas en criterios científicos y técnicos, y que adviertan sobre riesgos a la vida y la salud de las personas, así como al acervo vegetal de nuestro país, que se fundamentan en un requisito adicional: la existencia o realización de un análisis de riesgos.

La ley establece que las medidas fitosanitarias no pueden ser antojadizas, sino que además de sustentarse en principios científicos tienen que tomar en cuenta las reglas del comercio internacional, aplicarse de manera que no discriminen a ciertos países y por sobretodo, deben aplicarse de modo que no constituyan una restricción encubierta para el comercio internacional.

El análisis de riesgo en torno a la medida fitosanitaria de la limitación a la importación de aguacate hass se presentó tres meses después de la primera restricción al comercio de esta fruta, sin argumentos suficientes se puso la carreta delante de los bueyes y según la demanda de México ante la OMC, Costa Rica no tomó en cuenta testimonios científicos existentes, discriminó de manera arbitraria entre su territorio y México, y no basó sus medidas en normas, directrices o recomendaciones internacionales, es decir, desatendió los criterios y procedimientos establecidos sistemáticamente.

Como corolario, no se anunció con 60 días de anticipación la nueva medida en frontera que se establece jurídicamente para permitir a los socios comerciales la celebración de consultas, máxime que México era en ese momento el principal proveedor de aguacate de Costa Rica y un socio comercial estratégico para el país desde 1995, cuando suscribimos nuestro primer tratado de libre comercio en la historia.

Gobierno anterior

Teniendo la opción únicamente de limitar el desvío del uso de la semilla del aguacate para que no fuera utilizada para la reproducción de la planta y que en consecuencia el viroide de la mancha del sol no afectara a Costa Rica, la administración Solís Rivera eligió la medida más drástica disponible y mantiene en riesgo al país a una condenatoria ante la OMC.

Además, ha sido un tema que se ha prestado al populismo desmedido y a la mofa. Recordemos los episodios del exinistro de Comunicación, Mauricio Herrera, quien fue a entregar una bolsa de aguacate a un restaurante Subway para que estos lo usaran ante las manifestaciones sobre desabastecimiento que realizó la cadena. Sumemos el episodio del actual ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, quien en su primer día de trabajo sembró una planta de aguacate en la zona verde del Ministerio como enviando una señal sarcástica sobre su visión del tema.

Pese a lo anterior, recientemente hemos conocido de un acuerdo técnico entre ambos países para hacer estudios de prospección en plantas de aguacate de México y Costa Rica, que podría ser el inicio del fin de una medida que no tuvo que tomarse ni sostenerse casi cuatro años, sin embargo, esto no garantiza que México no quiera una compensación significativa por manchar el honor de su producto estrella, el llamado “oro verde”.

Somos las y los costarricenses los que vamos a pagar los costos de una medida proteccionista injustificada utilizando como excusa una medida sanitaria, iniciando con los ¢300 millones que se utilizan en tribunales contenciosos administrativos y defensa comercial, en el marco de un contexto de estrechez fiscal y alto endeudamiento.

Los costos además, trascienden lo monetario y llegan al punto de afectar una imagen y reputación internacional en torno al comercio que hemos construido a lo largo de los años, dando ejemplo de cómo una economía pequeña puede transformarse en una plataforma logística y comercial de primer nivel, amparada al derecho internacional y al Estado de Derecho.

“La administración Solís Rivera eligió la medida más drástica disponible y mantiene en riesgo al país de una condenatoria ante la OMC”.

No deja de ser indignante que nuestro país se vea expuesto a nivel internacional por este caso, por primera vez en su historia ante la OMC por irrespetar un marco legal claro y contundente sobre los procedimientos a seguir.

Ante este panorama nos siguen faltando respuestas a estas preguntas: ¿Quién asumirá los costos asociados al proceso? ¿Quién o quiénes serán responsabilizados de las consecuencias de esta medida arbitraria? ¿Abusó Francisco Dall’Anese en la aplicación de la ley? ¿Debió el Estado costarricense sostener esta medida por cuatro años? ¿Ha sido el PAC contradictorio en sus posturas comerciales? ¿Cómo trabaja el Ministerio de Comercio Exterior frente a la visión proteccionista de los ministros de agricultura?

Estas y otras dudas exigen respuestas.